Radio FM Amistad
La crisis del sistema de salud en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de alta tensión política e institucional tras el duro reclamo del directorio de Autofarma contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), a la que responsabiliza, junto al Ministerio de Salud provincial, por una deuda acumulada que ya supera los 7.063 millones de pesos.
A través de una nota formal dirigida a la presidenta del organismo, Mariana Silvina Hruby, y a la ministra de Salud, Judit Di Giglio, la firma expuso un escenario crítico que, de no revertirse, podría derivar en la interrupción del servicio farmacéutico para miles de afiliados del sistema público.
Una deuda millonaria y sostenida en el tiempo
Según detalla el documento, la deuda corresponde a 37.218 recetas ya dispensadas, es decir, medicamentos entregados a pacientes, cuyos pagos nunca fueron efectivizados.
El atraso no es reciente, en el caso de OSEF, se remonta a noviembre de 2025, mientras que el Ministerio de Salud mantiene compromisos impagos desde julio del mismo año.
El dato no es menor desde el punto de vista político, dado que implica que el Estado provincial viene acumulando obligaciones durante meses sin dar una respuesta concreta, pese a tratarse de prestaciones esenciales vinculadas directamente con la salud de la población.
Impacto directo: desabastecimiento y riesgo operativo
Autofarma fue explícita al enumerar las consecuencias de esta situación, donde los atrasos en los pagos ya están generando problemas en la cadena de suministro de medicamentos,
dificultades para cumplir con salarios del personal, incumplimientos con proveedores, con pérdida de crédito incluida y un “riesgo concreto” de interrupción del servicio farmacéutico.
El punto más sensible es, sin dudas, el último. La empresa advierte que una eventual caída del servicio no podría ser absorbida rápidamente por otros actores del sistema, lo que dejaría a miles de afiliados sin acceso inmediato a tratamientos esenciales.
Un sistema al límite
El reclamo no solo expone una disputa administrativa, sino que deja al descubierto la fragilidad estructural del sistema sanitario fueguino. Autofarma asegura que, tras más de 40 años de presencia ininterrumpida en la región, atraviesa “un punto crítico” producto del incumplimiento sistemático del Estado.
Además del impacto en los pacientes, la crisis también golpea al empleo, donde la firma sostiene más de 45 puestos de trabajo en Tierra del Fuego y más de 150 en Santa Cruz, todos ahora condicionados por la falta de liquidez derivada de la deuda pública.
Reclamo político y presión institucional
El tono del documento deja entrever algo más que un pedido administrativo: es un planteo político directo al gobierno provincial. Autofarma exige que el Estado “asuma la responsabilidad que le corresponde” y regularice los pagos de manera urgente para evitar “un daño mayor tanto para la empresa como para la comunidad”.
En un contexto donde ya se acumulan conflictos en distintos sectores, desde la industria hasta el empleo público, el frente sanitario aparece ahora como otro foco de tensión, con potencial impacto social inmediato.
La advertencia es clara: si no hay una respuesta rápida, la crisis dejará de ser financiera para convertirse en un problema de acceso a la salud. Y en ese escenario, el costo político para la gestión provincial podría escalar rápidamente.
