Radio FM Amistad
Pintos valoró el pedido del fiscal Ballester-Bidau de anular el fallo de Cámara y recusar al juez Alejandro Fernández, por su presunto vínculo societario con Leonelli. Sin embargo, advirtió que la fiscalía “se quedó corta” al omitir otras posibles infracciones, como violación de deberes de funcionario público, acceso indebido a sistemas judiciales, y la falta de notificación a posibles víctimas que aparecen en las imágenes digitales que originaron la causa. “El fiscal debió avanzar también sobre el artículo 248 del Código Penal y la Ley 27.372, que protege a las víctimas. No se notificó a ninguna persona que aparece en esas fotos, que podrían haber sido menores en 2016 y hoy tendrían derecho a presentarse en la causa”, alertó.
Pintos también apuntó contra el fideicomiso inmobiliario compartido por Fernández y Leonelli, al señalar que los jueces tienen prohibido por ley participar de sociedades comerciales. A su vez, pidió investigar el origen de los fondos del emprendimiento, insinuando que podría derivar en una causa por lavado de dinero de competencia federal.
Denuncia por los seguros y vínculos con Melella
Sobre la causa por los seguros provinciales que involucra al empresario Martínez Sosa y al gobernador Gustavo Melella, Pintos recordó que en 2023 presentó una denuncia luego de que se desplazara al Banco de Tierra del Fuego como intermediario de seguros para beneficiar al empresario, vinculado al expresidente Alberto Fernández, y hoy procesado por una maniobra similar a nivel nacional. “Acá fue incluso más burdo que a nivel nacional. Se desarticuló una estructura institucional para beneficiar directamente a Martínez Sosa con millones en comisiones”, afirmó.
También criticó que la causa haya sido cerrada sin ninguna medida probatoria por la jueza María Barrionuevo: “No se pidió ni un informe, nada. La justicia fueguina no investiga cuando hay funcionarios públicos involucrados”, sostuvo.
Pintos aseguró que el caso aún no está cerrado definitivamente, ya que el rechazo del requerimiento fiscal no causa estado y el delito no prescribe por tratarse de funcionarios públicos. Adelantó que tras la feria judicial podría presentar nuevamente la denuncia o instar su reapertura.
Finalmente, reclamó mayor compromiso del Poder Judicial fueguino: “Parece que viven en una burbuja, ajenos a lo que pasa en la sociedad. El Ministerio Público debería actuar de oficio en estos casos evidentes. La impunidad no puede ser la regla cuando hay tanta evidencia pública”.
