La infraestructura educativa sigue en emergencia

En el marco de la octava sesión ordinaria del año, los parlamentarios fueguinos aprobaron el sábado una serie de proyectos de ley, entre los que se cuentan una modificación a la normativa previsional que facilita las condiciones para que los jubilados que reingresen a la actividad puedan requerir la redeterminación de su haber de pasividad;  otra nueva prórroga a la emergencia edilicia educativa y de Programa de Fortalecimiento en infraestructura educativa; y de Resoluciones, como la que ratificó el Convenio Marco de Asistencia Técnica  y el programa de Fortalecimiento institucional celebrado con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires .

También, y por tratarse de la última sesión ordinaria del 2024, se procedió a la elección de las autoridades de Cámara, lo que arrojó como dato político significativo, pero no sorpresivo, el desplazamiento del mopofista Damián Löffler de la Vicepresidencia 1ª y su reemplazo por la oficialista Myriam Martínez; la designación del también oficialista Federico Sciurano en la Vicepresidencia 2ª y el nombramiento de un cercano colaborador de la legisladora Gisela Dos Santos (del bloque unipersonal Sumemos Tolhuin) como Prosecretario Legislativo.

Recálculo del haber jubilatorio con menos años de aportes

Si bien la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, y que había recibido dictamen favorable el pasado viernes 13, proponía que los jubilados que reingresen a la actividad por un plazo no menor a 4 años puedan requerir la redeterminación de su haber de pasividad en función de los nuevos aportes realizados, los legisladores resolvieron finalmente fijar el nuevo requisito en un “plazo no menor de 5 años”. Es decir, reducir a la mitad los 10 años de nuevos aportes requeridos hasta ahora en la ley 561. Esta flexibilización contó con el respaldo unánime de los legisladores.

Además, por unanimidad se aprobó hasta fin de año la continuidad de la ley que suspendió las ejecuciones hipotecarias en perjuicio de los tomadores de créditos UVA, como así también el proyecto que suspendió hasta el 31 de diciembre del 2025 los plazos procesales en los juicios iniciados por el Fondo Residual.

Emergencia por mayoría

Como viene ocurriendo desde septiembre de 2022, hasta fines del año venidero la provincia continuará en estado de emergencia en materia de Infraestructura Educativa en los establecimientos de gestión estatal.

A diferencia de lo ocurrido al momento de las sanciones de las leyes 1431 (declaración original de la emergencia) y la 1501 (prórroga hasta el 31 de diciembre 2024), la nueva extensión de la emergencia y de la vigencia del Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Educativa resultó aprobada en votación dividida, ya que los legisladores de la Libertad Avanza, Coto y Gracianía, y del MPF, Löffler y Villegas, votaron en contra. El cambio de postura de Löffler y Villegas, que tanto en 2022 como en 2023 habían votado a favor de la emergencia, no fue explicado por los Legisladores.

De acuerdo a la información aportada por la cartera educativa, la reducción de plazos para la contratación de las obras y los fondos afectados al programa desde fines de 2022 posibilitaron intervenir en la totalidad de los 135 edificios educativos de la provincia, y realizar obras de refacciones, actualización y mantenimiento de los sistemas de calefacción; cambio de ventanas, puertas internas y puertas de emergencia; cambió de luces; mejoramiento de equipamiento y redes sanitarias; trabajos de pintura y mantenimiento de techos.

También por mayoría, el Ejecutivo logró que, a 9 meses de presentado, la Legislatura ratificara el Convenio Marco de Asistencia Técnica y el Convenio Programa de Asistencia Técnica, referentes a la prestación de cursos de capacitación, trabajos de investigaci6n, asistencia técnica y asesoramiento técnico para el desarrollo de la actividad denominada "Programa de Fortalecimiento institucional", celebrados el 8 de febrero con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las voces cantantes en contra de este convenio fueron las de Villegas (MPF) y Coto (LLA). El mopofista señaló que el convenio, de 4 años de duración, demandará a la provincia una erogación superior a los 1200 millones de pesos, que no estaría justificada ya que, a su entender, los trabajos contratados con la UBA podrían ser realizados por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, e incluso algunos ellos por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina.

El oficialista Greve recordó que la Provincia viene firmando con la UBA este tipo de convenios desde 2019, sin que hasta ahora hayan sido cuestionados, y que todas las dudas e interrogantes que pudieran existir en torno a ellos habían sido evacuadas en las reuniones de comisión de presupuesto, de las que “no todos participaron” señaló.