Tribunal de Cuentas Recomiendan la baja de los “Fideicomisos de Obras Públicas I y II”

Transcurridos ya más de 5 años desde que la Legislatura autorizara al Poder Ejecutivo Provincial a constituir con parte de los fondos que obtuvo la provincia por la colocación del bono TFU27  “uno o más fideicomisos” para financiar la ejecución de distintas obras públicas, el Tribunal de Cuentas solicitó al Gobernador que considere avanzar en la extinción y liquidación de los “Fideicomisos de Obras Públicas I y II”, ya que desde 2021 a la fecha no se les transfirieron los 91 millones de dólares comprometidos.

El 29 de diciembre del 2020, con el voto favorable de 11 legisladores, la negativa de Jorge Colazo y María Victoria Vuoto y la ausencia de Laura Colazo y Daniel Rivarola, se autorizó en la Ley de Presupuesto 2021 “al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la cesión de activos a favor de uno o más fideicomisos para la adecuación de los recursos obtenidos por la aplicación del Artículo 12 de la Ley Provincial N° 1132 con el objeto de financiar la ejecución de obras de infraestructura empleando otras fuentes y mecanismos de financiamiento, ya sea en beneficio de los acreedores o los proveedores de la Provincia, así como de una mejor administración de tales recursos, en condiciones que resulten ventajosas a los intereses de la Provincia, pudiendo actuar la Provincia en condición de fiduciante y el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego en condición de fiduciario. Asimismo, autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir los instrumentos que resulten necesarios para alcanzar el objetivo del presente artículo y a aprobar las condiciones contractuales y financieras de dichas operaciones”.

En marzo de 2021, el gobernador Melella dispuso en los decretos 537 y 626 ceder “a favor de los Fideicomisos de Obras Públicas I y II, a suscribirse entre el Gobierno de la Provincia, en condición de Fiduciante, y el Banco de Tierra del Fuego, en carácter de Fiduciario, U$D 65.215.312,30 y USD 25.963.016,68 respectivamente”, pero tal se desprende de la Resolución Plenaria 83/25 del Tribunal de Cuentas, hasta mediados del pasado mes de junio si bien “los Fideicomisos de Obras Públicas I y II se encuentran vigentes desde su constitución” a esa fecha “no existen Responsables Institucionales a los citados Fideicomisos (…) no se han generado movimientos y no se aperturaron cuentas ni se han emitido órdenes de pago al respecto”, por lo que  los Tribunos entienden “corresponde solicitar al Titular del Poder Ejecutivo, en su calidad de Fiduciante en los citados contratos, informe a este Cuerpo Plenario de Miembros, si se ha considerado ejecutar las cláusulas de extinción y liquidación de los Contratos de Fideicomiso”