El proyecto, que fue anticipado por el presidente en la Asamblea Legislativa, contempla además que deportará a quienes cometan delitos. En caso de aprobarse, será más difícil obtener la radicación definitiva y habrá mayores controles en las fronteras
Politica04/03/2025
Radio FM Amistad
El gobierno nacional trabaja en una nueva ley migratoria y espera que el Congreso la apruebe antes de que termine este 2025. El presidente Javier Milei la mencionó con énfasis en el paquete de reformas que tiene pensadas para este período de su gestión cuando inauguró el sábado el 143° período de sesiones ordinarias. Entre sus principales puntos figuran el cobro de aranceles para los extranjeros no residentes en servicios como la salud y la educación, mayor celeridad en la deportación de los foráneos que estén involucrados en hechos delictivos, más requisitos para obtener la radicación en territorio argentino y mejores controles fronterizos.
“Fue un pedido que le hicieron al ministro Cúneo Libarona y se está avanzando a buen ritmo para cumplirlo”, le dijeron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, que será el encargado de la redacción del nuevo articulado. La que rige, la Ley de Migraciones 25.871, fue modificada en 2010, mediante el decreto 616 de ese año durante el mandato de Cristina Kirchner.
En el capítulo referido a la Justicia de su discurso del sábado por la noche en el Parlamento y en medio del cruce verbal que tuvo con el diputado del bloque Democracia por Siempre, Facundo Manes, Milei sostuvo que “si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”.
“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan”, agregó.
“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan”, agregó.
Este último punto, entre las modificaciones que se introducirían, va en sintonía con las que ya se pusieron en marcha en varias provincias durante 2024. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy impusieron el cobro de la atención a la salud, sobre todo para internación y tratamientos especializados, lo que derivó en una disminución de los llamados “tours sanitarios”. Con esa medida en el distrito norteño, según difundieron sus autoridades, “el Estado provincial se ahorra alrededor de $60 millones solo en un hospital, lo cual representa casi el 50% del presupuesto total que recibe por ejemplo el hospital de Santa Victoria Este”.
“Esta regulación comenzó con un decreto de necesidad y urgencia, lo que ha resultado en un ahorro importante para la provincia y una reducción drástica en la atención médica a extranjeros, especialmente de países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay”, explicaron los responsables de la política sanitaria salteña.
Otras provincias que anunciaron que adoptarían una posición similar fueron Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba.
“También debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes; así como es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Es lo que hace cualquier país que se hace valer. Y si esto necesita algún tipo de justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos”, expresó, además, el Presidente en su discurso.
Sobre este tópico del arancelamiento universitario habrá que esperar si en las discusiones en el ámbito legislativo se logran avances, ya que el apoyo al esquema actual de la educación pública fue uno de los temas en los que la oposición consiguió encontró mayor repercusión en la sociedad. “Todo lo que no salga en el Congreso nos favorece, porque si las reformas no se aprueban el fracaso será atribuible a la casta política”, comentó un funcionario cercano al Presidente en Casa Rosada la semana pasada. Si no avanza el proyecto de ley, nadie descarta que se apele a un decreto. Aunque saben que “no es la mejor forma” están decididos a cambiar la ley.
El control hacia los inmigrantes ilegales también fue una de las primeras acciones del gobierno de Donald Trump cuando asumió nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Alguna de las disposiciones que adoptó el líder republicano podrían tomarse como modelo a seguir, según dejó trascender una fuente oficial.
El Gobierno impulsa un mayor control inmigratorio en los puestos de frontera.
Uno de los artículos que seguramente será modificado será el 6 de la actual ley 25.871 que reza que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
Los primeros indicios sobre la posibilidad de una reforma migratoria los había dado el 3 de diciembre pasado el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa en la Rosada. Luego de referirse al cobro de aranceles a la salud y a la educación -”va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para solamente poner un ejemplo: hoy, 1 de cada 3 estudiantes, de Medicina es precisamente extranjero”, aseguró-, anticipó que “vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país”.
Y agregó que “si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea se lo atrapa cometiendo el delito o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”.
“Además, se van a quedar -del otro lado de la frontera- quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que –efectivamente– manifiestan, cuando pasan por o hacen el trámite migratorio”, añadió en aquella oportunidad el funcionario.
