Un nuevo escándalo institucional sacude al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego tras la presentación de una denuncia ciudadana formal que solicita el inicio de un juicio político contra las máximas autoridades del organismo: el presidente, Dr. Miguel Longhitano, y el vocal C.P.N. Hugo Sebastián Pani.
Provinciales11/11/2025
Radio FM Amistad
La acusación, que ya fue girada a la Legislatura Provincial, enviada a 15 Legisladores, Legisladores Nacionales, se le comunico al y al Poder Ejecutivo de Nació, es decir al Presidente de la Nación y a la Jefatura de Gabinete, se basa en la designación irregular del contador Carlos Daniel Seoane como Auditor Fiscal Subrogante, pese a que el profesional se encuentra doblemente inhabilitado para ejercer funciones públicas de control.
Funcionarios denunciados y resolución cuestionada
El pedido de juicio político apunta directamente a los firmantes de la Resolución Plenaria N° 008/2025, que promovió a Seoane al cargo jerárquico dentro del Tribunal.
La denuncia también involucra al C.P. David Ricardo Behrens, auditor fiscal a cargo y proponente de la designación, así como a otros funcionarios que habrían actuado para encubrir la irregularidad.
Causales de inhabilidad: condena penal y matrícula suspendida
De acuerdo al escrito presentado, Carlos Daniel Seoane fue condenado en marzo de 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 5 de Capital Federal por el delito de malversación culposa en el manejo de fondos públicos, lo que configura una inhabilidad moral absoluta para desempeñar cargos de control fiscal. Es como poner al lobo a cuidar las ovejas.
Además, el contador posee su matrícula profesional suspendida en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo que le impide legalmente ejercer cualquier función vinculada a su profesión.
Pese a estas condiciones, Seoane fue promovido en enero de 2025, luego de la condena, lo que —según la denuncia— demuestra un mal desempeño sistemático y falta de ética institucional por parte de las autoridades del Tribunal de Cuentas.
Conflicto de intereses y presunto encubrimiento
El texto también apunta contra otros funcionarios, entre ellos C.P. Mauricio Irigoitia y C.P. Eliana Peri, actuales autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quienes —según la denuncia— tenían la obligación de informar la suspensión de la matrícula de Seoane y evitar su nombramiento, pero guardaron silencio y avalaron su continuidad.
Este comportamiento, afirman los denunciantes, podría configurar encubrimiento y violación a la Ley Nacional de Ética Pública N° 25.188, lo que agrava la situación institucional del organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos provinciales.
Lo que se solicita a los poderes del Estado
La presentación formal exige:
El inicio de juicio político contra Miguel Longhitano y Hugo Sebastián Pani por mal desempeño e inhabilidad moral.
El cese inmediato en sus funciones del C.P. Carlos Daniel Seoane.
La remisión de los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para investigar posibles delitos de abuso de autoridad y encubrimiento.
El caso, que pone bajo la lupa a los principales responsables del órgano de control financiero provincial, abre una nueva crisis de transparencia institucional en Tierra del Fuego, donde los organismos encargados de auditar al Estado terminan señalados por las mismas prácticas que deberían evitar.
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