La mitad de los delitos están vinculados con violencia de género y abuso sexual

El jefe de fiscales, Dr. Eduardo Urquiza, dialogó con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia sobre el rol que le compete y aportó datos sobre el mapa del delito, que se concentra más en la zona norte que en la capital fueguina, y la característica de los mismos, dado que en su mayoría están relacionados con violencia de género y abuso sexual.
“Hemos iniciado un camino de reestructuración de los procesos que desempeña el Ministerio Público Fiscal. En Río Grande pusimos especial atención por el mayor flujo de casos penales, en contraste con lo que es el distrito sur o Ushuaia. El distrito norte incluye a Tolhuin, y también allí tenemos una representación”, dijo.
En materia de delitos “hay una variación de lo que es el norte con lo que es el sur. En los dos hay una gran representación en el mundo del hampa de los delitos contra la integridad sexual, más allá de los de género; luego están los delitos contra la propiedad y los delitos contra las personas. Río Grande es la locación de más intensidad de delitos contra las personas y justamente estamos tratando de acotar las divergencias de opinión y concentrar en un área única para que haya mayor calidad en la imputación inicial y en el desarrollo de la investigación”, señaló.
Respecto de la estructura a su cargo, indicó que “estoy a cargo de la fiscalía que actúa ante el Superior Tribunal y luego en cada uno de los distritos hay dos fiscales mayores. El equipo de trabajo lo completan los agentes fiscales. Tenemos la misma cantidad de fiscales en el distrito norte y en el distrito sur, actualmente vacante en este caso”.
“El Ministerio Público Fiscal tiene como función impulsar la acción penal y lo hace ante los jueces que tienen competencia penal. Los fiscales somos peticionantes ante los tribunales y, por la esencia misma de los roles, quienes debemos estar más cercanos a la comunidad somos los que trabajamos en el Ministerio Público Fiscal. Estamos intentando mejorar todos los días, con escasos recursos y alcanzar la meta de acercarse de manera eficaz a los denunciantes y/o víctimas”, manifestó.
“No es una actividad estática y hay que actualizarse en forma permanente. Hemos hecho un proceso de discriminar los hechos penales por temáticas, en el distrito sur lo tenemos más desarrollado y de a poco estamos avanzando en el norte. Un claro ejemplo son las fiscalías de género: primero arrancamos en el distrito sur y tiempo después se dio inicio en el norte. En Ushuaia tenemos tres fiscales y estamos haciendo permanentemente el revalúo del flujo de casos, hemos tenido la posibilidad de incorporar más personal al Ministerio Público, y estamos intentando realizar el acopio de información para su análisis, y distribuir los recursos de una manera más eficaz”, detalló.
Estimó que “los casos de género no superan el 15 ó 16% del total de casos, pero a eso se le suma todo el contexto de género y ahí trepamos al 50%. El contexto de género son delitos que no son los descriptos como violencia de género pero que están en la fase previa al femicidio. Hablamos de amenazas, desobediencia, violación de domicilio, daños, hurtos, que no están estrechamente vinculados con la norma penal que define los delitos de género, pero se realizan en este contexto. Todo eso va a parar a las fiscalías tematizadas. Por la mayor cantidad de casos son tres en Río Grande y en Ushuaia tenemos dos. Vamos completando los equipos para tener algo razonable para la asistencia de víctimas. Hoy tenemos dos psicólogos en la zona norte y en la zona sur tenemos otras dos psicólogas, que colaboran con los fiscales”, informó.
“También se agrega a todo ese universo a los niños, niñas y adolescentes, y todo el universo de delitos contra la integridad sexual o la libertad sexual. Estamos hablando de un abanico importantísimo de casos y de a poco los vamos organizando en base a esta tematización, porque consideramos que es la mejor manera para responder eficientemente”, planteó.
Aseguró que “de a poco se va notando el cambio, demora tiempo en ver resultado, pero de a poco se ve a la luz que vamos por buen camino. Testeamos lo que ya hicimos para ver de qué forma podemos profundizar estos cambios”.
“Grosso modo, estamos hablando de un 50% en contexto de género más abusos sexuales, más todo aquello que hace a la vida intrafamiliar, que generalmente tiene afectados a niños, niñas y adolescentes”, sintetizó.
Consultado sobre las razones de esta alta incidencia de violencia contra la mujer y abuso sexual, señaló que hasta el momento se desconoce “el fenómeno delictivo en todo este abanico de casos. Estamos trabajando y eso vendría en una etapa posterior, porque es necesario acudir al conocimiento científico con el que no contamos en el Ministerio Público, para poder hacer un estudio serio del punto de vista criminológico y conocer las causas del fenómeno. En líneas generales no está tan desentonado con el resto de las provincias”, advirtió.
“Son casos de máximo interés de la sociedad y los fiscales somos quienes tenemos que estar más cerca de la sociedad y escuchar permanentemente sus demandas, para brindar satisfacción lo más rápido posible. Una de las grandes demandas de la sociedad de Tierra del Fuego ha sido justamente la demora en la investigación de delitos contra la integridad sexual o la libertad sexual. Sigue habiendo dificultades, pero estamos encaminados. Los fiscales de momento no tenemos a cargo las investigaciones penales, quienes investigan son los jueces y es un sistema medio extraño, porque los fiscales después tenemos que ir a un juicio y formalizar una acusación con la investigación que hacen los jueces de instrucción”, observó.
Dentro del cuerpo de profesionales, mencionó que “la dirección pericial tiene psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, que es lo más demandado en esta especie de delitos. Están esos recursos, pero son limitados y a veces es necesario realizar encuentros, diálogos, conversaciones e intercambio de opiniones para escuchar lo que tiene cada actor para decir, para lograr mayor celeridad. Muchas veces no es por escasez de recursos sino por cómo nosotros desarrollamos nuestra actividad particular. Estamos intentando ir hacia una idea horizontal, donde las jerarquías están un poco desdibujadas, para potenciarnos como equipo y no de manera individual”, fijó como meta.

