Un acuerdo que cae y un modelo industrial en revisión

Con el inicio del nuevo año quedó sin efecto el acuerdo que hasta fines de diciembre había permitido amortiguar el impacto de la crisis sobre el empleo industrial en Tierra del Fuego. El entendimiento, firmado en mayo entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), no fue prorrogado y dejó en una situación de alta vulnerabilidad a alrededor de 1.000 trabajadores contratados bajo la modalidad de plazo fijo.

El vencimiento del esquema, que se produjo el 31 de diciembre, marcó algo más que el cierre administrativo de un pacto: significó el retiro de una herramienta que buscaba evitar despidos en un escenario de caída del consumo, recesión económica y cambios profundos en la política comercial nacional. Desde el sector sindical confirmaron que, al no existir una extensión formal, los contratos discontinuos quedaron sin respaldo a partir del inicio de 2025.

La coyuntura se agrava además por la entrada en vigencia, durante el mes de enero, de la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que obliga a la industria fueguina a competir directamente con productos importados, sin el nivel de protección que históricamente ofreció el régimen de promoción industrial.

Desde la conducción de la UOM Río Grande señalaron que la falta de definiciones sobre el futuro del sector impidió garantizar la continuidad laboral de los trabajadores alcanzados por el vencimiento del acuerdo. Si bien existieron instancias de diálogo tanto con las empresas como con el gobierno provincial, no se concretaron alternativas que permitieran sostener los puestos de trabajo.

Por su parte, desde AFARTE insistieron en que el debate sobre la competitividad debería centrarse en la reducción de los costos estructurales de la economía nacional y no en el ajuste sobre la producción local. Sin embargo, en los hechos, la presión del nuevo escenario recayó sobre el eslabón más frágil de la cadena laboral: el personal contratado.

El impacto potencial de esta situación trasciende al sector electrónico. La actividad representa más del 30 por ciento del Producto Bruto Interno de la provincia y sostiene, de manera directa e indirecta, a unas 18.000 familias, además de su vínculo estratégico con la industria automotriz nacional. En ese contexto, la caída de estos primeros contratos es leída como una señal de alerta sobre un proceso de transformación más profundo del esquema industrial fueguino.