Gendarmería Nacional desbarató una red de narcotráfico en Río Gallegos, incautando más de 43 kilos de droga en una serie de allanamientos realizados en varios barrios de la ciudad.
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Fue tres veces gobernador de Tucumán y llegó a ganar con el 78 por ciento de los votos. Tuvo la provincia a su merced con una justicia que supo moldear a su gusto. La Fiscalía y la querella señalaron que usó ese poder para abusar y violar a su sobrina y que ahora lo llevó a una cárcel
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A primera hora de este lunes, personal de la Policía Federal con asiento en la ciudad de Río Grande, llevó adelante en las oficinas de la firma Martínez Sosa. El diligenciamiento judicial fue ordenado por el juez Ercolini y hubo otros puntos del país, que también fueron allanados.
Juan Alberto Miño Obregón, de 28 años de edad, inició su raid delictivo en la madrugada del martes 4 de junio. Fue localizado y detenido a las 18 del mismo día, portando todavía el cuchillo con el que provocó importantes pérdidas económicas a numerosos vecinos. El sujeto posee un frondoso prontuario.
A las 5 de la mañana del sábado último un hombre joven que se encontraba internado a la espera de ser atendido por personal médico de Salud Mental provocó un principio de incendio en un baño. Esta vez afortunadamente el foco fue extinguido con matafuegos y se pudo evitar una nueva tragedia.
Alrededor de las 13:18 de ayer, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en la calle Provincia Grande al 600, la cual resultó dañada un 70 por ciento.
En Ushuaia se procedió al rescate de una persona que se había arrojado a las aguas de un arroyo. En tanto, en Río Grande, una efectivo policial evitó que una mujer saltara de un techo.
La investigación policial efectuada arroja sospechas sobre un sujeto que podría ser quien causó, encendiendo papeles rociados con combustible en el baño de alumnos con discapacidad, el igneo en que se puso en riesgo la vida de cientos de niños que estaban en sus aulas.
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Los bultos con la droga fueron detectados con la ayuda del can antinarcóticos “Bama”
Los hechos sucedieron entre los años 2022 y 2023, en que los imputados protagonizaron estos asaltos abordando a sus víctimas en la vía pública. Uno de ellos además tenía otros dos hechos delictivos por los que responder.
La progenitora del niño asesinado fue trasladada desde San Luis a un penal de Mendoza.
El gobernador Martín Llaryora anunció además que incrementarán el fondo destinado a las regiones afectadas.
La secretaria General de Presidencia se puso al frente del encuentro con legisladores de La Libertad Avanza, de PRO y del MID. Por el Gobierno también participaron el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
El legislador Agustín Coto recomendó que el Poder Legislativo deje actuar a la Justicia en materia de constitucionalidad de la ley 1529, que declaró la necesidad de la reforma, considerando que la paralización de actividades se debe a este conflicto político-judicial. A su criterio no debe haber una suerte de enmienda con una nueva ley, y tampoco la derogación de la existente, hasta tanto se pronuncie el Superior Tribunal. Calificó como “pésimo” que la Cámara esté dejando de lado el tratamiento de asuntos por esta razón, como explicación de fondo a la suspensión de sesiones. “Tenemos que ser serios, parar la pelota, porque es la agenda de la política de lo que estamos hablando. Al vecino de nuestra provincia todo esto no le va ni le viene en su vida cotidiana y no puede ser que todo el tiempo nuestra agenda sea la que s
A pocos días de haber informado el Ejecutivo fueguino que la Inspección General de Justicia inició el proceso de disolución de la sociedad como paso previo al desarme del radar, por considerar que la actividad de esta empresa en la Provincia configura “un peligro para la seguridad nacional”, desde el gabinete de Javier Milei se deslizó que sería inminente su habilitación “porque no es de origen británico sino estadounidense y no persigue fines militares sino científicos”.
A través de una resolución, la ministra de Seguridad fijó la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales ante las protestas extorsivas contra las empresas y definió la forma en que se pueden denunciar. El impacto en el sindicalismo y el empresariado