Uno de los ejes principales del Plan ARMA es la redefinición del destino de los ingresos generados por la administración de bienes del Estado y las privatizaciones.
En ese sentido, se dispone que “cuando se trate de activos que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, el 10% de lo recaudado por ventas, alquileres o privatizaciones será destinado al Ministerio de Defensa para su aplicación en reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica”.
Este mecanismo introduce una vía de financiamiento adicional que permite reforzar áreas clave sin depender exclusivamente del presupuesto tradicional.
