YPF: hoy se define si la Argentina debe entregar el 51% de sus acciones

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York está a punto de emitir un fallo clave para el futuro de YPF y del Estado argentino.

El tribunal decidirá si el país debe entregar el 51% de las acciones que posee en la petrolera —o presentar otra garantía— mientras continúa la apelación contra el fallo que lo condenó a pagar USD 16.000 millones (hoy ya más de USD 18.000 millones con intereses) por la expropiación de 2012.

El origen del conflicto
El caso se remonta a la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. La jueza federal Loretta Preska determinó en primera instancia que Argentina debía compensar a los accionistas por la forma en que se concretó la expropiación. La sentencia fue apelada y la audiencia final está prevista para fines de octubre, después de las elecciones legislativas.

Mientras tanto, el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio, presiona para que se cumpla la sentencia y busca probar que el  Estado y YPF actúan como un “alter ego”, lo que abriría la puerta a embargos sobre otros activos argentinos en el exterior. Burford reclama no solo la entrega de las acciones, sino también el acceso a correos, chats y documentos de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa.

La medida en juego: el “turnover”
Preska ya ordenó el “turnover” de las acciones, es decir, su transferencia a Burford. Argentina solicitó un “stay” (suspensión) hasta que se resuelva la apelación, algo que podría definirse en septiembre.

La Corte de Apelaciones podría optar por tres caminos:

No conceder la suspensión y confirmar la orden de entrega de las acciones.
Conceder la suspensión, pero exigiendo otra garantía distinta.
Conceder la suspensión sin condiciones adicionales.

En los dos primeros casos, el gobierno de Javier Milei estaría dispuesto a acudir a la Corte Suprema de EE.UU., aunque esta instancia rara vez interviene en litigios administrativos.

Riesgos de desacato y consecuencias internacionales
Si la decisión final es desfavorable y Argentina no cumple, podría ser declarada en desacato, lo que traería sanciones económicas y diplomáticas. Según fuentes cercanas a la causa, estas podrían incluir:

Restricciones para emitir deuda.
Mayor desconfianza de inversores internacionales.
Impedimento de ingreso a EE.UU. para funcionarios argentinos.
Posible revocación de visas.

Burford será el encargado de pedir a Preska que declare el desacato en caso de incumplimiento.

Un fallo adverso representaría un golpe financiero y político en un momento en que el Gobierno busca atraer capitales y reforzar la confianza internacional.  Por el contrario, una suspensión daría margen hasta septiembre para que la Cámara de Apelaciones decida si la orden de Preska fue válida.