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El Tribunal de Cuentas aprobó una serie de informes contables y legales que detectaron irregularidades en la tramitación de pagos por $93.843.116,20 a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco del Programa de Asistencia Técnica celebrado con la Provincia. El análisis abarcó ocho expedientes correspondientes a facturas de enero a agosto de 2023, todas vinculadas al Convenio N° 19.754/2020, ratificado por el Decreto Provincial N° 340/2020.
Según surge de las actuaciones, los expedientes fueron revisados bajo el esquema de Control Posterior y quedaron intervenidos mediante Actas de Constatación, en las que se registraron incumplimientos sustanciales y formales. Entre los principales hallazgos del Tribunal se mencionan tres incumplimientos comunes a todos los casos: la falta de conformidad definitiva en los términos exigidos por la normativa provincial; inconsistencias entre lo pactado en el convenio y el servicio que se habría prestado y facturado; y facturación sin detalle de horas efectivamente trabajadas, reemplazada por valores únicos por tipo de labor.
Los informes también advirtieron que los documentos presentados no resultaron confiables para acreditar la efectiva prestación del servicio. En particular, se señaló que los informes mensuales de avance remitidos por la UBA y las certificaciones de servicios emitidas desde el Ministerio de Educación no son consistentes entre sí. En algunos meses, las planillas de asistencia de programas no coinciden con las certificaciones suscriptas: aparecen personas en listados que no figuran en las certificaciones, o figuran asociadas a otro programa o por montos distintos.
La Secretaría Contable del Tribunal concluyó que las presentaciones fueron parciales, incompletas, incongruentes y extemporáneas, y que parte de la documentación de respaldo se incorporó de manera tardía e incluso elaborada con posterioridad a los pagos, sumando inconsistencias a las ya existentes. En paralelo, la Secretaría Legal reforzó el diagnóstico: compartió las observaciones sobre desorden administrativo, falta de certificación adecuada y posibles incumplimientos del convenio, y recordó que situaciones similares ya habían sido tratadas en una resolución plenaria previa de octubre de 2023, vinculada al mismo convenio, pero con facturación de 2020, 2021 y 2022.
Otro punto central del pronunciamiento fue el seguimiento de requerimientos e intimaciones al Ministerio de Educación para integrar documentación faltante, incluyendo actuaciones que habían tramitado originalmente en soporte papel y luego fueron digitalizadas. El Tribunal sostuvo que la remisión incompleta de expedientes al sistema electrónico vulnera el marco legal y reglamentario del expediente digital y obstaculiza el control, al dificultar la verificación de contraprestaciones y pagos.
Aunque los auditores mencionaron que la falta de conformidad definitiva podría habilitar sospechas sobre el uso de fondos, la resolución indicó que no se encuentran reunidos, en esta instancia, elementos suficientes para afirmar la existencia de un daño cierto al erario provincial, ya que existirían constancias que permitirían inferir al menos alguna contraprestación.
En la parte resolutiva, el Tribunal de Cuentas recomendó al ministro de Educación, Pablo López Silva, que a futuro se genere información completa, integral y confiable para garantizar el control, e instó a adoptar medidas para integrar en tiempo y forma los expedientes administrativos, adecuando la digitalización y remisión de actuaciones al régimen vigente.
