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Un nuevo informe elaborado por Fundación Libertad analizó los presupuestos municipales 2025 de 76 ciudades del país y determinó cuánto gastan los municipios en el funcionamiento de sus Concejos Deliberantes. El estudio muestra fuertes contrastes entre jurisdicciones y una estructura de gasto que, en la mayoría de los casos, se destina casi por completo al pago de personal.
Según el relevamiento, los Concejos analizados concentran un presupuesto total de $335.241 millones. Distribuidos entre 1.293 concejales, el costo anual promedio por edil asciende a $259,3 millones, lo que equivale a $21,6 millones mensuales.
El ranking de ciudades más costosas vuelve a exhibir diferencias muy marcadas. Posadas encabeza la lista nacional con un gasto de $1.441,6 millones por concejal, seguida por Río Gallegos ($1.388,1 millones) y San Miguel de Tucumán ($1.090,1 millones). En contraposición, las cifras más bajas se registran en Comandante Fernández (Chaco), con $24,7 millones por edil, y Junín, con $29 millones, ambas entre las más austeras del país.
El informe de Fundación Libertad destaca también enormes brechas regionales. Un concejal tucumano cuesta ocho veces más que uno mendocino; en Misiones, un concejal de Posadas insume veinticinco veces más presupuesto que uno de Oberá. Incluso entre ciudades vecinas, como Resistencia y Corrientes, se observan contrastes significativos: la primera triplica el gasto por edil respecto de la segunda.
En promedio, el gasto de los Concejos representa el 3,26 % de los presupuestos municipales. Sin embargo, algunos municipios están muy por encima: Posadas destina el 14,8 % de su presupuesto al Concejo, seguida por San Juan y El Dorado (9 %), y San Salvador de Jujuy (8,5 %). En casos particulares, el peso institucional del Concejo compite directamente con áreas clave del gasto local. En Posadas, por ejemplo, el Concejo demanda 3,32 veces más que todo el plan de obras públicas previsto para 2025 y cinco veces más que lo asignado a Salud y Desarrollo Humano.
El estudio también examinó la composición interna del gasto. En las 56 ciudades con datos disponibles, el 85,2 % del presupuesto legislativo se destina a personal, incluyendo concejales, asesores y personal administrativo. En 29 de estas ciudades la proporción supera el 90 %. Los casos más extremos se registran en San Isidro (99,19 %), Vicente López (98,97 %), General Rodríguez (98,79 %) y General Pueyrredón (98 %).
La estructura de recursos humanos también muestra grandes diferencias. Los Concejos relevados emplean en total 931 trabajadores para 801 concejales, es decir, 1,16 empleados por edil. Pero existen municipios muy por encima de esa relación promedio: Río Gallegos llega a 66 empleados por concejal; San Salvador de Jujuy y San Fernando del Valle de Catamarca, a 32; mientras que Córdoba presenta la ratio más baja del país, con apenas cuatro empleados por edil.
El informe de Fundación Libertad también midió el gasto legislativo por habitante. Las 76 ciudades relevadas concentran en conjunto 23,8 millones de personas, y el gasto promedio es de $14.709 por habitante al año. En el extremo superior, Ushuaia lidera con $114.075 por habitante, seguida por Río Gallegos ($84.065), Río Grande ($80.142), Rawson ($74.461) y San Miguel de Tucumán ($59.672). En el extremo opuesto se encuentran Comandante Fernández ($2.181 por habitante), Santiago del Estero ($2.644), La Matanza ($2.846), Florencio Varela ($3.783) y Morón ($3.842), todas muy por debajo del promedio nacional.
Entre las ciudades grandes, Córdoba ($13.066) y Rosario ($18.426) presentan valores cercanos al promedio, aunque Rosario registra un costo por habitante casi 40 % superior. San Miguel de Tucumán, por su parte, constituye una excepción entre los grandes centros urbanos, con un gasto legislativo muy superior al del resto.
En sus conclusiones, Fundación Libertad sostiene que estos datos no solo exhiben disparidades notorias entre municipios, sino que también plantean la necesidad de mayor eficiencia, transparencia y racionalización del gasto legislativo local. De acuerdo con la organización, los Concejos Deliberantes deben fortalecerse como instituciones de control y representación ciudadana, pero también ajustarse a un contexto donde la austeridad y el buen uso de los fondos públicos son imprescindibles.
