Radio FM Amistad
La causa de corrupción más grave de Tierra del Fuego avanza hacia su prescripción definitiva mientras el Estado —en todas sus esferas— mira para otro lado. El expediente N° 25.351, conocido como Causa Celentano, investiga un fraude millonario de más de $10 millones mediante la manipulación de facturas públicas. A una década del procesamiento, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sigue sin emitir el fallo que habilite el juicio oral.
En el centro del escándalo se encuentra un nombre que incomoda a todos los gobiernos: Rafael Aníbal Chorén, Contador Público Nacional y Auditor Fiscal del Tribunal de Cuentas al momento del hecho.
Según la propia Justicia, la maniobra fraudulenta no podría haberse ejecutado sin su omisión de control, validando pagos sin respaldo documental, una falta incompatible con el rol de máxima autoridad técnica del organismo.
Procesado, con sumario suspendido y… ascendido
Chorén fue procesado por peculado en 2015, y su procesamiento confirmado por instancias superiores en 2017. El Tribunal de Cuentas abrió un sumario administrativo en 2016, pero increíblemente lo suspendió a los 21 días mediante la Resolución Plenaria N° 199/2016, alegando que debía esperarse una sentencia penal definitiva.
Esa sentencia jamás llegó. Y mientras tanto, el Auditor Fiscal pasó de estar bajo investigación por peculado a ocupar cargos de alta jerarquía en la Municipalidad de Ushuaia, sin que nadie —ni en el Tribunal de Cuentas ni en el Poder Ejecutivo provincial— cuestionara su continuidad.
Melella acelera el Jury que lo beneficia, pero calla frente al peculado
El gobernador Gustavo Melella, que se presenta como adalid de la transparencia, movilizó toda la estructura estatal para impulsar un Jury contra el juez Ernesto Löffler por la supuesta demora en un fallo necesario para avanzar con su propia reforma constitucional, que le permitiría competir por un tercer mandato.
La velocidad del Gobierno para este Jury contrasta con su absoluto silencio frente a los jueces que han permitido que la causa Celentano se acerque peligrosamente a la impunidad.
Ni un pedido de informe.
Ni una nota de reclamo.
Ni un llamado público a acelerar la resolución del caso de corrupción más grande de la provincia.
Para la oposición, se trata de un claro “disciplinamiento político” para asegurarse la continuidad del proyecto re-reeleccionista, mientras los expedientes de peculado quedan sepultados en el archivo judicial.
El STJ bajo presión: ¿fallo o impunidad histórica?
La pelota está en la cancha del Superior Tribunal de Justicia, cada día sin resolución acerca el expediente a una prescripción que sería un golpe mortal a la credibilidad institucional. Para muchos, equivaldría a una amnistía encubierta en beneficio de funcionarios procesados y del propio organismo de control provincial, el Tribunal de Cuentas.
La causa, además, fue remitida a autoridades nacionales, organizaciones anticorrupción y diplomáticos extranjeros, buscando evitar que la impunidad cierre sobre el caso.
