La Justicia confirmó la legalidad del llamado a elecciones constituyentes

El Juzgado de Instrucción N°1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del juez Sergio Pepe, dictó una sentencia donde cerró definitivamente la investigación sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la Casa de Gobierno por el dictado del Decreto Provincial que estableció la fecha para las elecciones constituyentes provinciales para el pasado 10 de noviembre. Tras la extensa instrucción, que incluyó pericias informáticas forenses, análisis de documentación, y la toma de declaraciones testimoniales de múltiples testigos, el juez determinó la falta de pruebas suficientes para sustentar la acusación de delitos penales contra los funcionarios públicos investigados.

La investigación se centró en dos aspectos principales. El primero, la supuesta manipulación de la fecha de un decreto provincial, fue descartado por el juez debido a la insuficiencia de evidencia que demostrase la intención fraudulenta por parte de los funcionarios implicados. Tal como consta en la sentencia, el peritaje informático dispuesto por el Tribunal determinó que los actos que formaron parte del llamado a las elecciones para reformar la constitución se realizaron dentro del marco de legalidad, descartando cualquier intención de engañar o falsear la fecha del dictado del Decreto de convocatoria.

El magistrado enfatizó la inexistencia de las presuntas irregularidades formuladas en la denuncia y descartó la intención de cometer delito alguno en el proceso eleccionario, al descartar la hipótesis de la presunta falsificación documental. En base a los peritajes y testimonios recabados, detalló que la evidencia no logró demostrar la presencia de irregularidades en el procedimiento, descartando así la posibilidad de una acusación penal por falsificación ideológica.

En segundo lugar, la investigación analizó la supuesta comisión de abuso de autoridad por parte de ciertos funcionarios que, tras la aprobación de una ley que creó nuevos cargos públicos, los asumieron.  El juez, en su análisis, determinó que aunque pudieran existir posibles irregularidades administrativas en el proceso de designación de esos cargos, las pruebas presentadas fueron insuficientes para configurar un delito de abuso de autoridad.  Para que se configure este delito, según el fallo, se requiere la demostración de una acción deliberada por parte del funcionario, con la intención de violar la ley o de usar su autoridad de manera arbitraria e ilegal, ocasionando un perjuicio claro y concreto.  En este caso, la evidencia recolectada no demostró la existencia de tal intención, ni la efectiva ocurrencia de un perjuicio que justificara la imputación de un delito.

La decisión del juez Pepe, que fue notificada al Superior Tribunal de Justicia, pone punto final a una de las causas más resonantes del 2024, ya que oportunamente se había allanado la Casa de Gobierno con la intervención de la Gendarmería Nacional.

Contrariamente a las versiones que se intentaron instalar mediáticamente por entonces, el fallo resalta la importancia de la contundencia de las pruebas y de la correcta aplicación del derecho penal, descartando las presuntas irregularidades administrativas denunciadas. La denuncia había sido radicada por el abogado riograndense Paulino Rossi.

Finalmente, el archivo de la causa, por inexistencia de delito, confirma la necesidad de una sólida fundamentación probatoria para sustentar acusaciones de carácter penal, protegiendo la presunción de inocencia y evitando el uso indiscriminado del derecho penal en casos donde las pruebas no respaldan la imputación.