El proyecto, ingresado por el MPF, será tratado el miércoles en la comisión de Seguridad con la presencia del viceministro de Coordinación de Gabinete Jorge Canals y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares. También se reúne la comisión de Educación.
Provinciales27/05/2024
Radio FM Amistad
USHUAIA.- El miércoles legisladores se reunirán en el marco de la comisión de Seguridad, convocados por la presidenta de ese espacio, legisladora Natalia Gracianía, para dar tratamiento a dos proyectos de ley. Luego será la comisión de Educación la que reciba a integrantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).
La referente del bloque legislativo de Republicanos, convocó para el miércoles 29 de mayo desde las 11:00 a las y los integrantes de la comisión de Justicia y Seguridad, Relaciones Institucionales, Seguimiento Legislativo y Derechos Humanos. El primer tema que abordarán en el encuentro será el asunto 236/23 del bloque del MPF, proyecto de ley que declara la emergencia de la infraestructura de las Unidades de Detención provinciales.
En el articulado de la futura norma se busca resolver “el déficit del cupo penitenciario y la sobrepoblación en lugares de detención. Lograr que las personas privadas de libertad sean efectivamente sujetas a un tratamiento interdisciplinario de progresividad que les permita adquirir la capacidad de respetar y comprender la ley”. Que se comprenda la “gravedad de sus actos y de la pena impuesta, alcanzar su resocialización y posterior inserción en la comunidad”.
Además, el asunto tiene como finalidad que se afronten los “aspectos de construcción; edificación; refuncionalización, mejoramiento y ampliación de la infraestructura edilicia para inmuebles afectados al Servicio Penitenciario relacionados exclusivamente con lugares de detención como por ejemplo: Pabellones; celdas; sanitarios, espacios educativos de rehabilitación o reinserción”.
Para ese debate cursaron invitación al viceministro de Coordinación de Gabinete de la Provincia, Jorge Canals y al director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares.
Por otro parte, las y los parlamentarios tratarán el asunto que busca establecer los “procedimientos administrativos y contables para la implementación de plazos fijos para los depósitos judiciales”. Desde el bloque del Partido Justicialista sostienen que es necesario proteger las cuentas judiciales que no generan intereses estableciendo herramientas a los jueces para que procuren el mantenimiento del valor depositado”.
En este sentido, la parlamentaria María Victoria Vuoto (PJ), autora de la iniciativa, detalla en los fundamentos del asunto que “la operación bancaria es una inversión que se presenta como instrumento con el fin de lograr un mayor rendimiento y seguridad a los fondos depositados en las cuentas judiciales”. Y remarca que de esta manera, la tasa de interés aplicable a los depósitos, tenga “la depreciación del capital y su contrapartida, el aumento del spread o ganancia del Banco entre lo que paga por esos fondos de origen judicial y lo que obtiene en el mercado”.
Finalmente, el mismo miércoles 29 a las 14:00 se reunirá la comisión de Educación N° 4, convocada por el titular de ese espacio, legislador Federico Sciurano (FORJA). Allí recibirán al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), para la presentación del proyecto de ley referido al Sistema de Educación Pública Provincial.
FUENTE: EL SUREÑO
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La legisladora Natalia Gracianía expresó su preocupación por el “adoctrinamiento” que pretende el Ministerio de Educación, a partir de los contenidos que bajó a los docentes, para que inculquen a los niños de jardín de infantes, primaria y secundaria. Incluye la enseñanza de lenguaje inclusivo y contenidos vinculados con el colectivo LGTB.
El legislador del MPF presentará “a más tardar el jueves” un proyecto de ley que busca reglamentar las desobligaciones docentes. Afirmó que se trata de “paros encubiertos” y que el gobierno tiene las herramientas para solucionar esta situación, pero “es un gobierno timorato y cómplice”. “Tenemos una dirigencia sindical que, abrazada a su arrogancia, a su soberbia y a la mentira, hace un uso abusivo de los derechos que le reconoce la Constitución”, sentenció. Los legisladores oficialistas son los que deben permitir que se habilite el debate y prevé convocar a los defensores de los derechos de los niños. De declararse ilegales las obligaciones, habrá consecuencias para los docentes y sanciones al sindicato.
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