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La Justicia de Nueva York respaldó la defensa del Gobierno y rechazó el reclamo de Aurelius Capital en la causa “Cupón PBI”.
Nacionales26/08/2025
Radio FM Amistad


En un hecho judicial de alto impacto internacional, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, falló nuevamente a favor de la República Argentina y rechazó el pedido de reconsideración presentado por el fondo buitre Aurelius Capital Management en el marco de la causa “Cupón PBI”. Con esta resolución, el país evitó una potencial obligación de pago estimada en USD 500 millones, un triunfo legal que robustece la posición del Gobierno de Javier Milei frente a los especuladores financieros que históricamente han intentado sacar provecho de la debilidad estatal.
El pronunciamiento, comunicado oficialmente por la Procuración del Tesoro de la Nación, ratificó la decisión emitida el pasado 16 de julio, cuando el mismo tribunal confirmó la sentencia de la jueza Loretta Preska en julio de 2024, que ya había desestimado el reclamo de los demandantes. La clave estuvo en la “cláusula de No Acción”, que los fondos incumplieron al iniciar la demanda, invalidando de raíz su pretensión de cobro.
La resolución constituye la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente USD 500 millones. La Procuración del Tesoro, bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses de la Nación y los ciudadanos en todos los procesos judiciales”, destacó el organismo oficial en un comunicado.
El reclamo fue impulsado por Aurelius Capital Management, uno de los conocidos fondos buitre que se había sumado al acuerdo de reestructuración de deuda firmado con el gobierno de Mauricio Macri en 2016. Sin embargo, en 2019 la firma decidió iniciar una nueva demanda contra Argentina, alegando que durante 2013 el país manipuló las estadísticas de crecimiento económico para evitar pagos extra a los tenedores de bonos atados al PBI.

Estos instrumentos financieros habían sido emitidos en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, vinculando el rendimiento al desempeño de la economía nacional. Aurelius sostiene que, al modificarse el año base de cálculo del PBI, el crecimiento registrado en 2013 se redujo artificialmente “a la mitad”, lo que supuestamente privó a los bonistas de un pago extraordinario. Según el fondo, esta maniobra fue deliberada y atribuible al entonces ministro de Economía Áxel Kicillof, quien habría alterado las métricas del INDEC para esquivar obligaciones millonarias.
En su presentación, Aurelius argumentó: “Cuando el INDEC cambió el año de los precios base, el PBI real para 2013 casi se duplicó en pesos medidos en precios constantes de 2004; y el crecimiento real del PBI cayó aproximadamente a la mitad. Por supuesto, la economía de Argentina no se duplicó repentinamente, y su tasa de crecimiento anual no se redujo repentinamente a la mitad. Sin embargo, la vara de medición cambió”.
Aunque la Cámara de Apelaciones cerró este capítulo a favor de Argentina, analistas como Sebastián Maril (Latam Advisors) advirtieron que Aurelius podría intentar una nueva presentación en la Corte de la jueza Preska, “corrigiendo el tecnicismo” que llevó a este fallo adverso. “Tras el rechazo de la Corte de Apelaciones en el caso Cupón PBI en USD de reconsiderar el fallo del mes pasado (las reconsideraciones son raramente otorgadas por los jueces), se espera que Aurelius Capital y otros fondos presenten el caso nuevamente en la corte de la Juez Preska corrigiendo la Cláusula de No Acción”, explicó.



Con más de diez bloques y varios monobloques, la primera minoría liberal es la llave para comisiones y autoridades.

El economista Federico Rayes, titular de Ecotono, afirmó que la transición hacia una economía abierta dejará tensiones profundas y posibles pérdidas netas de empleo en la provincia, especialmente por la baja de aranceles y la reconversión industrial. Alertó que sectores como el textil “están prácticamente extinguidos” y que el impacto sobre la electrónica dependerá de si el consumo nacional logra repuntar en 2026.

De acuerdo al análisis inicial que realizó el Dr. Francisco Giménez, querellante en la causa en la cual estaba imputado el gobernador Gustavo Melella, el fallo del Superior Tribunal de Justicia, "rechazó el requerimiento de instrucción fiscal" y "no se investigó", a la vez que agregó, "el voto del Dr. Javier Muchnick dice que si se presenta nueva prueba, se podría reabrir la causa, como pretenden que presentemos nueva prueba si nunca la realizaron". Asimismo, el abogado aseguró que esta causa posee una "trampa técnica" para que la causa no salga de la provincia, por lo tanto es muy probable que no llegue a la Corte Suprema de Justicia, dado que "no hubo un sobreseimiento definitivo de Melella, así, el Poder Judicial de Tierra del Fuego sigue teniendo a Melella como rehén. No le van a regalar un sobreseimiento".

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