Nueva ola migratoria: “No podemos cargar con esa asistencia”

 La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Dra. Adriana Chapperón, fue consultada por FM Del Pueblo sobre los datos aportados por el Registro Civil sobre la llegada de nuevos pobladores del continente. Se calcula que aproximadamente tres mil personas se han trasladado a Tierra del Fuego y se espera una nueva ola migratoria en septiembre, por lo que se prevé llegar a fin de año con unos seis mil migrantes.
Los cambios de domicilio a Tolhuin son bajos y en la zona norte hay una mayor concentración de migrantes, según se informó.
“La situación ya es muy difícil y en la medida que siga llegando gente buscando el trabajo que no encuentra en el norte, se va a complicar, porque tampoco nosotros tenemos en la provincia una reactivación productiva que permita que consigan un trabajo como pasó en otras épocas”, planteó la ministra.
A diferencia de otras olas migratorias, en esta oportunidad “se están trasladando familias enteras con niños, que no tienen vivienda ni trabajo. Muchas veces vienen traídos por sus propias familias, pero no es fácil vivir en casa de otros. En Tierra del Fuego los alquileres son altos, el costo de vida es más alto y todo esto complica la situación”.
“La Constitución de nuestro país permite que cualquier ciudadano esté donde quiera estar, pero uno apela a que tengan conciencia antes de trasladarse con todo su grupo familiar. En otra época se trasladaba el jefe de familia e iba convocando al resto cuando conseguía trabajo, pero hoy esto no está pasando. Vienen familias enteras y es un problema, porque están más resentidos los recursos y cuando esas familias se quedan en situación de calle y no consiguen trabajar, vienen en busca de poder volver a su provincia. Esto no está siendo fácil para el Ministerio”, manifestó.
“Nosotros tratamos en principio de que vuelvan a su provincia, porque tampoco podemos cargar con esta asistencia, porque los recursos están disponibles para las personas que viven en la provincia. Hacemos el mejor esfuerzo para poder ayudar, pero las ayudas que se piden son múltiples, por servicios que no se pueden pagar, por alquileres, hay gente que se quedó sin trabajo y necesita ayuda, estamos asistiendo a 28.000 personas con módulos alimentarios y hemos implementado una tarjeta que les da un monto de dinero para elementos de limpieza, aseo personal y algunos alimentos que no están en los módulos. Hacemos el máximo esfuerzo pero es una situación difícil para todos”, subrayó.
“La situación es crítica en todo el país, por la falta de reactivación de la producción y el empleo. Se ha logrado combatir la inflación, que era muy importante, pero hoy se necesita que se reactive la producción y el empleo, porque lo que nos está pasando a nosotros evidentemente pasa en el resto del país”, sostuvo.
Advirtió que el gobierno nacional conoce esta situación porque “los datos son del RENAPER y el gobierno nacional sabe perfectamente cuáles son las personas que van de un lugar a otro. Nosotros esta percepción la tenemos por los empleados del Registro Civil. Hay cambios de domicilio de personas que se han mudado dentro de la provincia, pero hay muchas personas que llegan del norte con su familia, tratando de encontrar una situación un poco mejor”, dijo.
“Cuando se encuentran acá sin vivienda, sin trabajo, en una situación de calle o de hacinamiento familiar, con el clima hostil que tiene nuestra provincia, la cosa se empieza a complicar. Los fondos del gobierno nacional claramente no llegan, se han cortado todos los programas y el único que sigue vigente en nuestro Ministerio es el programa Alimentar. Hay muchas personas que reciben este programa a través de ANSES, pero el resto de los programas de acompañamiento a la niñez, a la vejez y a las mujeres en situación de violencia se han cortado”, señaló.

