“Las horas cátedra son un agujero negro”

El planteo surgió esta semana durante el encuentro que mantuvieron legisladores con dirigentes del SUTEF, quienes concurrieron al Parlamento provincial para solicitar su intervención frente al conflicto docente. Sin embargo, la discusión rápidamente trascendió la cuestión salarial y derivó en un intercambio sobre cuánto destina actualmente la Provincia a educación y, fundamentalmente, cómo se administran esos recursos.

En ese contexto, Villegas sostuvo que cualquier ley de financiamiento educativo debería comenzar por transparentar la estructura del gasto. “Discutamos la estructura que tiene el Ministerio de Educación, discutamos las horas cátedra. Hay más de un millón doscientas mil horas cátedra que la Legislatura tiene aprobadas con presupuestos anteriores. Discutamos el gasto en educación y, una vez que tengamos bien en claro en qué se gasta, si se gasta bien o se gasta mal, pasemos a otras cosas”, planteó.

Precisamente, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la utilización de horas cátedra para financiar funciones que no necesariamente corresponden a tareas educativas. Villegas relató que, durante una visita realizada como integrante del Comité de Prevención de la Tortura, tomó conocimiento de que personal de la Casa de Cuidados Parentales percibía remuneraciones mediante horas cátedra a partir de un convenio entre los ministerios de Justicia y Educación.

Para el parlamentario, ese caso demuestra la necesidad de determinar con precisión cuántas horas existen, quiénes las perciben, qué funciones cumplen sus beneficiarios y cuánto representa ese esquema dentro del presupuesto educativo. “¿Cómo vamos a empezar a discutir una ley de financiamiento creando o ampliando nuevos impuestos cuando no podemos discutir primero lo fundamental?”, cuestionó.

Así, Villegas propuso invertir el orden del debate: antes de pedir mayores esfuerzos a los contribuyentes, revisar el funcionamiento interno del Estado y establecer si existen recursos que actualmente podrían ser reasignados hacia salarios docentes, salud o seguridad.

“La solución pasa por cambiar el sistema o el orden de prioridades del gasto público, tomar algunas medidas y tratar de obtener cierto ahorro para poder afectarlo no solamente al sistema docente, sino al sistema de salud y también al sistema de seguridad”, explicó.

En esa línea, el legislador rechazó que la primera alternativa para mejorar el financiamiento sea aumentar impuestos. Recordó que un proyecto impulsado anteriormente por el SUTEF —que perdió estado parlamentario— contemplaba incrementar tributos existentes y obtenía una parte importante de los recursos mediante una suba de Ingresos Brutos sobre la actividad hidrocarburífera. Según indicó, esa posibilidad también encontraba limitaciones en compromisos asumidos por Tierra del Fuego a través del pacto fiscal.

Pero la revisión propuesta por Villegas no se limita a las horas cátedra. Como ejemplo de otros gastos que considera necesario analizar, mencionó un convenio entre el Ministerio de Educación y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para elaborar un digesto de normas del área.

Según afirmó, ese acuerdo representaba hace dos o tres años un desembolso promedio de unos $25 millones mensuales. El legislador recordó que presentó un proyecto para dejar sin efecto la ley que ratificó aquel convenio y consideró que este tipo de erogaciones deben ser evaluadas antes de reclamar mayores recursos tributarios.

Asimismo, extendió el cuestionamiento hacia otras estructuras del Estado provincial. En particular, volvió a proponer la eliminación del Laboratorio del Fin del Mundo al entender que representa un gasto susceptible de ser redireccionado hacia áreas consideradas esenciales. “Empecemos a reducir gastos acá, gastos allá, antes de discutir la posibilidad de crear o aumentar impuestos”, resumió.

Por otra parte, el encuentro con el SUTEF también derivó en una discusión sobre la continuidad de las medidas de fuerza. Villegas relató que consultó al secretario general del sindicato, Horacio Catena, sobre la posibilidad de suspenderlas hasta febrero en caso de alcanzarse un acuerdo salarial o avanzar con una herramienta específica de financiamiento.

Según el legislador, la respuesta sindical fue que la organización mantendría su derecho a continuar discutiendo salarios y adoptar las acciones gremiales que considerara necesarias. La posición generó un intercambio más intenso durante el plenario.

Finalmente, Villegas sostuvo que el Poder Ejecutivo dispone de instrumentos para procurar el regreso a las aulas mientras continúa la negociación y mencionó, entre ellos, la posibilidad de recurrir a una conciliación obligatoria.

Para el parlamentario, sin embargo, el problema de fondo continúa siendo estructural. Antes de determinar cuánto dinero adicional necesita Educación, sostuvo que debería conocerse exactamente cómo se distribuyen los recursos que ya tiene asignados el sistema, particularmente las más de 1,2 millones de horas cátedra presupuestadas. Solo después de esa revisión, consideró, debería discutirse si resulta necesario crear nuevos mecanismos de financiamiento o aumentar impuestos.