La justicia ordenó decomisar los bienes de Cristina por $685.000 millones

El Tribunal Oral Federal N.º 2 avanzó finalmente sobre el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner y ordenó el decomiso de 20 propiedades, en el marco de la ejecución de la condena del Caso Vialidad, cuya firmeza fue ratificada por la Corte Suprema en junio. La exmandataria, junto a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los condenados, deben devolver a la sociedad $685.000 millones.

Los jueces  Jorge Gorini,  Rodrigo Giménez Uriburu y  Andrés Basso dispusieron avanzar con la ejecución de bienes para cubrir, de manera solidaria, los $684.990.350.139,86 establecidos en la sentencia. El fallo detalla qué propiedades son ejecutables y reafirma que el decomiso busca impedir que los delitos de corrupción generen beneficios económicos para sus autores o sus herederos.

En el caso de Cristina Kirchner, el Tribunal ordenó decomisar un inmueble a su nombre y otras 19 propiedades heredadas por Máximo  y Florencia Kirchner, recibidas gratuitamente. Para los jueces, estos bienes forman parte del flujo económico ilícito que originó la maniobra montada junto a Báez, principal beneficiario de las 51 licitaciones viales irregulares investigadas.

El "empresario" santacruceño, Lazaro Baez, perderá más de 80 propiedades, incluidas las pertenecientes a las sociedades involucradas en el esquema defraudatorio. El Tribunal remarcó que el patrimonio de Báez tuvo un crecimiento “exponencial” entre 2002 y 2014, alimentado por sobreprecios, cartelización, pagos anticipados y un circuito de contrataciones amañado.

El TOF 2 subrayó que la conexión económica entre Báez y los Kirchner no fue una relación comercial inocente, sino la manifestación financiera del delito. Señaló múltiples operaciones entre Cristina Kirchner y las empresas del empresario, todas documentadas y vinculadas directamente con los fondos públicos desviados de la obra pública.

Respecto a los bienes heredados por Máximo y Florencia, los jueces recordaron que el decomiso alcanza a terceros que reciben activos derivados del delito de manera gratuita, tal como establece la política internacional de recuperación de activos estipulada en las convenciones anticorrupción firmadas por la Argentina.

El proceso de ejecución comenzó después de que Cristina fracasara en sus tres intentos de frenar el avance judicial: rechazó la intimación de pago, cuestionó el cálculo del monto y sostuvo que la ejecución debía pasar al fuero Civil y Comercial.  La Cámara de Casación descartó todos sus planteos y habilitó al Tribunal a proceder.

El plazo de diez días hábiles otorgado para pagar voluntariamente venció sin respuesta de ninguno de los condenados. Con la condena firme, la inhabilitación perpetua y ahora el avance sobre su patrimonio, Cristina Kirchner enfrenta la fase final de un expediente que expuso el entramado de corrupción estructural que caracterizó a los gobiernos kirchneristas.