Radio FM Amistad
El Poder Ejecutivo provincial vetó de forma total el proyecto de ley aprobado por la Legislatura el pasado 22 de diciembre, que proponía modificar el régimen de coparticipación municipal de las regalías hidrocarburíferas y elevarlo del 20% vigente al 28%. La decisión quedó formalizada el pasado lunes 12 con la firma del Decreto 042/26, publicado ayer en el Boletín Oficial.
El Gobierno fundamentó el veto en la ausencia de estudios técnicos que respalden la iniciativa legislativa, tales como análisis de impacto económico, ambiental o sobre las reservas hidrocarburíferas, lo que “expone a la Provincia a riesgos de inestabilidad en su matriz productiva” y compromete la planificación financiera de mediano y largo plazo.
Califica la pretensión legislativa, rechazada únicamente por los 3 legisladores de la bancada oficialista y la del bloque Sumemos Tolhuin, como desproporcionada e irracional, y alerta que además pondría “en riesgo la prestación de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia”.
Se advierte que el proyecto fue tratado “sobre tablas” y vinculado a un presunto beneficio fiscal contenido en el Acuerdo de Prórroga de concesiones a favor de Terra Ignis, ratificado por la Ley Provincial N° 1605. Sin embargo, el Ejecutivo remarca que dicho acuerdo -relativo a las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego, secciones A, B, C, D y E- mantiene el esquema de regalías originalmente pactado con YPF S.A.
Desde el Ministerio de Economía se advirtió que la promulgación de la ley vetada hubiera puesto “en riesgo el cumplimiento de compromisos asumidos por la Provincia, dado que parte de los ingresos provenientes de las regalías se encuentran afectados al pago de obligaciones financieras, entre ellas la deuda externa contraída en 2017 y recientemente reestructurada”. En ese sentido, se sostuvo que el incremento de la coparticipación municipal comprometería ingresos estratégicos del Estado provincial y desdibujaría el régimen vigente, concebido para sostener servicios públicos esenciales de competencia provincial.
En la misma línea, la Agencia de Recaudación Fueguina calificó la medida “como desproporcional”. El organismo señaló que, “aun en el hipotético caso de haberse otorgado algún beneficio impositivo a favor de Terra Ignis Energía S.A., la pérdida real para los municipios habría sido de aproximadamente 1,3 millones de dólares durante la vigencia de la prórroga, mientras que el aumento pretendido implicaba una suba estimada en más de 14,7 millones de dólares, cifra que excede con creces cualquier potencial detracción, resultando absurda e incongruente a la realidad económica del acuerdo celebrado”.
El decreto recuerda que la Constitución Nacional establece que la coparticipación debe basarse en criterios objetivos, equitativos y solidarios, y que debe guardar relación con las competencias y funciones de cada jurisdicción. En ese marco, el Ejecutivo sostiene que “la modificación introducida resulta desproporcional e irracional, desnaturalizando el régimen integral de coparticipación naturalmente variable y volátil, transgrediendo asimismo principios de razonabilidad y responsabilidad fiscal”.
Añade que la Constitución Provincial establece que la organización de la economía y el aprovechamiento de las riquezas provinciales deben orientarse al bienestar general, lo que exige preservar el equilibrio financiero del Estado por lo que “el incremento de la coparticipación municipal, sin correlato en la transferencia de servicios o competencias resulta contrario a los principios constitucionales de razonabilidad, equidad y responsabilidad fiscal, en tanto traslada enteramente la responsabilidad sobre el bienestar general a la Provincia, beneficiándose inequitativamente el erario municipal a expensas del detrimento de los ingresos provinciales, poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos previamente asumidos y la prestación de servicios esenciales, como salud, educación, seguridad” y otros. Por estos motivos, el Poder Ejecutivo resolvió vetar en su totalidad la norma y devolver el proyecto a la Legislatura Provincial, conforme lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Provincial, para su eventual tratamiento posterior.
