Otra prueba de fuego en el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores, que mantienen la amenaza en el Congreso

Hace semanas que la relación entre el Gobierno y las provincias aliadas salió de su zona de confort y la desconfianza parece haberse apoderado de ese vínculo, que este martes volverá a tener una nueva prueba de fuego cuando el Ejecutivo traslade otra contraoferta a los reclamos por los ingresos que los gobernadores parecieran estar dispuestos a llevar al Senado si no les satisface la propuesta.

Hasta anoche, enfocado en la decisión judicial de Loretta Preska, de Nueva York, por la demanda millonario por la expropiación de YPF, el Gobierno no había enviado ninguna señal en la previa del encuentro que este mediodía mantendrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con los ministros de Economía de las provincias y la Jefatura del Gobierno porteño, en el Palacio de Hacienda. “Se va a estirar hasta que la amenaza sea concreta”, aventuró ayer un operador de un buen número de provincias aliadas que sigue muy de cerca las negociaciones.

El fin de semana, el Ejecutivo tomó nota de que, esta vez, la advertencia pareciera ser seria después de que un grupo de gobernadores se reuniera vía zoom, en la noche del viernes, con algunos de los jefes de bloque del Senado para pulir detalles del proyecto de ley que le presentaron en las últimas semanas a los enviados del Gobierno con dos de los reclamos más urgentes, y que adelantaron que presentarán de manera unilateral si no tienen respuesta: la repartija, con un coeficiente coparticipable, del stock de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y una distribución más directa y razonable del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que cuenta con un porcentaje que debería destinarse al mantenimiento de las rutas.

Los gobernadores le sugirieron al Ejecutivo que deje de dilatar una respuesta concreta porque el proyecto, cuya redacción seguía girando entre las provincias, tendría un apoyo casi unánime de la Cámara alta. Así se lo trasladó, por ejemplo, la semana pasada el senador Juan Carlos Romero en la previa, breve, que mantuvo junto a algunos colegas con Guillermo Francos antes del informe mensual que el jefe de Gabinete cortó en mitad de la presentación con la excusa de una exposición muy caliente por parte de una senadora. “El gobierno no puede pretender que vengan todos los gobernadores de la Argentina a presentar un proyecto y después los senadores no lo acompañen”, sintetizó ayer una fuente del Senado. El salteño le achacó en público al jefe de ministros demoras parlamentarias.

Pero el malhumor creciente de los jefes provinciales en torno a la falta de propuestas a los reclamos más urgentes evidencia, en simultáneo, una fatiga en la relación, y la comprobación cada vez más nítida de una lógica de la negociación política en la que el Gobierno no prioriza los acuerdos. “La falta de respeto es constante: tensaron la relación por resultados electorales mediocres”, aseguraron desde una provincia.

En ese contexto, hay un sector de la administración que empezó a palpar un fastidio creciente por parte de los jefes provinciales que, llegado el caso, podría afectar el rumbo del programa económico y político de Javier Milei, de cara a las elecciones de octubre, si la advertencia se convierte en realidad. “Nos preocupa, y mucho. Pareciera que el presidente aún no ve el riesgo, y hasta tanto no se va a involucrar”, aseguró un asesor presidencial que trabaja, según confió, para “atajar el quilombo” con los gobernadores.

Es que el último mes, los jefes provinciales coincidieron, casi con asistencia perfecta, en el CFI para aunar posiciones y reclamarle al Gobierno, urgidos por la caída en los ingresos coparticipables que, para algunos distritos, se tornó tan significativa al punto de peligrar el pago de sueldos y el medio aguinaldo, sumada a la larga lista de promesas incumplidas.

Una postal tan inédita como la amenaza concreta, de parte de algunos de los aliados, de dejar de acompañar a la Casa Rosada en el sostenimiento de algunos vetos que Milei ya adelantó que va a ejecutar si los legisladores avanzan con la actualización de las jubilaciones o el financiamiento a las universidades. Este miércoles hay una sesión convocada en Diputados, al mediodía. Un adelanto ya fue exhibido por aliados como los cordobeses o los catamarqueños que dieron quórum en la última sesión, hace varias semanas. “El Gobierno tiene que entender que no todo puede terminar en un veto”, planteó este lunes una fuente del Senado.

Para los gobernadores no se trata solo de urgencias financieras: también hay un creciente malhumor por el manejo de la estrategia electoral en algunos distritos, y gestos no correspondidos con aliados que, hasta ahora, fueron generosos con la administración de la gobernabilidad en el Parlamento. El caso de Romero, en Salta, es uno de ellos: acompañó con poquísimas discrepancias al Presidente y no logró por el momento que le habiliten la boleta para renovar la banca. Los ejemplos se replican en otras provincias: hay aliados como Raúl Jalil u Osvaldo Jaldo inquietos. En el caso del PRO, todavía no curaron las heridas por la durísima disputa porteña, y el acuerdo en provincia de Buenos Aires entró en un terreno difuso por las exigencias de Karina Milei y el replanteo de algunos intendentes que tienen serias dudas sobre las intenciones de La Libertad Avanza. “Se ha perdido el foco, eligieron poner el partido por encima de todo”, sentenció un operador provincial.