La conciliación obligatoria había sido establecida el 5 de febrero de 2026 por un plazo de 15 días, en el marco de la Ley 14.786, que obliga tanto a sindicatos como a empleadores a abstenerse de adoptar medidas directas mientras dure el procedimiento. Para el Gobierno, La Fraternidad violó esa disposición al plegarse al paro general de la CGT y paralizar el servicio de trenes.




















