Radio FM Amistad
Una iniciativa que gana fuerza en distintas provincias del país propone avanzar hacia una mayor transparencia fiscal mediante la obligación de que los comercios discriminen en los tickets de compra los impuestos provinciales y tasas municipales que hoy se encuentran incorporados en el precio final. El objetivo central es que el consumidor pueda identificar con claridad aquellos gravámenes locales que suelen permanecer “ocultos” en cada operación.
Actualmente, la mayoría de los comprobantes solo exhiben el monto total a abonar y, en algunos casos, el IVA, sin detallar otros tributos que inciden directamente en el valor de bienes y servicios. Entre ellos se destacan el impuesto a los Ingresos Brutos y distintas tasas municipales, como las vinculadas a seguridad e higiene, que impactan en el precio pero no siempre son visibles para quien compra.
La propuesta es promovida por la ONG Lógica, que sostiene que el acceso a esta información constituye un derecho básico del ciudadano y una herramienta clave para fortalecer la vida democrática. Desde esa mirada, conocer cuánto del gasto cotidiano se destina a impuestos locales permitiría no solo tomar mayor conciencia sobre la presión tributaria, sino también exigir una mejor administración y destino de los fondos públicos.
En la práctica, la iniciativa busca que el comprador deje de ser un sujeto pasivo frente a los impuestos que paga y pueda evaluar con mayor precisión el peso del Estado provincial y municipal en su economía diaria. La exposición de estos montos, además, podría funcionar como un límite a incrementos discrecionales de tasas, al quedar reflejados de manera explícita en cada ticket.
Si bien la Ley Nacional de Transparencia Fiscal ya contempla la discriminación de impuestos nacionales, la adhesión de provincias y municipios a este esquema es, por ahora, voluntaria. En ese marco, distritos como Chubut y Mendoza ya avanzaron con medidas que permiten detallar los gravámenes locales en los comprobantes, mientras que otras jurisdicciones analizan mecanismos similares.
Incluso sin una normativa específica, se promueve que comercios y grandes cadenas adopten esta práctica de forma anticipada, amparándose en el derecho de los consumidores a recibir información “adecuada y veraz”. Más allá de los cambios técnicos que implicaría en los sistemas de facturación, el debate abre la puerta a un cambio cultural profundo: que el contribuyente pueda controlar, comprender y cuestionar de manera activa la presión impositiva que enfrenta en cada compra cotidiana.
