Cuál es el costo fiscal del cambio en la coparticipación que piden las provincias y cuáles serían las más beneficiadas

Un proyecto de ley respaldado por un amplio consenso de gobernadores propone modificar el esquema de asignación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), eliminando la discrecionalidad actual en favor de un sistema automático de distribución basado en los criterios de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Según un estudio elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, esta reforma implicaría para el gobierno nacional un costo fiscal de $269.465 millones durante el segundo semestre de 2025.

El proyecto, actualmente en discusión en el Congreso, apunta a automatizar el reparto del 100% de los recursos que integran el Fondo de ATN, en línea con los coeficientes de coparticipación vigentes. En la actualidad, esos fondos son asignados discrecionalmente por el Ministerio del Interior para atender emergencias o desequilibrios financieros provinciales. No obstante, según explica el informe, “la tradición es una gran sub ejecución o, dicho de otra manera, que la Nación se apropia de la mayor parte de los recursos que ingresan al Fondo”.

El Fondo de ATN se forma, principalmente, con el 1% de la masa coparticipable neta y con el 1% del componente coparticipable del Impuesto a los Bienes Personales. Hasta 2017, también se incluía el 2% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Estos recursos, aunque se originan automáticamente a partir de la recaudación, son administrados en forma discrecional por el Poder Ejecutivo nacional.

De acuerdo con el informe del Ieral, entre enero de 2017 y junio de 2025 el Fondo ATN acumuló ingresos por $8,6 billones (en valores constantes de 2025), pero sólo se transfirieron a las provincias el 48% de esos fondos. El restante 52% “quedó acumulado en las cuentas del gobierno nacional”.

El estudio también remarca que “cuando la recaudación no se distribuye en su totalidad en el período fiscal anual, si bien el gobierno nacional no puede destinar los recursos a otros fines, los fondos no distribuidos disminuyen el gasto nacional y por ende pasan a formar parte del resultado fiscal”.

El comportamiento de baja ejecución tuvo su punto más alto en 2024. Ese año, el fondo devengado fue equivalente al 0,12% del PBI, pero solo se distribuyó a las provincias el 0,01% del producto. La diferencia —según Ieral— fue de $881.296 millones, que el gobierno nacional “evitó gastar” gracias a la subejecución. En caso de haber estado vigente el proyecto de ley, el informe señala que las provincias habrían recibido recursos por el equivalente al 0,07% del PBI.