Prevención a la comunidad

El Jefe de Fiscales destacó la labor de prevención que se viene realizando. “En Río Grande, en los delitos en general, los fiscales vienen trabajando en la comunicación social para advertir a los ciudadanos sobre las distintas modalidades que utilizan los delincuentes para provocar estafas. Sobre todo, con la aplicación de las nuevas tecnologías, como el uso de billeteras virtuales, hay una gran cantidad de defraudación o estafas mediante esos medios. En la inmensa mayoría de casos de estafas es casi imposible pensar en alcanzar una condena pero, a pesar de que eso se logre, el interés fundamental es recuperar el capital perdido. Eso no se logra porque el uso de las tecnologías tiene una velocidad que hace imposible correr por detrás para lograr recuperar el capital perdido. Entendemos que la mejor manera que nosotros podemos intervenir con la comunidad es justamente advertir de manera permanente para evitar que esto acontezca”, expresó.

Pérdida de documentación

Consultado sobre el caso puntual del juez Leonelli, en el que se perdió material probatorio, dijo que “yo no puedo involucrarme en forma directa en el caso porque los fiscales operan con libertad y no deben recibir ninguna instrucción particular para que se comporten de determinada manera frente a un caso concreto. Esto fue denunciado por la propia persona y está en investigación; en algún momento tendremos una respuesta. Se estaban pidiendo informes para conocer el recorrido y más detalles no puedo dar. Ni bien se formuló la denuncia, los fiscales actuaron. Uno no espera que estas cosas ocurran, pero suceden y hay que hacerse cargo, prevenir y hacer lo que corresponda”.

