Desde el Poder Ejecutivo se adelantó que comparten el criterio de declarar la emergencia de la infraestructura carcelaria.
Provinciales30/05/2024
Radio FM Amistad
Con la participación de representantes del Poder Ejecutivo, la comisión de Justicia de la Legislatura comenzó a analizar el proyecto que propone declarar por 2 años “el estado de emergencia de la infraestructura de las unidades de detención dependientes del Sistema Penitenciario de la Provincia”.
La iniciativa presentada a mediados del año pasado por el legislador Pablo Villegas (MPF) contempla dar carácter de interés público “la adopción y ejecución del régimen de participación público-privada a fin de resolver las necesidades en materia de infraestructura” carcelaria.
El Viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals -que estuvo acompañado por el Director Provincial del Servicio Penitenciario, Inspector General Ariel Ciares y el Secretario de Asistencia y Gestión Ministerial, Gonzalo Valenzuela- señaló que si bien “la declaración de emergencia es una decisión que corresponde tomar al Poder Legislativo, nosotros la compartimos porque necesitamos esta herramienta en esta coyuntura ya que tenemos que tomar acciones concretas”, para poder mejorar la cuestión de infraestructura. El funcionario señaló que desde el Ejecutivo también se está analizando la participación pública-privada “como una de las alternativas para mejorar la infraestructura del sistema”.
Pero agregó que, en consonancia con lo sostenido por la legisladora Vuoto (PJ), “tenemos que acompañar esa emergencia con un plan de fortalecimiento de todo el Sistema de Seguridad Provincial, y en eso no solamente interviene el Poder Ejecutivo, sino que hay que incluir e incorporar a los otros actores; que son el Poder Legislativo y el Poder Judicial”.
Canals apuntó que “para lograr una solución integral, el abordaje tiene que ser transversal. No se trata solamente de atender la cuestión de infraestructura o de la cantidad de personas privadas de la libertad que tendremos, sino que hay que trabajar desde la psicología, lo social, la inclusión, el Patronato de Liberados, para que quien termina su condena se reinserte en la sociedad”.
El Viceministro indicó que la realidad que atraviesa el Sistema Penitenciario “no la desconoce el Ejecutivo, y por eso venimos trabajando en ese sentido, a fin de encontrar soluciones a la situación que hoy atraviesa el sistema penitenciario en general, con acciones a corto, mediano y largo plazo”.
Anunció que “ya tenemos previsto mejorar la situación en la ciudad de Ushuaia principalmente, donde estaremos inaugurando en los próximos días el Anexo 4 donde habrá 30 espacios para personas que están privadas de su libertad. Por otro lado, ya estamos trabajando en otro lugar en la ciudad de Río Grande que va a poder alojar al menos 70 personas más”. Señaló que ello permitirá “descomprimir y tener previsibilidad para trabajar, como lo estamos haciendo, para dar una solución para los próximos 20 o 30 años”.
De la reunión participaron la Vicegobernadora Mónica Urquiza y los legisladores Natalia Gracianía (RU); Jorge Lechman; Raúl Von Der Thusen y Gisela Dos Santos (SF); Federico Sciurano (FORJA); Victoria Vuoto (PJ) y el autor del proyecto, Pablo Villegas.
FUENTE: EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO
El Poder Ejecutivo promulgó las leyes mediante las cuales la Legislatura aprobó la cesión de las concesiones hidrocarburíferas de YPF a favor de Terra Ignis, así como la prórroga otorgada a la empresa provincial para la explotación de las áreas “Lago Fuego”, “Los Chorrillos” y “Tierra del Fuego”.
La propuesta apunta a que los comercios detallen en los comprobantes el impacto de Ingresos Brutos y tasas municipales, para que el consumidor pueda conocer la carga tributaria real que paga en cada producto.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, realizó un balance político y estratégico tras la aprobación por amplia mayoría en la Legislatura provincial del traspaso de las áreas de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, una decisión que calificó como “una gran noticia para la provincia” y como un paso decisivo para que los fueguinos “nos hagamos cargo de nuestros propios recursos naturales”.
La modificación a la ley Provincial 1004 fortalece la capacidad de los hospitales y del Ministerio de Salud para cobrar facturas impagas. Incorpora intereses moratorios y punitorios atados a la tasa activa del Banco de Tierra del Fuego, amplía qué deudas se consideran título ejecutivo y consolida el apremio como herramienta clave para reducir la mora y mejorar la disponibilidad de recursos en el sistema.
Entre el 10 y el 21 de diciembre, casi 9.350 personas dejaron Tierra del Fuego rumbo al continente, mientras que los ingresos no alcanzaron a compensar la salida, según datos oficiales del Operativo Verano Seguro.
Con un mayoritario respaldo de oficialistas y opositores, el Poder Ejecutivo obtuvo el respaldo necesario para que Terra Ignis se haga cargo de las concesiones de 7 áreas hidrocarburíferas que explotaba YPF. La oposición logró aprobar una modificación a la ley de coparticipación que busca compensar a los municipios la merma de recurso derivada de los beneficios fiscales acordados por el Gobierno a la sociedad anónima con capital estatal provincial mayoritario.
Una reserva ambiental de gran escala busca consolidarse en Ushuaia, integrando tierras fiscales y privadas bajo un esquema de custodia firmado entre el Municipio y el grupo empresario del Hotel Arakur. El acuerdo incluye compromisos de inversión en servicios para visitantes, libre acceso peatonal y un mecanismo legal que impide cualquier intento de apropiación.
El Poder Ejecutivo promulgó las leyes mediante las cuales la Legislatura aprobó la cesión de las concesiones hidrocarburíferas de YPF a favor de Terra Ignis, así como la prórroga otorgada a la empresa provincial para la explotación de las áreas “Lago Fuego”, “Los Chorrillos” y “Tierra del Fuego”.
En una sesión intensa, la Cámara alta dio sanción a dos leyes clave: el Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La senadora fueguina Belén Monte de Oca valoró el alcance de ambas normas y remarcó la importancia de acompañar el rumbo económico del Gobierno nacional.
Los tres imputados permanecen detenidos e incomunicados mientras avanza la investigación.
El Ejecutivo sostiene que la medida garantiza el derecho a la protesta, cuenta con amplio respaldo social y denuncia motivaciones políticas detrás de la decisión judicial.