Radio FM Amistad
Sobre el filo del plazo fijado por la constitución para que pueda hacer uso de esa facultad, y argumentando falta de sustento técnico y afectación patrimonial el Poder Ejecutivo vetó totalmente dos proyectos de ley que habían sido aprobados en la sesión realizada el lunes 15 de diciembre del año pasado.
Las dos iniciativas impulsadas por la bancada del PJ habían contado con el respaldo unánime de los legisladores.
Mediante decreto 18/26, la Vicegobernadora a cargo del Ejecutivo vetó ayer el proyecto pro el cual se autorizaba al Poder Ejecutivo “a ceder sin cargo a favor de la Municipalidad de Ushuaia, con destino a la vía pública” el dominio de dos sectores de un inmueble del que es titular la Dirección Provincial de Puertos.
En el considerando se precisa que se consultó la opinión de la DPP, y que el Ente Autárquico informó “que el inmueble objeto de la cesión integra su patrimonio exclusivo, no formando parte del dominio privado del Poder Ejecutivo Provincial, encontrándose afectado a fines portuarios y logísticos estratégicos”.
Desde el Ejecutivo se sostiene que el proyecto “carece de antecedentes técnicos
suficientes que acrediten un interés público provincial concreto que justifique el desprendimiento del patrimonio de un ente autárquico”, y que la iniciativa “vulnera el principio de especialidad y el régimen jurídico de los entes autárquicos” por cuanto autoriza “al Poder Ejecutivo a disponer sin cargo de un bien que no le pertenece, sin previa desafectación legal ni intervención del organismo titular del dominio”. Este proyecto, de autoría del legislador Juan Carlos Pino, contaba con dictamen de comisión respaldado, entre otros, por la oficialista Myriam Martínez.
Igual suerte corrió el proyecto que en abril del 2024 había presentado la legisladora Victoria Vuoto para brindar un alivio a las alicaídas finanzas de la Universidad de Tierra del Fuego y del Centro Austral de Investigaciones Científicas y Técnicas. A tal fin, la propuesta, aprobada durante la 4 sesión ordinaria de 2025 y vetada ayer mediante decreto 19/26, disponía “la exención por 2 años del pago del 100% de los servicios de agua, cloacas y energía eléctrica a favor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), en todas sus sedes ubicadas en la ciudad de Ushuaia y Tolhuin y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), en todas sus sedes ubicadas en la ciudad de Ushuaia”, e invitaba al Municipio de Río Grande y a la Cooperativa eléctrica de aquella ciudad a disponer igual beneficios para esas instituciones.
Tanto la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios como la de Energía objetaron que la norma les “impone obligaciones patrimoniales sin identificación de fuente de financiamiento, afectando su patrimonio y vulnerando el principio de especialidad que rige su actuación”. Sostienen también que el proyecto “no cuenta con respaldo presupuestario cierto ni con previsión expresa de los recursos necesarios, configurando un mandato legal de cumplimiento imposible y contrariando los principios de legalidad del gasto público, razonabilidad y responsabilidad fiscal”, y que “la exención total y no compensada compromete la sustentabilidad de los servicios públicos esenciales de energía eléctrica y de agua potable y saneamiento, poniendo en riesgo su adecuada prestación y trasladando costos al resto de los usuarios del sistema”. Argumentos estos que son plenamente compartidos por las máximas autoridades políticas de la Provincia.