Los controles en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay se incrementarán para impedir el ingreso de extranjeros de manera ilegal y con la intención de que disminuyan delitos como el narcotráfico o el ingreso de contrabando a través de pasos no habilitados. Se sumarán radares y ya se llamó a licitación para mejorar la eficiencia operativa de los centros de control internacional en el país
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el beneficio del arresto domiciliario concedido a la ex presidenta en la causa Vialidad, por lo que la decisión será ahora de la Cámara Federal de Casación.
El Intendente de Tolhuin rompió el silencio sobre la denuncia penal que lo involucra por presunta usurpación de una vivienda y aseguró que la decisión fue recuperar un terreno “abandonado” para donarlo a un centro de jubilados. Apuntó contra la “intencionalidad política” detrás de la causa.
A partir del anuncio de sesión especial en el Concejo Deliberante para este martes, Belén Monte de Oca pidió formalmente que se de cumplimiento a la Carta Orgánica Municipal; que establece que la convocatoria debe ser realizada por el Intendente (artículo 152°); y advirtió que “la normativa es clara y está para cumplirse, más allá de las interpretaciones forzadas que intenten imponer”.
La Municipalidad fortalece su red sanitaria con 15 centros de atención, 206 profesionales y más de 125.000 prestaciones en seis meses, mientras persiste la demora en un convenio con OSEF para afrontar la creciente demanda.
La convocatoria prevé el tratamiento de un convenio firmado entre la Municipalidad –a través del Instituto Municipal de Deportes- y la Administración de Parques Nacionales, que requiere ratificación legislativa. El documento establece que el Instituto tendrá a su cargo el cobro de acceso al Parque; atención a visitantes y mantenimiento de las instalaciones.
Moira Fullana hizo lugar a un amparo de la CGT y consideró inválidos dos artículos de esa norma. Ya había dictaminado lo mismo ante un amparo de ATE y luego contra el Gobierno por el asueto del Día del Trabajador del Estado
Así lo sostuvo el Legislador Provincial Matías Lapadula al referirse a la situación de la Obra Social del Estado Fueguino. Dio detalles del nuevo proyecto oficial presentado que, además de declarar la emergencia económica, plantea cambios radicales en el tema de lo que significan los aportes y contribuciones. El Parlamentario advirtió inconsistencias en algunas cuestiones como por ejemplo el déficit de la obra social.
Los formoseños concurrieron a las urnas para elegir a los legisladores, concejales y representantes convencionales para reformar la Constitución local. El gobernador Gildo Insfrán logró un nuevo triunfo frente a la división de la oposición
Con el mismo porcentaje de mesas escrutadas en la ciudad de Rosario se obtuvieron los siguientes números para convencionales constituyentes:
El oficialismo se ubicó como la opción más elegida en el acto electoral que definió a los convencionales constituyentes que reformarán la Constitución provincial
Empresarios pymes lanzarán su propio programa de financiamiento en cuotas con tasas competitivas para apuntalar las ventas tras el vencimiento del programa “Cuota Simple”.
El legislador del MPF presentará “a más tardar el jueves” un proyecto de ley que busca reglamentar las desobligaciones docentes. Afirmó que se trata de “paros encubiertos” y que el gobierno tiene las herramientas para solucionar esta situación, pero “es un gobierno timorato y cómplice”. “Tenemos una dirigencia sindical que, abrazada a su arrogancia, a su soberbia y a la mentira, hace un uso abusivo de los derechos que le reconoce la Constitución”, sentenció. Los legisladores oficialistas son los que deben permitir que se habilite el debate y prevé convocar a los defensores de los derechos de los niños. De declararse ilegales las obligaciones, habrá consecuencias para los docentes y sanciones al sindicato.
La legisladora Natalia Gracianía expresó su preocupación por el “adoctrinamiento” que pretende el Ministerio de Educación, a partir de los contenidos que bajó a los docentes, para que inculquen a los niños de jardín de infantes, primaria y secundaria. Incluye la enseñanza de lenguaje inclusivo y contenidos vinculados con el colectivo LGTB.
La mesa técnica de la Casa Rosada publicará la medida en el Boletín Oficial en los próximos días. Forma parte de la reestructuración de organismos públicos que dependen del Ministerio de Economía.
Desde que empezó la flotación dentro de un sistema de bandas, la economía argentina dejó de encarecerse en dólares. La baja de la inflación fue clave, aunque en junio repuntaría levemente tras el 1,5% del mes pasado. Buena expectativa de los inversores de cara al segundo semestre