Radio FM Amistad
Río Grande no se endeudó, Río Grande no pide salvatajes, Río Grande no pide adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia”. Con esta definición, la secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Río Grande, Dra. Valeria Capotorto, marcó uno de los ejes centrales de su exposición ante el cuerpo de concejales, durante la presentación del Presupuesto Municipal 2027, realizada en las instalaciones del Museo Municipal Virginia Choquintel. La funcionaria defendió la autonomía financiera de la ciudad y advirtió que los compromisos de endeudamiento asumidos por el Gobierno provincial no pueden trasladarse a las finanzas municipales ni comprometer los recursos necesarios para sostener los servicios que reciben los vecinos.
El proyecto contempla recursos totales por $239.505 millones y fue elaborado bajo una premisa central: sostener los servicios públicos, fortalecer la atención sanitaria y social y garantizar la continuidad de las políticas municipales, en un escenario económico marcado por la pérdida de empleo, la caída del consumo y las restricciones financieras.
Capotorto remarcó que el 83% de los ingresos previstos para 2027 corresponde a coparticipación de impuestos nacionales, provinciales y regalías. Por ese motivo, explicó que la disponibilidad efectiva de esos recursos resulta determinante para el funcionamiento del Municipio.
“Río Grande no es un costo dentro de la estructura del Gobierno de la Provincia. La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas a favor de su comunidad”, sostuvo.
La funcionaria insistió en que la coparticipación no constituye una asistencia económica que el Gobierno provincial pueda otorgar según su disponibilidad financiera, sino una obligación institucional de transferir fondos que legalmente pertenecen a los municipios.
En ese sentido, diferenció dos problemas que afectan las finanzas locales: la disminución de los recursos coparticipables como consecuencia de la caída de la actividad económica y las demoras provinciales en transferir fondos que ya corresponden a Río Grande.
Uno de los aspectos más importantes de la presentación estuvo relacionado con la deuda que la Provincia mantiene con el Municipio.
Capotorto recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria de acreencias superior a los $16.132 millones al 31 de agosto de 2026. Según los registros expuestos, desde la presentación del presupuesto esa deuda se incrementó aproximadamente otros $2.000 millones.
También señaló que el Tribunal de Cuentas provincial, en su análisis de la Cuenta de Inversión 2025, había registrado una deuda superior a los $11.000 millones al cierre de ese ejercicio.
La secretaria cuestionó que, pese al acuerdo alcanzado recientemente con el Ministerio de Economía provincial para reducir los plazos de transferencia e impedir nuevos incrementos de la deuda, el Municipio debiera realizar una nueva intimación por diferencias superiores a $650 millones correspondientes a esta semana.
Según explicó, los atrasos obligan a reorganizar permanentemente las disponibilidades financieras y reducen la capacidad de planificación de una administración que debe afrontar salarios, servicios, proveedores y prestaciones esenciales en fechas determinadas.
"Río Grande necesita certezas: transferencias efectivas, oportunas y previsibles", expresó, al remarcar que la ejecución de las políticas públicas no puede depender de la llegada tardía de recursos que legalmente corresponden a los vecinos.
Capotorto también planteó su preocupación por las obligaciones financieras que el Gobierno provincial deberá afrontar durante 2027, especialmente a partir del acuerdo de compensación con Nación, que contempla devoluciones superiores a $78.528 millones más intereses.
Frente a este escenario, remarcó que el Municipio no debe asumir las consecuencias financieras de decisiones de endeudamiento adoptadas por otro nivel del Estado.
La funcionaria explicó que esos compromisos corresponden exclusivamente al Gobierno provincial y no deberían traducirse en nuevas demoras o reducciones de los fondos municipales.
También manifestó preocupación por la falta de definiciones sobre los coeficientes de distribución de la coparticipación, una situación que incorpora incertidumbre tanto para el cierre del ejercicio 2026 como para la planificación del próximo año.
Un presupuesto pensado para acompañar a las familias en medio de la crisis
La presentación incluyó un análisis de la situación económica y social de Río Grande, especialmente por las consecuencias de la crisis industrial sobre el empleo, los ingresos familiares y la actividad comercial.
Capotorto recordó que la desocupación en el aglomerado Río Grande-Ushuaia alcanzó el 8,1% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 6,6% registrado a fines de 2025.
Explicó que la pérdida de puestos de trabajo reduce la capacidad contributiva de las familias y afecta la recaudación municipal, al mismo tiempo que aumenta la demanda de servicios de salud, asistencia alimentaria, acompañamiento social y capacitación laboral.
Frente a esta realidad, destacó que la decisión de la gestión del intendente Martín Perez fue sostener la presencia del Estado municipal y priorizar las políticas de mayor impacto en la vida cotidiana de la comunidad.
Entre las principales asignaciones del Presupuesto 2027 se encuentran aproximadamente $18.682 millones para salud, $6.670 millones para fortalecimiento alimentario, cerca de $38.986 millones para servicios ambientales y más de $5.000 millones para sostener el transporte público.
El proyecto también contempla un Plan de Obras Públicas de $20.105 millones, distribuido en 37 intervenciones vinculadas con mejoramiento vial, infraestructura urbana, saneamiento y generación de suelo.
Alivio tributario y defensa de los recursos propios
Otro de los puntos destacados fue la decisión del Ejecutivo de incorporar medidas de alivio tributario para vecinos y comerciantes.
Capotorto explicó que el proyecto propone una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, que llevaría su valor a $508 durante 2027, por debajo de los $537,72 actuales.
Asimismo, se contemplan beneficios para contribuyentes cumplidores y quienes opten por el pago anual anticipado, con bonificaciones que podrían acercarse al 40%, según las condiciones previstas.
La secretaria sostuvo que estas herramientas buscan acompañar a las familias en un contexto económico adverso, sin desatender la importancia de sostener los ingresos propios de la ciudad.
Sin embargo, aclaró que ningún esfuerzo de recaudación municipal puede reemplazar la obligación provincial de transferir correctamente los recursos coparticipables.
La autonomía municipal como eje del Presupuesto 2027
En el cierre de su exposición, Capotorto remarcó que la responsabilidad de una administración no termina en la elaboración de un presupuesto equilibrado, sino que también requiere garantizar las condiciones financieras necesarias para cumplir con sus objetivos.
La funcionaria sostuvo que el Municipio ha definido sus prioridades para 2027, pero advirtió que su ejecución dependerá en gran medida de la disponibilidad efectiva de los recursos que le corresponden.
El planteo central de la presentación fue que la coparticipación no debe entenderse como una erogación discrecional del Gobierno provincial, sino como una obligación legal y una condición indispensable para el ejercicio de la autonomía municipal.
Con ese mensaje, la Secretaría de Finanzas abrió el análisis legislativo del último presupuesto de la segunda gestión de Martín Perez, defendiendo una planificación que busca sostener los servicios públicos, acompañar a las familias y continuar desarrollando la ciudad sin recurrir al endeudamiento.
La exposición dejó establecida una definición institucional: Río Grande no forma parte de la estructura de costos de la Provincia. Los recursos coparticipables pertenecen a la ciudad y su transferencia oportuna es una responsabilidad que el Gobierno provincial debe cumplir para garantizar el funcionamiento de los servicios que reciben los vecinos.