Relevamiento nacional

Por otra parte, dio cuenta del relevamiento que están haciendo autoridades del gobierno nacional. “Ha venido gente de nación a hacer un relevamiento de los comedores comunitarios, para tratar de incorporarlos a un programa que se llama Alimentar Comunidad. Hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es brindar toda la información que tenemos. Todavía está en la provincia gente del gobierno nacional que ha venido a corroborar esos datos en el territorio. Están visitando los comedores para ver si realmente están funcionando y cuáles son las zonas donde se encuentran”, detalló.
“Hay muchas dificultades en la zona de la margen sur de Río Grande, en las zonas altas de Ushuaia y han podido corroborar toda la información que nosotros ya les venimos mandando desde el año pasado. Ojalá haya alguna reactivación de programas, que son muy necesarios para paliar esta situación crítica. Por ahora no se vislumbra que se reactive la producción y el empleo, que es lo que está necesitando el país entero”, remarcó.
Espera que, al momento de distribuir recursos, no entre a jugar la política y terminen “en provincias con gobernadores más afines al pensamiento del gobierno nacional. Nosotros todavía no hemos recibido nada y llevamos un año y siete meses de esta gestión. Los datos los estamos compartiendo con ellos desde el mismo momento que lo solicitaron, pero hace más de un año que estamos cruzando datos, con un sistema que tienen ellos mismos en nación, que les permite identificar a las personas en estado de vulnerabilidad”, expresó.
“Nosotros estamos entregando alimentos, llevamos alimentos a los comedores, entregamos elementos para viviendas porque en nuestra provincia hay muchos incendios y, de todo lo que se entrega, se cruzan los datos con nación, para que corroboren que acá no hay ninguna cosa que no puedan ver. En esta oportunidad decidieron venir ellos mismos y, por lo que me comenta la gente de los comedores, se están llevando una buena impresión y están viendo que los datos que pasamos son absolutamente veraces”, indicó.

Llegada imposible

Respecto de los alimentos almacenados en galpones de Buenos Aires, planteó la imposibilidad de traerlos, porque el transporte aéreo es muy caro y, para llegar por tierra, se exige documentación en la frontera que la provincia no tiene y nación no puede dar. “En algún momento tuvimos a disposición mil frazadas pero no las pudimos traer, por la documentación que nos requiere Migraciones y Aduana para pasar por la frontera. Estaría bueno que supieran a través de sus legisladores nacionales cómo se llega a la provincia, porque esto no es el Conurbano bonaerense donde contratan un camión y llega la mercadería. Acá hay que pasar por Chile para traer mercadería y se necesita determinada documentación que no hemos podido conseguir”, explicó.

Discapacidad y vejez

También se refirió a la ayuda que se brinda a personas con discapacidad y tercera edad en estado de vulnerabilidad social. “La cantidad es variable mes a mes porque nosotros tenemos la obligación de revisar cada una de las pensiones RUPE que se entregan, por discapacidad y por vejez. Lo que vamos a pagar a fin de mes por discapacidad suma 1.100 millones de pesos, y tenemos 68 pensiones por vejez que suman 38.399 millones. Esto es lo que la provincia está pudiendo hacer, hay muchísima demanda, el año pasado estuvimos resolviendo situaciones que venían sin resolverse después de la pandemia y dimos 110 altas en el caso de discapacidad y 70 bajas. Este año hemos dado 92 altas y 44 bajas. El número va variando, porque las personas que tienen las pensiones deben cumplir con los requisitos de la ley. A veces hacen una nueva junta médica y el paciente ha mejorado, en ese caso el porcentaje de discapacidad ya no alcanza para lo que establece la ley. Una cosa es evaluar a un niño y otra cosa es evaluar a un adulto, en este caso lo que uno evalúa ya no es el auto desenvolvimiento sino la capacidad laboral. También hay personas que se van a vivir fuera de la provincia y la ley específicamente dice que esto es para la gente que vive en Tierra del Fuego. Si la personas decide vivir en otro lugar, cuando esto se detecta, la pensión es dada de baja”, informó.
“Al revisar uno va encontrando situaciones que no corresponden y esas son las bajas. El año pasado recibimos alrededor de 40 pedidos de pensión mensuales y eso es imposible de cumplir. La ley también establece que debe haber disponibilidad presupuestaria para las vacantes. En la medida que tenemos vacantes, vamos otorgando las pensiones. Cuando se da de baja una pensión se da de alta otra, para ir compensando de alguna manera”, apuntó.
“Además de los 1.100 millones que se destinan a discapacidad y lo que se destina a vejez, se hace el pago de la cobertura de obra social y este año llevamos más de 2.600 millones de pesos. Hay muchísima erogación de dinero, que es necesaria, pero el recurso es finito y no se puede dar la respuesta a todos. Hacemos lo imposible pero no podemos cumplir con todos”, concluyó.