Villegas va contra las desobligaciones docentes ante la inacción de “un gobierno timorato y cómplice”

El legislador del MPF Pablo Villegas adelantó por Radio Provincia la presentación de un proyecto de ley que busca reglamentar las desobligaciones docentes, que “son paros encubiertos que no son notificados a la autoridad administrativas”, como prevé la Constitución.
Dijo que “seguramente a más tardar el jueves voy a estar presentando el proyecto. Le estoy dando los últimos toques y lo tengo que hablar también con mi compañero de banca. Yo sostengo que quienes integramos la Legislatura no nos podemos hacer los distraídos ni los ciegos frente a esta realidad que se vive en este gobierno provincial, porque se han ido reiterando en forma sistemática estos paros ilegales, por horas determinadas, que son las desobligaciones. Esto termina perjudicando a quienes más tenemos que proteger, que son nuestros niños y adolescentes”, subrayó.
“Estoy tratando de hacer un aporte como legislador y este proyecto tiene como objetivo reglamentar este fenómeno sindical que se da solamente en Tierra del Fuego, como son las desobligaciones, y son producto de una decisión del SUTEF. El sindicato le viene mintiendo a los docentes diciéndolos que son medidas de acción directa legales, cuando en realidad no lo son”, afirmó.
Cargó contra la “complicidad y la inacción de un gobierno timorato para tomar decisiones tendientes a garantizar el derecho de aprender de los más vulnerables, que son nuestros niños”, y planteó que en la coyuntura “tenemos un marco situacional de paros, que son medidas de acción directa legítimas y legales, que la Constitución le reconoce a las asociaciones sindicales, y tenemos desobligaciones, que son paros encubiertos y se usa un falso ropaje para evitar las consecuencias para el sindicato frente a la autoridad laboral”.
Insistió en que “el máximo responsable es el gobierno de la provincia, en la persona del gobernador. El profesor Melella, como docente, nos ha dicho al inicio de las sesiones ordinarias palabras muy emotivas que en los hechos no tienen nada que ver. Decía que no hay pedagogo en el mundo que no ponga de relieve que el centro de la educación son los niños, que los docentes son muy importantes, pero el centro son los niños, y que no hay conflicto salarial que pueda estar por encima de los derechos de esos niños”, recordó.
“Pero la Tierra del Fuego nos marca una realidad totalmente distinta. Tenemos una dirigencia sindical que, abrazada a su arrogancia, a su soberbia y a la mentira con la que trabajan muchas veces, hace un uso abusivo de los derechos que le reconoce la Constitución. Provocan en forma sistemática las desobligaciones y tenemos un gobierno timorato, pusilánime, que no hace lo que tiene que hacer”, enfatizó.
“Uno se cansa de escuchar al Ministro de Educación y al gobernador decir que apuestan al diálogo, pero es un diálogo estéril, que no ha dado resultado. Por otro lado, tenemos a un grupo vulnerable, que son nuestros pibes, que no tienen voz ni tienen la posibilidad de defenderse”, manifestó.
“El gobierno tiene un sinnúmero de funcionarios y una mega estructura política que le posibilita contratar abogados y contadores; el sindicato también tiene la posibilidad de contratar abogados para defender sus intereses sectoriales, pero los niños no tienen esa posibilidad. El proyecto de ley que planteo apunta a defender a los vulnerables y cambiar esta realidad, para evitar que se siga naturalizando en Tierra del Fuego que un docente esté más horas desobligado que frente al aula”, sostuvo.
“El gobierno se calla, omite, no hace lo que tiene que hacer y creo que hay que cambiar esta realidad, porque hay un marco de desigualdad que atenta contra la igualdad de oportunidades y contra el derecho a educarse. Esto hay que revertirlo, ya sea a través de decisiones institucionales del Poder Ejecutivo o en todo caso del Poder Legislativo”, expresó.

Varios antecedentes

El legislador aseguró que “hay antecedentes constitucionales, antecedentes jurídicos y antecedentes políticos, que habilitan a la Legislatura a intervenir en este tema. Esto lo estoy desarrollando en el proyecto y espero que aperture el debate. No me considero el dueño de la verdad, pero espero que de una vez por todas se aperture el debate en Tierra del Fuego y nos pongamos a discutir no solamente la legitimidad del reclamo salarial. Tiene que haber una mejor administración de los recursos del Estado para mejorar las condiciones salariales de nuestros trabajadores, pero también tenemos que poner un límite a esta situación extraordinaria que muchos tratan de naturalizar. No van a contar con mi complicidad”, advirtió.

