Radio FM Amistad
La intervención del Puerto de Ushuaia dejó de ser una versión periodística para convertirse en un acto administrativo documentado, firmado y con número de expediente. Sin embargo, tanto el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, como el gobernador Gustavo Melella, optaron por negar públicamente la medida, pese a que la documentación oficial del Gobierno nacional dice exactamente lo contrario.
En las últimas horas de 2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), conducida por el funcionario libertario Iñaki Miguel Arreseygor, dispuso formalmente la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, invocando las facultades otorgadas por el DNU N.º 3/25. La decisión quedó plasmada en la Nota NO-2025-139247837, fechada el 16 de diciembre, un documento oficial que detalla fundamentos, plazos y obligaciones para la Provincia.
Qué establece la intervención que la Provincia desconoce
El texto oficial es contundente. La ANPYN dispone el inicio del proceso de intervención administrativa ante el riesgo de que se vean comprometidas la seguridad y la operatividad del puerto, y fija un plazo improrrogable de 10 días para que la Dirección Provincial de Puertos ponga a disposición de Nación al personal afectado a la operación y administración portuaria.
El objetivo declarado es garantizar la continuidad operativa durante el período de intervención, regularizar las condiciones de seguridad y revertir el déficit de infraestructura detectado. El plazo de la intervención se establece en 12 meses, con posibilidad de prórroga mediante acto fundado.
Pese a la claridad del documento, desde el Gobierno fueguino se insiste en negar la existencia misma de la intervención.
Negación política y discurso de victimización
El presidente de la DPP, Roberto Murcia, aseguró públicamente que no existe notificación oficial alguna y calificó la medida como un intento de “avasallamiento” por parte del Gobierno nacional. Incluso sostuvo que los plazos “estarían suspendidos” porque la Provincia solicitó vista del expediente, una afirmación que no anula ni deja sin efecto un acto administrativo ya emitido.
Murcia también negó irregularidades en el manejo de fondos y defendió la gestión provincial, argumentando que los recursos observados por Nación estaban destinados a obras de infraestructura. En paralelo, anticipó que, si la intervención avanza, el Ejecutivo fueguino judicializará la medida en el fuero federal.
Mientras tanto, el gobernador Melella acompaña la línea de negación, evitando reconocer una decisión nacional que ya cuenta con respaldo normativo y administrativo.
Un puerto estratégico y un conflicto que escala
El propio documento de la ANPYN subraya el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia para la Argentina, no solo por su posición bioceánica y su cercanía con la Antártida, sino también por su rol económico, logístico y geopolítico.
Desde Nación advierten que la falta de inversiones y el deterioro de la infraestructura podrían afectar el posicionamiento argentino en el escenario global, argumento central utilizado para justificar la intervención.
La situación expone una contradicción política y administrativa de alto impacto institucional: mientras Nación deja constancia escrita de la intervención, fija plazos concretos y firma el acto, la Provincia opta por desconocer los hechos, hablar de persecución política y ganar tiempo con declaraciones públicas.
La pregunta que queda abierta es: ¿cómo se puede negar una intervención que existe en papel, con firma, expediente y respaldo legal?
En un contexto de creciente tensión entre Nación y Provincia, el Puerto de Ushuaia se convierte en un nuevo foco de conflicto, con consecuencias económicas, institucionales y estratégicas para Tierra del Fuego.