Judicialización de la política

Por otra parte, se le preguntó sobre la presentación de inconstitucionalidad de la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional, y si esto es una judicialización de la política. “Las personas tienen derecho a presentar demandas y hacer denuncias. A nosotros nos rige un principio fundacional en la Argentina, que es el principio republicano y la forma de gobierno republicana. Uno de los caracteres del republicanismo es la separación de funciones. Es tradicional la jurisprudencia de la Corte Suprema de intentar delimitar qué asuntos son judiciables y cuáles no. Claramente de fondo acá estamos hablando de un proyecto que involucra al pueblo, que tiene el derecho político a ejercer el sufragio. Desde ese punto de vista es un tema donde los jueces no deberían involucrarse”, opinó.
A propósito de la reforma, se le consultó qué modificaciones en la Constitución deberían realizarse, relacionadas con la Justicia. “El Consejo de la Magistratura es un tema importante y de interés de la sociedad. También desde el punto de vista del Ministerio Público, porque quienes formamos parte tanto de la acusación como de la defensa no formamos parte de ese Consejo. No sabemos qué sucede en esas reuniones y nos encantaría formar parte de ese órgano. En una época se decía que los fiscales eran representantes del pueblo y, según la Constitución, representan el interés general de la sociedad. Los jueces están sometidos a la imparcialidad, pero nosotros estamos sometidos al principio de objetividad y nos tenemos que ajustar a lo que nos revelan los hechos y las pruebas”, manifestó.

Sobrefacturación en OSEF

En cuanto a las denuncias públicas de la representante de ATE en OSEF Elvia Agüero, quien dijo que no pudo radicar la denuncia formal porque necesitaba de un abogado, aclaró que cualquiera puede presentarse sin pagar tasa judicial. “De OSEF hemos tenido muchas denuncias, ya sea de funcionarios que han venido a denunciar, de empleados que han venido a denunciar a funcionarios y la noticia de un supuesto delito la conocemos a partir de que hay una persona que se presenta a la fiscalía o en una comisaría o en un juzgado, que son las tres bocas para ingresar denuncias”, dijo.
“Puntualmente sobre este tema no tenemos noticias de que se hayan presentado denuncias al respecto. No está de más decir que, quien quiera formular una denuncia, se presenta en la fiscalía y se la vamos a recepcionar como corresponde. El que viene a la fiscalía a radicar una denuncia penal no tiene que pagar ninguna tasa. La persona tiene derecho a denunciar para que se inicie una investigación penal. Después se verá si esa denuncia es o no un hecho punible. El derecho a presentarse a denunciar lo tiene todo el mundo”, subrayó.

Integración nacional

El Jefe de Fiscales hizo referencia además al trabajo integrado que se intenta realizar con otras provincias. “Cada provincia tiene su realidad. No hace muchos nos sumamos a una organización nacional, que es el Consejo de Procuradores. Es un órgano de todos los Ministerios Públicos de cada una de las provincias más la ciudad de Buenos Aires. A fin de mes está la reunión anual en Misiones. Ahí estamos viendo que estamos totalmente desconectados, porque no hace mucho que empezamos a tener este vínculo institucionalizado. Nosotros formamos parte del Observatorio de Violencia de Género, que hace un relevamiento de todo el país y del resto de los delitos. Nuestra visión es manejar y tener injerencia en la política criminal, para poder definir políticas de criterios de oportunidad que no sean aleatorias o por ocurrencia de un fiscal, sino que esté institucionalizado en una política criminal determinada. Para eso nos hacen falta recursos técnicos y científicos, y estamos limitados para hacer convenios. En términos institucionales dependemos de la Corte de la provincia”, señaló.

Capacitación a policías

Por último, habló sobre la importancia de contar con una policía judicial y del trabajo que se realiza con la policía de la provincia, como auxiliares de la justicia. “Es un tema importantísimo. Debería existir una policía judicial, porque una carrera policial vinculada con el poder judicial tiene infinidad de ventajas, inclusive para el operador de la agencia policial. En la zona sur tomamos como elemento de comunicación la ley de flagrancia, que el Ministerio Público tiene como dirección. Por ahí son hechos nimios pero implican un acercamiento con la policía como auxiliar de la justicia. Son procesos sumarísimos y hay que finiquitarlos en ese tiempo, por lo que es necesaria la comunicación con la policía. Hemos recogido observaciones para poder mejorar y al mismo tiempo damos las pautas de trabajo para lograr la meta de eficacia, dentro de un proceso sumarísimo. Ahora lo vamos a llevar al norte y tengo fe en que va a salir todo bien porque he hablado con funcionarios policiales y hay buena predisposición a trabajar”, concluyó.