“Comedores fantasmas”: denuncian que los piqueteros recibieron alimentos que no llegaron a los más vulnerables

El Ministerio de Capital Humano presento este martes nueva documentación en la fiscalía de Ramiro González que demostraría que no solo hay comedores que “no existen” sino que en las rendiciones que esgrimía Eduardo Belliboni y otros dirigentes, “surge que recibían alimentos secos que figuraban como destinados a los comedores que asistían a los más vulnerables, pero no existían cuando se realizó la inspección” que realizó la cartera. Es decir, que esa comida terminó en otro lugar.

El pasado 23 de mayo, en una conferencia de prensa que llevó a cabo el Polo Obrero, junto a otras agrupaciones, frente al Congreso de la Nación para negar la existencia de “comedores fantasmas”, Belliboni aseguró: “Sandra Pettovello ha dicho que las organizaciones no rendían alimentos. Quiero mostrar una de las planillas de las miles y miles que durante el año pasado se presentaron, son planillas firmadas por cada persona que recibió la comida, con el logo del ministerio, que nos reclamaba hacer hasta noviembre del año pasado”. Según el dirigente, con esas acusaciones el Gobierno de La Libertad Avanza pretende “criminalizar a los luchadores populares”

Infobae accedió a los entrecruzamientos de datos basados en las escasas rendiciones que presentaron las organizaciones de izquierda y de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para justificar los miles de kilos de alimentos secos que recibieron en el año 2023 por parte del Gobierno de Alberto Fernández, y de los comedores y merenderos a los que supuestamente fueron derivados.

En total fueron 18.685 toneladas. De ese volumen, la Asociación Civil Polo Obrero recibió la mayor cantidad: 4.618 toneladas.

En total fueron el Gobierno de Alberto Fernández distribuyó 18.685 toneladas. De alimentos, de ese volumen, la Asociación Civil Polo Obrero recibió la mayor cantidad: 4.618 toneladas Foto: Maximiliano Luna

En una de esas planillas Excel presentadas ante la justicia constan las direcciones y nombres de 26 comedores “no verificados” en las inspecciones personales que realizó Capital Humano entre el 7 de febrero y el 17 de mayo.

Los lugares pertenecen a organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero, Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán y, entre otros, el Movimiento Evita.

En la columna “ENTREGAS DE ALIMENTOS SECOS 2023″ se lee “en marzo y octubre recibieron alimentos secos para 35 familias”. Y en la columna “OBSERVACIONES DEL RELEVAMIENTO” se describe: “Estaba cerrado. En la dirección declarada no funciona un comedor comunitario, ni merendero. Se dialoga con comerciantes y vecinos de la cuadra”.

Otros dos comedores, ubicados en Berazategui, y que pertenecen a la Corriente Clasista y Combativa, en la documentación archivada en la ex cartera de Desarrollo Social se afirma que “en agosto recibieron alimentos secos para 52 raciones de merienda y entrega de un total de 750 unidades de mercadería”. Sin embargo, cuando los funcionarios de Pettovello fuero a acreditar la existencia del comedor, este no existía.

Sucede lo mismo con otros dos comedores ubicados en La Matanza, uno en Ciudad Evita y el otro en Isidro Casanova. La documentación señaló: “En agosto recibieron alimentos secos para 62 raciones de merienda y entrega de un total de 370 unidades de mercadería”; pero al verificar el lugar “NO FUE POSIBLE ENCONTRAR EL DOMICILIO”. En la documentación presentada ante las autoridades nacionales, ambos comedores figuraban con la misma dirección “inexistente”: “Avenida Crovara 4725″, un hecho que resulta imposible porque se trata de dos barrios distintos de La Matanza ubicados a una distancia de unos ocho kilómetros. Los ejemplos se repiten, “comedores fantasmas” que habrían recibido alimentos, pero que nunca lo fueron o cerraron mucho antes de recibir los alimentos.

En la misma causa, la subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, presentó una auditoría en la que se afirma que de los 3.385 que se relevaron 1.603 “no existen”, esto es el 47,5% y que pudieron ser verificados 1.766, el 52,2% y que en la actualidad son asistidos a través de una tarjeta prepaga a través del programa Alimentar Comunidad.

Ante el fiscal González, Gianni describió que durante la gestión de Unión por la Patria, a través del ex Ministerio de Desarrollo Social: “Pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”.

En la Casa Rosada están convencidos de que los bolsones de alimentos que debían ser destinados a los más vulnerables, en muchos casos se utilizaban como herramienta de extorsión, como quedó plasmado en la causa que por presunta “extorsión” a los beneficiarios del programa Potenciar Trabo investiga el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.

En ese expediente, el magistrado ordenó la declaración indagatoria de 23 dirigentes sociales del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie y el Polo Obrero. De esta última organización piquetera están imputados su líder, Eduardo Belliboni y la mano derecha de este Jerónimo Cantero. A los dirigentes del Polo Obrero también se los indagará por utilizar facturas truchas para “dibujar gastos” en rendiciones de cuentas que debían realizar ante las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social, por convenios destinados para las compras de maquinaria o vestimenta.

En la causa por los “comedores fantasmas” la abogada Gianni afirmó ante la fiscalía federal: “Surge que el gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas ‘Argentina contra el Hambre’”. También conocida como “La Mesa del Hambre”.

Tal como informo este medio, el fiscal Ramiro González solicitó una serie de informes para esclarecer quiénes eran los funcionarios responsables de controlar a los comedores.

La Justicia busca determinar la identidad y participación de “todas las personas que resulten responsables, entre ellos funcionarios públicos que hubieran prestado funciones tanto en la Secretaría de Inclusión Social, en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, en la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Alimentarias, en el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2020 al 10 de diciembre del año 2023, como así también todo funcionario público que se desempeñaran en áreas con vinculación a los hechos”. En la causa se investigan los presuntos delitos “contra la administración pública” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

FUENTE: INFOBAE