DPE aportará $2.600 millones para mantenimiento del parque de generación

Con el fin de contar con recursos presupuestarios para hacer frente a aquellas contrataciones complementarias a las ya tramitadas para la contratación de mantenimientos mayores de los equipos de generación TG7, TG8, TG11, TG13 y TG 14 de la Central Termoeléctrica Ushuaia”, el Ministerio de Energía requirió, en el marco de la emergencia energética declarada en mayo del año pasado, un aporte económico de $2.600.000.000 a la Dirección Provincial de Energía

Los recursos en cuestión se destinarán específicamente a “afrontar las operaciones complementarias de importación de bienes de capital críticos para el sistema de generación eléctrica  vinculadas a los servicios de despachante de aduana, logística, transporte internacional y nacional, así como para cubrir las diferencias cambiarias generadas desde la firma del acuerdo con el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMPF), garantizando de esta manera la correcta nacionalización y traslado de los bienes adquiridos”.

En la primera reunión de este año, el Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina autorizó un financiamiento por 16.000 millones de pesos para que la Provincia pueda hacer frente a las erogaciones necesarias para someter a la Turbina Rolls Royce y a las 4 turbinas Taurus de la Usina de Ushuaia a un proceso de reparación, mantenimiento y actualización que permita asegurar un suministro eléctrico confiable y continuo para la ciudad capital.

Pero recién a mediados del mes pasado se formalizó el primer desembolso, por 4.500 millones de pesos, por parte del FAMP. La demora en la liberación de ese primer desembolso no sólo demoró valiosos meses el plazo para la realización de los trabajos contratados con las empresas Siemens, a la que se le pudo cancelar el 80% del costo de los repuestos necesarios para la Rolls Royce, y Solar, a la que se le pagó el adelanto financiero del 10% del overhaul de las 4 turbinas Taurus, sino que también obligó a la provincia a tener que renegociar las condiciones de pago”, según preciso a mediados de mayo pasado la Ministra de Obras Públicas, a cargo también del Ministerio de Energía, Gabriela Castillo.