Procesaron a Bechis y ex dirigentes de la UEJN

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Martínez de Georgi, procesó por administración fraudulenta a ex directivos de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) seccional Tierra del Fuego, entre ellos el ex secretario general del gremio Luis Bechis.

El pronunciamiento también les imputó el mismo ilícito al ex secretario de finanzas del sindicato, Daniel Vidal y al ex secretario gremial, Lucas Méndez Stiglich.

Los procesamientos sin prisión preventiva consideran a los acusados como “prima facie” responsables de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y les traba embargos que van desde los 40 a los 60 millones de pesos.

En la causa 2604 del año 2022, originada a raíz de una denuncia del propio secretario de la UEJN a nivel nacional, Julio Piumato, se investiga el otorgamiento irregular de créditos por parte del sindicato en Ushuaia a afiliados del gremio, lo que habría derivado en un perjuicio patrimonial de unos 10 millones de pesos de la época.

También se analiza la utilización de departamentos pertenecientes al sindicato (ubicados en las calles Las Margaritas 266 y Hol Hol 1257) que en lugar de ser alquilados a afiliados se ofrecían como alojamiento temporal para turistas en la plataforma Booking.

“Ayudas sociales reintegrables”

El juez Martínez de Georgi dio por demostrado que los gremialistas utilizaron “el patrimonio nacional de la UEJN, que les fue confiado en una parte a raíz de sus cargos en la Seccional N° 1 de Tierra del Fuego” para “otorgar préstamos de dinero, sin autorización del Banco Central y fuera de todo sistema financiero”.

Esos créditos, que los acusados llamaban “ayudas sociales reintegrables” eran descontados en cuotas del sueldo de quienes los recibían, a través del Superior Tribunal de Justicia.

Los intereses que se cobraban, así como los plazos de devolución del dinero, eran acordados en cada caso en particular, sin ninguna formalidad.

En sus declaraciones indagatorias, tanto Bechis como los demás miembros del gremio dijeron que los préstamos se concedían como una “asistencia humanitaria y financiera al afiliado”, y que las tasas de interés que se cobraban eran al solo efecto de no desfinanciar la seccional.

“Lo cierto es que, sin importar los motivos por los cuales se otorgaban los préstamos dinerarios, no se trató de un hecho aislado para un caso en particular, sino que era una práctica sistemática de carácter financiero, efectuada fuera de todo tipo de margen normativo, y sin autorización de la Comisión Directiva Nacional”, observó el juez de la causa.

Para el magistrado, el patrimonio de la UEJN no pertenecía solo a la sede fueguina, por lo que tanto los créditos como el alquiler temporario de los departamentos debió ser autorizado por el sindicato nacional.

Los acusados incurrieron en un “abuso de confianza en la administración de los bienes de la UEJN al no cumplir con los procedimientos establecidos por el estatuto gremial y comprometer el patrimonio de la unión”, concluyó De Georgi.

Beneficiarios conocidos

Entre las personas que recibieron los préstamos irregulares del gremio judicial figuran algunas conocidas. Por ejemplo, la entonces secretaria del Juzgado de Familia 2 de Ushuaia, Anahí Petrina, hoy jueza del mismo juzgado.

Petrina declaró en la causa y admitió que solicitó esos créditos “en varias oportunidades”, y que los gestionaba directamente con Vidal vía WhatsApp. Dijo que el monto se depositaba en su cuenta y luego era descontado en cuotas de su sueldo, muchas veces sin el pago de intereses. Y que no se firmaba ningún papel.

Otro que recibió préstamos irregulares fue Héctor Fabián Igarzabal, afiliado a la UEJN y allegado al juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto Loffler.

Igarzaban relató que los fondos “no provenían de la cuenta sindical, sino directamente de “las cajas de Bechis o Vidal”, que se gestionaban por llamadas o mensajes con ellos, y que los intereses aplicados podían variar entre un 35% y un 50%, con dependencia del “ánimo de los señores”.

Este afiliado agregó que la operatoria se asemejaba a una “cueva financiera”, ya que se otorgaban préstamos con intereses diferenciados según la relación personal con los solicitantes y sin el marco legal correspondiente a una mutual o entidad habilitada.

La defensa

Al momento de defenderse de estos cargos, Bechis (y en la misma línea los demás acusados) declaró que los recursos pertenecían a un fondo provincial del gremio, y admitió que en muchos casos se transferían a su cuenta bancaria personal, o la de su pareja, pero que después eran rendidos ante la comisión directiva.

Según Bechis, las ayudas “no eran créditos informales no autorizados por el BCRA”, porque el objetivo era “la solidaridad gremial y asistencia humanitaria a afiliados”, una práctica que “no estaba prohibida ni tampoco se hacía a espaldas de la Comisión Directiva Nacional”.

“Los bienes gestionados por la seccional fueron rendidos siempre de forma transparente y nunca se generó un perjuicio económico”, insistió el ex líder sindical.

A su vez, en referencia al alquiler de los departamentos del gremio por Booking, manifestó que “no estaba prohibido y que tenía como fin generar mayores ingresos para la seccional”.

Repercusiones

Conocido el procesamiento contra la ex cúpula de la UEJN, las actuales autoridades del gremio emitieron un comunicado en el que resumen los argumentos del fallo y sostienen que “la anterior conducción utilizó el gremio como herramienta para fines espurios, personales y ajenos al interés común, traicionando la confianza de la base afiliada y degradando la dignidad de nuestra organización”.

Al mismo tiempo agregan que “cuando el gremio cae en manos de quienes buscan beneficios personales, el daño no solo es económico: es moral, colectivo y profundo. Pero también demuestra que cuando el sindicato se organiza, investiga, denuncia y actúa con firmeza, la verdad prevalece”.