Radio FM Amistad
La acción consiste en una medida cautelar autónoma y urgente que apunta particularmente al buque chileno Danstar, cuyo tránsito estaría previsto para el próximo 11 de noviembre. Sin embargo, el planteo pretende extender la prohibición a cualquier embarcación que cumpla funciones similares.
"No solamente este buque, sino cualquier buque y cualquier artefacto que pase hacia las Islas Malvinas generando algún tipo de apoyo logístico", explicó Trabulsi, al precisar los alcances de la presentación.
El abogado sostuvo que la iniciativa surgió a partir de declaraciones del canciller argentino, quien habría manifestado que el Gobierno no limitaría el comercio internacional ni la libertad de navegación.
"Una cosa es la libertad de comercio y otra cosa es la colaboración con un país invasor y agresor que está usurpando territorio nacional", diferenció el titular de la fundación.
Según explicó, el planteo judicial se sustenta en el concepto de "paso no inocente", contemplado en el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En ese sentido, argumentó que la Argentina puede establecer restricciones al tránsito de embarcaciones cuando considere que sus actividades afectan la soberanía o la seguridad nacional. Desde esa interpretación, entiende que el abastecimiento logístico de las fuerzas británicas en Malvinas no debería quedar comprendido dentro de la libertad de navegación.
Trabulsi también mencionó los decretos nacionales 256/2010 y 457/2021, que, según su interpretación, establecen exigencias de autorización para determinadas operaciones marítimas vinculadas con las islas.
Aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no se había presentado ninguna solicitud oficial para autorizar el tránsito del buque chileno por aguas argentinas.
Las posibles consecuencias judiciales
El presidente de la Fundación Argentina Azul explicó que, si la Justicia hace lugar a la cautelar, podría ordenar al Poder Ejecutivo Nacional y a los organismos competentes adoptar medidas para impedir el paso de la embarcación.
Entre ellos mencionó a la Armada Argentina, la Prefectura Naval y la Aduana, que eventualmente deberían intervenir para garantizar el cumplimiento de una resolución judicial.
Incluso sostuvo que, desde la interpretación jurídica de la fundación, podrían corresponder medidas de interdicción del buque y decomiso de mercaderías, además de una eventual investigación por contrabando.
Críticas a la Cancillería
Trabulsi cuestionó la posición del Gobierno nacional frente a la controversia y consideró que existe una interpretación equivocada del principio de libertad de comercio.
También criticó lo que entiende como falta de precisión diplomática de la Cancillería al abordar cuestiones relacionadas con la soberanía sobre Malvinas y los espacios marítimos correspondientes.
De todas maneras, aclaró que la presentación judicial no pretende generar un enfrentamiento con Chile.
"Esto no es plantear un conflicto con Chile, no tiene nada que ver", remarcó, al destacar la importancia de mantener relaciones de cooperación entre ambos países.
Finalmente, sostuvo que la Argentina necesita fortalecer sus capacidades de defensa para respaldar sus posiciones diplomáticas y garantizar el ejercicio de sus derechos soberanos.
En ese marco, insistió en que el objetivo de la medida cautelar es evitar que el territorio marítimo argentino sea utilizado para facilitar operaciones que, desde la perspectiva de la fundación, contribuyan a consolidar la presencia británica en Malvinas.
