La caja “chica” de las universidades

Se trata de una monumental “caja de Pandora”. O tal vez sea más conveniente quitar el Pandora a la caja que el Gobierno puso bajo la lupa en su disputa con las universidades. Incluye, al menos, 2566 convenios firmados por alguna agencia, dependencia o empresa pública con una o varias casas de estudios. Auditorías, servicios de call center, investigación de mercado, controles de precios, pasantías, publicación de libros y, por supuesto, muchos que tienen que ver con apoyos técnicos.

Este enorme sistema de contratación nació, y en gran parte funciona, como un aporte genuino de las universidades con el Estado. Pero, con el tiempo, la facilidad de procesos y la imposibilidad de controlar a las casas de estudios por la autonomía que esgrimen terminó por generar una fiesta de servicios que se canalizan por esa autovía de convenios. Como sucedió con otras banderas, sobre todo los cuatro gobiernos kirchneristas, prostituyeron un sistema de contratación que no se audita y del que apenas se ve una parte.

LA NACION listó 2500 convenios que, al menos, estuvieron vigentes en los últimos dos años y que eran parte del gasto público cuando se hizo cargo Javier Milei de la administración. De hecho, por estos días, un detalle de esos acuerdos ya está en manos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El asunto ha pegado fuerte en el seno de las universidades. Sucede que estos miles de millones de pesos, y de dólares, porque hay varios firmados en moneda extranjera, no forman parte del financiamiento a las universidades que están en discusión. De hecho, no se computan en esas partidas que viajan desde el Ministerio de Capital Humano a las cuentas bancarias de las entidades. Se trata de negociaciones de las universidades con diversas entidades o empresas del Estado, que no pasan por la Secretaría de Educación, más que para un visto legal, y que nadie audita.

Vale un ejemplo antes de seguir. Las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic -que se levantan en la cuenca del río Santa Cruz, construidas por la firma china Gezhouba Group Company Limited, y las argentinas Hidrocuyo y Electroingeniería-, representan el proyecto de obra pública más importante que tiene la Argentina. Miles de millones de dólares financian el plan, que depende de Enarsa. Justamente esta empresa pública tiene decenas de contratos con universidades y es la titular del que tiene el monto más alto.

Durante la investigación de LA NACION, se relevaron los años 2022 y 2023. En el primero, Enarsa firmó una prórroga del “Convenio para la inspección de los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic”, que le había entregado por contratación directa a la Universidad de la La Plata, puntualmente a la Fundación de la Facultad de Ingeniería, en 2015. El monto fue de US$2.383.498 por seis meses, a razón de US$397.249 mensuales, según el tipo de cambio de aquel momento, método que se utilizó para hacer comparables las cifras después de más de dos años, con la inflación correspondiente.

Cuando venció la prórroga, se firmó otro convenio para ligar a las dos partes, Enarsa y la fundación, hasta 2028. El monto fue de $7557 millones que, siempre de acuerdo a la cotización del Banco Central de ese momento, significaba una suma de US$58,13 millones por año. Milei asumió con el contrato en vigencia y cada año le tiene que pagar a esta institución alrededor de US$10 millones, al menos si las cláusulas gatillo de ajuste (operaban al 5%) mantuvieron su valor de compra. En las centrales del sur también tuvo lo suyo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2018, la institución asesora para la “validación de ingresos y egresos operativos y costos de financiamiento relacionados con cada período mensual”.

El último contrato se firmó el 21 de julio de 2023, por dos meses, y tuvo un costo de US$925.000 dólares. Este cronista llamó a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de La Plata y envió un correo electrónico para conocer detalles del servicio. “La UNLP ha apoyado técnicamente al Comitente desde 2014 y desarrolla las tareas de inspección del Contrato desde el Acta de Inicio de Obra en febrero de 2015. La inspección integral de una obra de estas características requiere de un grupo de personas con especializaciones técnicas en disciplinas variadas y con una presencia permanente en el seguimiento de la obra que se ejecuta, tanto en los emplazamientos como en el seguimiento constructivo de los suministros hidroelectromecánicos de origen chino”, consignó Marcos Actis, presidente de la fundación y decano de la Facultad de Ingeniería. “La Inspección de Obra a cargo de la UNLP es realizada por un equipo de 100 personas, compuesto por ingenieros/as, técnicos/as y administrativos/as, 60 de las cuales están destacadas en las obras dando seguimiento técnico a la construcción, calidad, higiene y seguridad laboral y ambiente, y unas 40 personas que se ocupan de la administración contractual, la calificación de ingeniería, certificación de obra, etcétera.

Además, hay ingenieros que realizan las inspecciones de la construcción de las turbinas y componentes mecánicos y eléctricos en las fábricas chinas”, detalló en su respuesta. En Enarsa indicaron a LA NACION que se han puesto todos los contratos sobre la mesa y que varios directores han pedido acceso a los “entregables”, algo así como la contraprestación. De acuerdo a los datos que se compilaron, la empresa pública tiene 22 convenios con universidades. “Hay más -confirmaron en la compañía -. Todos menos uno, que fue por compulsa de precios, fueron contrataciones directas”. En la empresa también constan varios contratos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Por caso, Económicas de la UBA fue elegida para la “elaboración de los estudios ambientales” del proyecto. Se firmó el 4 de marzo de 2022, por dos meses, y el monto del convenio fue de US$1,6 millones, siempre a valor del dólar oficial.

Fuente: La Nacion