El Gobierno nacional declaró la educación como servicio esencial.

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU 340/2025), el Gobierno nacional amplió el listado de actividades consideradas «esenciales», incluyendo por primera vez al sistema educativo, y estableció nuevas restricciones al ejercicio del derecho a huelga. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, obliga a garantizar un funcionamiento mínimo del 50 al 75% de los servicios, incluso en situaciones de conflicto laboral.

 
La norma modifica el régimen vigente hasta el momento, que consideraba como esenciales únicamente a servicios sanitarios, la provisión de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. A partir de ahora, se suman sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el transporte marítimo y fluvial, los servicios portuarios, las operaciones aduaneras, y la educación en niveles inicial, primario, secundario y especial, entre otros.

Según el artículo 3 del decreto, “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las garantías de prestación de servicios mínimos”. El texto especifica que en el caso de los servicios esenciales, la cobertura mínima durante una huelga no podrá ser menor al 75%, mientras que en los servicios de “importancia trascendental”, ese piso será del 50%.

 
Esto implica que, por primera vez, las instituciones educativas de niveles obligatorios deberán mantener al menos la mitad de su funcionamiento habitual, aún durante medidas de fuerza gremiales.

Desde el oficialismo, la decisión se enmarca en una política más amplia de desregulación de sectores estratégicos, especialmente en el ámbito de la marina mercante. Por eso, el decreto también cuenta con la firma del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y de otros ocho ministros del gabinete.