
Empresarios de Córdoba piden apoyo total a la modernización laboral de Javier Milei
El G-7 y la Unión Industrial exigirán a los legisladores del peronismo cordobés que voten sin ambigüedades la modernización.


El retraso de más de cinco meses en los pagos de la OSEF genera un escenario límite en las farmacias de la provincia. Sin interlocutores ni cronograma, el sector evalúa suspender la atención con cobertura. El abastecimiento podría verse afectado en los próximos días si no hay respuesta oficial.
Provinciales14/01/2026
Radio FM Amistad


Las farmacias de Tierra del Fuego se encuentran nuevamente al borde de cortar la atención a afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), ante una deuda acumulada desde agosto de 2025. La situación, lejos de ser una novedad, forma parte de un ciclo repetido de incumplimientos que esta vez amenaza con derivar en consecuencias concretas sobre la provisión de medicamentos a la comunidad.
“Estamos al límite. Nos adeudan desde agosto y no tenemos más crédito con las droguerías”, explicó Ignacio Naguila, referente del sector farmacéutico. Según detalló, el abastecimiento actual se sostiene únicamente gracias al esfuerzo financiero de las propias farmacias y a un nivel de endeudamiento con proveedores que ya llegó a su techo. “Nosotros calculo que el crédito que tenemos nos va a estar aguantando hasta el viernes. Después de eso, hay que tomar medidas”, advirtió.
La dinámica de pagos es insostenible. “Los medicamentos que brindamos los pagamos a los 15 días, y a nosotros nos están pagando seis meses después. El esfuerzo que hacemos es realmente importante, pero tiene un límite”, afirmó. La consecuencia directa de ese desfasaje financiero es que el corte del servicio no se toma como medida de fuerza, sino como única vía posible para evitar el desabastecimiento general.
“Si a mí me cortan el crédito y no puedo comprar más medicamentos, dejo sin atención a todos: a PAMI, a Swiss Medical, a Sancor, a OSEF, a quien sea. El problema no es solo para un afiliado: es para la comunidad”, remarcó.
Naguila también cuestionó la lógica del Estado fueguino, que exige cumplimiento inmediato de las obligaciones fiscales, pero no actúa con la misma reciprocidad. “Uno tiene un montón de obligaciones con el mismo gobierno, el mismo Estado, y si te atrasas un día ya tenés multa. Pero ellos nos deben hace seis meses. Nosotros hacemos la tolerancia, ponemos el hombro, pero llega un punto en que ya no se puede más”, dijo.
La falta de respuesta institucional también agrava el cuadro. “No tenemos contacto con nadie. Ni siquiera informal. No hay un interlocutor designado. Hace bastante tiempo que no hay ningún tipo de trato”, afirmó. Actualmente, el vínculo contractual de las farmacias con la obra social se canaliza a través de la Cámara de Farmacias, pero no hay novedades, ni avances, ni diálogo fluido. “Cada vez que preguntamos si hay novedades de los pagos, la respuesta es siempre la misma: no hay novedades”, resumió.
El vacío institucional no se limita a las autoridades políticas designadas. Tampoco hay acercamiento por parte de los directores gremiales que representan a trabajadores y jubilados en el directorio de OSEF. “No se han acercado nunca, ni siquiera en los momentos de corte. Absolutamente nadie se interioriza por lo que está pasando”, señaló.
Naguila fue categórico al rechazar una posible solución basada en promesas. “Lo que no necesitamos es un cronograma. Necesitamos el pago. Si una autoridad que no te cumplió durante cinco años quiere hacer un nuevo cronograma, las probabilidades de que uno le crea son muy bajas”, sostuvo. Para el sector, el único camino posible para restablecer la confianza es la concreción del pago total o parcial de la deuda. “A partir de ahí, se puede generar una nueva historia, pero la obra social necesita ser confiable”, indicó.
A pesar del escenario crítico, el sector farmacéutico no ha trasladado aún el conflicto al afiliado. “Hoy seguimos dando la prestación, pero sin ningún respaldo de OSEF. La atención la sostenemos nosotros solos. Pero eso tiene un límite, y el límite es el crédito”, explicó. Y agregó: “Hay que diferenciar entre cortar la cobertura y no tener medicamentos. Hoy podríamos decir que no damos la cobertura, pero seguimos teniendo el medicamento. Si esto se prolonga, ni una cosa ni la otra”.
Naguila también remarcó que otras obras sociales, incluso estatales, están cumpliendo con cierta regularidad. “Con PAMI no tenemos ningún problema. Siempre puede haber algún atraso menor, pero está dentro de lo aceptable. Hoy el problema está exclusivamente con la obra social provincial”, enfatizó.
El riesgo, advirtió, no es solo económico: es sanitario. “Si seguimos estirando más, la parte sanitaria se va a ver afectada. Y eso nosotros, como profesionales, no lo podemos permitir”, afirmó.
La situación, que se repite de forma cíclica desde hace años, ya no admite nuevas postergaciones. “Uno antes decía: un poquito más, un poquito menos… Ahora no. La situación es crítica. Y el desgaste también. Nosotros seguimos cumpliendo, seguimos pagando sueldos, aguinaldos, aportes. Pero el Estado no cumple. Te exigen todo, pero no te dan nada”, sentenció.
Por último, advirtió que el corte de atención no es una amenaza ni una medida política: es una consecuencia inevitable. “Nosotros no estamos haciendo un paro. Estamos avisando que, si no hay respuesta, no vamos a poder seguir. Así de simple. Si no pasa nada, el sistema va a colapsar”, concluyó.