Preparado para la revancha

Consultado sobre la reacción del gremio frente a este proyecto, dijo estar preparado. “Hay gente amiga que me ha dicho que no me meta en este tema, que es jodido oponerse al SUTEF, pero una puteada más o menos no me va a cambiar lo que pienso ni lo que hago. Yo estoy absolutamente convencido de que es necesario y conveniente dar este debate de una vez por todas en las Legislatura y poner límites”, priorizó.
“Hay que poner límites a un gobierno que se hace el distraído y es cómplice de esta situación; pero también ponerle límites a una dirigencia sindical como la del SUTEF que, abrazado a la arrogancia, la mentira y la soberbia, se está llevando puestos el presente y el fututo de nuestros chicos. Frente a eso no hay costo político que uno pueda llegar a pagar. Hay que hacer lo que hay que hacer y de eso se trata la actividad política”, dijo.
El proyecto va a prosperar “si los legisladores oficialistas habilitan el debate en la Legislatura” y, en tal caso, prevé citar a “los defensores de menores e incapaces o a los defensores públicos del Poder Judicial, como también a otras autoridades del Poder Ejecutivo”.
“Acá hay una gran hipocresía, porque al momento de crear estructuras y generar cargos, muchos hablan del interés superior del niño, pero, al momento de los bifes, esos funcionarios de gobierno que son los grandes defensores de los derechos del niño, están callados o borrados”, cuestionó.
“El interés superior del niño justifica que desde la Legislatura tomemos medidas de acción positiva, como es la reglamentación de estas famosas desobligaciones, que son un fenómeno sindical y local, porque se da únicamente en Tierra del Fuego”, observó.
“No tengo dudas de que algunos actores, como la defensoría pública, van a poner una palabra autorizada. No me interesa poner en escena si el Ministro de Educación está a la altura de las circunstancias o no, lo que me interesa es encontrar una solución a esta situación extraordinaria que se trata de naturalizar. Tenemos la obligación de cambiarla y tenemos instrumentos que nos reconoce la Constitución para hacerlo”, remarcó.

Ministro aislado

El legislador también opinó sobre el contexto en que se maneja el ministro López Silva. “Yo veo que el Ministro de Educación está aislado y es más empático con la dirigencia del SUTEF que con los alumnos. Lo veo aislado porque la Ministra de Trabajo, que es la autoridad administrativa laboral, no ha puesto palabra en términos institucionales respecto de las medidas de fuerza del SUTEF con las desobligaciones”, señaló.
“Tampoco veo un respaldo político del Jefe de Gabinete. El Ministro de Educación trata de justificar lo injustificable y su propia impericia de no poder pagar los salarios en tiempo y forma. Quiere delegar esa responsabilidad en los directores de escuelas, como si los directores dependieran de un extraterrestre. Esa es la realidad que tenemos”, lamentó.

Sanciones pecuniarias a dirigentes

Respecto de las consecuencias que tendría para el sector docente una ley de esta naturaleza, indicó que no solamente habilita al descuento salarial por los días no trabajados, sino que también se prevén “sanciones pecuniarias a los dirigentes”.
“Los paros se notifican formalmente al empleador y al Ministerio de Trabajo, se exponen las causas de esos paros, y hay que diferenciarlos de las famosas de desobligaciones, que son paros por horas determinadas que tienden a evitar las consecuencias legales de una medida de acción sindical ilegal”, explicó.
“Lo que prevé el sistema son sanciones económicas o pecuniarias a los dirigentes y al sindicato, y el proyecto de ley que planteo lo contempla. También hay consecuencias sobre el personal docente. Hay una cuestión de sentido común, porque la Constitución no reconoce derechos absolutos, sino derechos limitados, por la simple situación de convivir en una sociedad. Reconoce el derecho a la huelga, pero a la vez reconoce el derecho del cobro del salario si hay prestación del trabajo en tiempo y forma. El que no trabaja, no debería cobrar como aquel que trabaja todas las horas”, sentenció.
“Yo hablo de la complicidad del gobierno, porque trata de evitar esta discusión y de aplicar los mecanismos institucionales a su alcance, por hacer prevalecer su empatía hacia la dirigencia de un sindicato que pone en jaque el derecho de los pibes. Si esto no lo revierte el Poder Ejecutivo lo tendremos que revertir desde el Poder Legislativo, más allá de las críticas, las puteadas y las descalificaciones que uno pueda sufrir”, concluyó.