Ordenaron la detención del kirchnerista Julio De Vido por la Tragedia de Once

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme su condena por la Tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la detención del exministro kirchnerista de Planificación Federal, Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta.

El exfuncionario de la corrupta Cristina Kirchner deberá presentarse este jueves a las 10 de la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para que se haga efectiva su detención, aunque las condiciones de cumplimiento de la pena todavía no fueron precisadas.

La orden fue firmada este martes por la tarde por el juez Ricardo Basílico, integrante del TOF N° 4. Se prevé que la defensa de De Vido solicite el beneficio de prisión domiciliaria, dado que el exministro supera los 75 años de edad.

Más temprano, la Corte Suprema, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, había rechazado por inadmisibles los recursos presentados por la defensa de De Vido, que pedía su absolución, y por la Fiscalía, que pretendía aumentar la pena.

De esta forma, quedaron ratificadas tanto la condena a cuatro años de cárcel como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, poniendo fin al extenso proceso judicial que se originó tras el siniestro ferroviario ocurrido en febrero de 2012.

“En tal sentido, en función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de los legajos referidos, ha adquirido firmeza la condena impuesta a Julio Miguel De Vido por lo que, conforme las previsiones del art. 375 del Código Procesal Penal Federal, corresponde proceder con su ejecución”, señaló el juez Ricardo Basílico en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Hasta el momento, De Vido no había estado detenido en el marco de la causa que investigó las responsabilidades por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas.

En ese proceso, el exministro fue absuelto por el delito de estrago culposo, pero condenado por administración fraudulenta, al considerarse que no controló adecuadamente el destino de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria del servicio.