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El mandatario provincial valoró el acuerdo que consolida a Terra Ignis como eje de la política energética fueguina y aseguró que permitirá cuidar el trabajo, el ambiente y mejorar la calidad de vida de las familias.

El secretario general de AMET, Juan Carrizo, denunció descuentos indebidos de hasta el 80% del salario, atrasos en el pago a docentes que trabajan desde agosto y alertó sobre la falta de financiamiento educativo tras la derogación de los pisos nacionales. También cuestionó el uso irregular de horas cátedra y pidió una revisión integral del gasto estatal.

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El Ejecutivo aprobó un esquema tarifario para los servicios de agua y saneamiento en Ushuaia y Tolhuin. Mantiene el ajuste automático mensual por fórmula polinómica, pero redefine el índice aplicable, modifica exenciones para hogares vulnerables, incorpora nuevas zonas y categorías tarifarias.

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La Vicegobernadora vetó de manera total la ley sancionada por la Legislatura que pretendía elevar del 20 al 28% la coparticipación municipal sobre las regalías hidrocarburíferas. El Gobierno calificó la iniciativa de “desproporcionada e irracional”. Cuestionó además la afectación sobre compromisos financieros asumidos por la provincia.

El subsecretario de Manejo del Fuego pidió extremar precauciones ante la alta peligrosidad. Recordó que solo se puede hacer fuego en áreas expresamente autorizadas por la Secretaría de Ambiente y que el incumplimiento puede derivar en sanciones. En lo que va del verano ya se labraron más de 15 actas por infracciones.

Datos oficiales del Gobierno provincial indican que entre comienzos de diciembre y los primeros días de enero se registró un fuerte movimiento de salida de fueguinos hacia el continente, concentrado principalmente por el paso San Sebastián.

El convenio abarca deudas por suministros de agua y saneamiento correspondientes exclusivamente a 2025. Incluye quita total de intereses y recargos moratorios, pero aplica una tasa financiera del 2,5% mensual. La primera cuota vence este viernes 16 de enero.

Sin freno de mano se deslizó sin control por una pendiente. El siniestro vial ocurrió durante la madrugada del lunes último, instantes después de que su conductor descendiera.

La presidenta de la obra social estatal, Mariana Hruby, explicó el accionar médico y administrativo en el caso de Oscar Mauricio Ulloa, cuestionó la difusión de información descontextualizada y aseguró que todas las decisiones se tomaron priorizando la seguridad del paciente y con apego a los protocolos clínicos vigentes.

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El exdiputado nacional y dirigente de Somos Fueguinos, Ricardo Garramuño, lanzó duras críticas contra el Ejecutivo municipal de Ushuaia y el Gobierno provincial. Cuestionó la ordenanza que regula Uber, denunció intereses políticos detrás de su implementación, advirtió sobre la crisis de gestión y rechazó de plano la reforma de la Constitución fueguina.

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