Gastos por $2,74 billones y déficit de casi $138 mil millones

El propio Ejecutivo reconoce una estructura de gasto con un elevado componente rígido, principalmente por salarios, servicios esenciales, transferencias, contratos y obligaciones financieras, a lo que suma la reducción o discontinuidad de programas, obras y transferencias que anteriormente tenían financiamiento nacional.

Control de caja y empleo público

Una de las claves del proyecto es que contar con crédito presupuestario no garantizará automáticamente su ejecución. Durante 2027, Economía administrará las autorizaciones de gasto según el comportamiento efectivo de la recaudación y la disponibilidad de caja.

La pauta macroeconómica utilizada contempla una inflación interanual del 21,5% a diciembre de 2027, crecimiento real del 3,2% y un dólar de $2.017. Para el gasto salarial, sin embargo, se tomó como referencia la masa salarial estimada a diciembre de 2026, incorporando sólo un crecimiento vegetativo del 4% y sin prever inicialmente ajustes adicionales por inflación.

En materia de personal, el Presupuesto fija 11.450 cargos de planta permanente y no permanente para el Poder Ejecutivo, sin contar docentes, más 700 autoridades superiores. Para el sistema educativo se contemplan 6.950 cargos docentes y hasta 1.008.000 horas cátedra. En conjunto, entre la planta del Ejecutivo y el escalafón docente se autorizan 18.400 cargos.

El proyecto congela durante todo 2027 la cobertura de las vacantes existentes al finalizar 2026 y de las que se produzcan posteriormente, salvo excepciones para servicios prioritarios y siempre que existan recursos. También crea un régimen de retiro voluntario para agentes permanentes con al menos diez años de antigüedad, excluyendo médicos y otros profesionales sanitarios, policías y penitenciarios. Podrá alcanzar hasta el 5% de los cargos y los puestos correspondientes a quienes adhieran serán eliminados, por lo que no podrán volver a utilizarse.

Topes para pensiones

El Presupuesto asigna $38.351,8 millones al régimen RUPE y fija un máximo de 2.050 beneficiarios. Las nuevas altas sólo podrán otorgarse a medida que se liberen cupos por bajas o caducidad de beneficios. También establece un máximo de 266 beneficiarios para las pensiones de veteranos de la Guerra de Malvinas, garantizando los recursos necesarios para su pago.

Deuda y financiamiento para obras

El servicio de la deuda provincial demandará $83.268 millones durante 2027. Paralelamente, el Ejecutivo solicita autorización para obtener hasta $50.000 millones de nuevo financiamiento destinado exclusivamente a infraestructura. Entre las obras incluidas figuran la segunda etapa del nuevo Hospital Regional Ushuaia, la refuncionalización del Hospital Regional Río Grande, Barrancas del Río Pipo, centros de salud, redes eléctricas, de agua, cloacas y gas, infraestructura educativa, residencias para adultos mayores y un nuevo centro para personas con discapacidad.

La ejecución, sin embargo, dependerá de la obtención efectiva de los fondos. El proyecto también fija en $100.000 millones el Programa de Letras del Tesoro, que podrá garantizarse con recursos de Coparticipación Federal una vez descontada la parte correspondiente a los municipios. Además, propone habilitar al Ejecutivo a obtener financiamiento de hasta doce meses para cubrir desequilibrios estacionales de caja por un monto de hasta el 10% del gasto del ejercicio.

Suspensión de beneficios y cambios tributarios

Uno de los cambios de mayor impacto recaudatorio es la suspensión durante 2027 de las reducciones de Ingresos Brutos para contribuyentes cumplidores. El régimen vigente contempla descuentos del 15% o del 8% para quienes acreditan regularidad fiscal. Con la suspensión, esos contribuyentes pasarán a pagar el 100% del impuesto determinado. El Ejecutivo podrá además prorrogar la medida por otro año.

A esa decisión se suman cambios en las alícuotas. En IIBB no hay un aumento generalizado: la extracción de petróleo y gas baja del 3% al 1,5%. Como el FFSS permanece en 1,5%, la carga conjunta de ambos conceptos se reduce del 4,5% al 3%.

En sentido contrario, el incremento se concentra en el FFSS. Los servicios agrícolas, pecuarios y forestales pasan a tributar 4,25% de ese fondo y, sumado al 0,75% de IIBB, llegan al 5%. En los servicios de apoyo a la pesca, el IIBB sigue en 0,25%, pero el FFSS sube de 0,50% a 4,75%, llevando la carga conjunta del 0,75% al 5%. Para los servicios de apoyo a la minería, excluidos petróleo y gas, el FFSS aumenta de 1,50% a 2%, con una carga conjunta de 5%.

A ello se suma el FOFISP para las actividades alcanzadas, con especial incidencia en el sector financiero y asegurador. En distintas actividades bancarias, el esquema vigente contempla 3,75% de IIBB, 1,50% de FFSS y 4% de FOFISP.

El proyecto también reforma Sellos, dejando en cero la alícuota para alquileres destinados a vivienda única, familiar y permanente, mientras determinados alquileres comerciales, industriales o primarios quedan alcanzados por una tasa del 15 por mil.

Además, AREF deberá transferir a la Cuenta Única del Tesoro el 4,20% de la recaudación incremental generada por las reformas tributarias.

Más recursos afectados

Otra modificación relevante es el financiamiento del Fondo para la Atención de Personas sin Cobertura Social, que pasará a recibir automáticamente el 7% de todo lo recaudado por Ingresos Brutos antes de la distribución secundaria. Esto le otorga una fuente estable al sistema de salud, pero reduce la masa de recursos disponible para distribuir entre Provincia y municipios.

El proyecto también afecta el 20% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural: 10% para Vialidad Provincial, exclusivamente para mantenimiento de caminos y sin posibilidad de utilizarlo en salarios; 5% para el Programa de Manejo de Poblaciones de Perros y otro 5% para el Programa de Incendios Forestales.

El Presupuesto 2027 expone así una combinación de déficit, control de caja, restricciones sobre el empleo público, límites a determinados regímenes de pensiones, cambios tributarios y utilización selectiva del endeudamiento. Las obras seguirán formando parte de la agenda, pero quedarán condicionadas a la existencia de financiamiento efectivo. En ese escenario, los $2,74 billones autorizados como gasto funcionan como un techo y no como una garantía de ejecución: el nivel real de actividad del Estado dependerá de los recursos que efectivamente ingresen durante el año.