La ley de protección animal será uno de los debates que el oficialismo, o sus aliados principales, como el PRO, buscará dar durante el próximo año. Está entre las prioridades de la agenda. En qué estado se encuentra y cuáles son las sanciones que impone a los infractores.
Politica27/12/2024
Radio FM Amistad
Estado, Javier Milei, y que busca modificar la Ley de Maltrato Animal para aumentar las penas. El legislador del bloque amarillo mantiene reuniones en Casa Rosada en busca de acuerdos para avanzar con esta ley.
En ese sentido, Arabia le dijo a TN que la idea principal es “agravar las penas para los maltratos y crueldad, que hoy van entre los 15 días y un año”. El proyecto busca que se den penas severas, “que no solamente se aumentan hasta los tres años, sino que, además, generarán multas por un determinado número de salarios mínimos, vitales y móviles”. Y agregó: “Es un tema muy importante donde hay gente muy preocupada por los últimos casos de los perros encerrados en los autos por sus dueños mientras hacen compras en los centros comerciales. Son hechos que conmueven mucho y es relevante cambiarlo”.
Las sanciones monetarias, que impulsa Damián Arabia, no están contempladas en la actual legislación. Utilizan una unidad fija (de medición) de Salario Mínimo, Vital y Móvil para los casos de maltrato y crueldad. En los casos convencionales será de entre cinco y 30 salarios mínimos, vitales y móviles. En caso de agravamiento, como delitos sexuales o muerte del animal, serán de entre 100 y 200 salarios mínimos, vitales y móviles, además de la pena de prisión.
Por último, se tipifican nuevas conductas como el abandono -que es la principal incorporación- y hechos de crueldad como la utilización de animales en ritos o actos sexuales. Se tomaron para este proyecto antecedentes legales de los Estados Unidos y de varios países europeos.
Las sanciones monetarias, que impulsa Damián Arabia, no están contempladas en la actual legislación. Utilizan una unidad fija (de medición) de Salario Mínimo, Vital y Móvil para los casos de maltrato y crueldad. En los casos convencionales será de entre cinco y 30 salarios mínimos, vitales y móviles. En caso de agravamiento, como delitos sexuales o muerte del animal, serán de entre 100 y 200 salarios mínimos, vitales y móviles, además de la pena de prisión.
Por último, se tipifican nuevas conductas como el abandono -que es la principal incorporación- y hechos de crueldad como la utilización de animales en ritos o actos sexuales. Se tomaron para este proyecto antecedentes legales de los Estados Unidos y de varios países europeos.
Los proyectos en el Congreso
Hay diez iniciativas ya presentadas en la comisión de Legislación General, que preside el libertario Santiago Santurio, y otras en la de Legislación Penal, que encabeza Laura Rodríguez Machado (PRO).
Entre los proyectos, se encuentran los de los diputados radicales críticos Manuel Aguirre y Pablo Juliano (Democracia para Siempre). La que lleva la firma de Juliano modifica las sanciones y destaca que quien aplique malos tratos a los animales será reprimido con prisión de seis meses a tres años, y una multa de una a 50 veces del valor del salario mínimo, vital y móvil. Para quien cometa actos de crueldad contra los animales, la pena se elevará a un año de mínima y cinco años de máxima y una multa de 25 a 100 veces el valor del salario mínimo, vital y móvil.
En sus fundamentos, Juliano señala: “Los animales no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor. La norma que se busca reformar fue sancionada en 1954 (fue pionera en su momento en la Argentina y en el mundo), pero no ha sido modificada desde su promulgación. Desde entonces, la sociedad y la temática animal han cambiado en el país y el mundo”.
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El acto oficial de finalización de una nueva etapa de la Ruta Vicuña–Yendegaia, encabezado por el presidente chileno Gabriel Boric, marca el inicio de un plan más ambicioso: potenciar el desarrollo de Puerto Williams, habilitar un muelle para cruceros, consolidar su proyección hacia la Antártida y disputar el actual liderazgo de Ushuaia.
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La 4ª sesión ordinaria del año naufragó por razones no demasiado precisas. La suspensión postergó la definición legislativa sobre la flexibilización de la salmonicultura. También demoró el inicio del análisis del presupuesto 2026 y de la cesión de áreas hidrocarburíferas de YPF a Terra Ignis.
El legislador criticó la suspensión de la sesión que debía tratar el presupuesto 2025, el convenio con YPF y proyectos sensibles como la prórroga para evitar ejecuciones hipotecarias de créditos UVA. Denunció “falta de diálogo”, “falta de información” sobre el traspaso petrolero y advirtió que el Ejecutivo empuja silenciosamente un “presupuesto reconducido”.
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