Radio FM Amistad
En una nueva manifestación de firmeza diplomática, la Cancillería argentina rechazó este jueves la “pretendida Decisión Final de Inversión” anunciada por Rockhopper Exploration Plc —de origen británico— y Navitas Petroleum Development and Production Limited —empresa israelí— para avanzar en la explotación del yacimiento offshore Sea, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Ambas firmas, recordó el Gobierno, ya se encuentran formalmente sancionadas por operar sobre la plataforma continental argentina sin autorización.
El comunicado oficial, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue contundente: “La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ (…) sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”. La postura del Ejecutivo se sostiene en el marco del derecho internacional y en las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía con el Reino Unido.
El proyecto Sea Lion es considerado uno de los desarrollos petroleros más ambiciosos de las últimas décadas en el Atlántico Sur. El yacimiento, descubierto en 2010, se ubica a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago y frente a las costas de Santa Cruz, en línea con Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz. Se estima que podría contener alrededor de 819 millones de barriles de petróleo, aunque estudios británicos elevan ese potencial a 1.700 millones.
De hecho, The Telegraph destacó que el tamaño del campo supera largamente a Rosebank, la mayor explotación planificada en el Mar del Norte, que rondaría los 300 millones de barriles. Navitas Petroleum informó en la Bolsa de Tel Aviv que destinará U$S 1.170 millones para la primera etapa del proyecto, cifra que encendió alarmas en nuestro país por el avance unilateral.
Informes económicos revelan que la explotación de Sea Lion podría sumar U$S 10.000 millones al PBI de las islas y generar U$S 3.750 millones en ingresos fiscales, una magnitud desproporcionada para un territorio cuya economía actual se sostiene en la pesca, la ganadería ovina y el turismo, con poco más de 3.500 habitantes.
La Cancillería subrayó que cualquier actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales en territorios bajo disputa contraviene las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU. En esa línea, el comunicado remarcó que el rechazo “se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto”, incluyendo las supuestas normativas isleñas, las concesiones de explotación y la contratación de proveedores.
El Gobierno también recordó las sanciones vigentes:
Rockhopper Exploration Plc fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía.
Navitas Petroleum LP recibió sanciones idénticas por la Resolución 240/2022, tras operar sin autorización en jurisdicción argentina.
“El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia”, señaló Cancillería, advirtiendo que quienes participen en estas actividades ilícitas quedarán expuestos a sanciones administrativas, legales y judiciales tanto en el país como en instancias internacionales.
El comunicado fue aún más lejos: “Los nuevos anuncios (…) constituyen un acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles (…) La República Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar las medidas adicionales que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.
El rechazo también fue respaldado por la provincia de Tierra del Fuego, que calificó el accionar británico como “unilateral, ilegal y provocador”. El secretario de Malvinas, Antártida y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, reclamó la inmediata convocatoria del Consejo Nacional de las Islas y advirtió: “Es el saqueo material de recursos que pertenecen a los fueguinos y a todos los argentinos (…) Es imperioso activar las sanciones penales y administrativas”.
Las actividades exploratorias de Navitas ya habían sido cuestionadas en 2023 y, en 2022, la firma recibió una sanción de 20 años por operar dentro de la plataforma continental argentina, lo que motivó reclamos tanto al Reino Unido como a Israel.
