Radio FM Amistad
La investigación legislativa sobre la instalación del radar de la empresa estadounidense LeoLabs en Tolhuin continúa sumando cuestionamientos al Gobierno de Tierra del Fuego. Daniel Guzmán, veterano de la Guerra de Malvinas y director de Agenda Malvinas, denunció que el Ejecutivo de Gustavo Melella obstaculiza el trabajo de la Comisión Especial Investigadora y evita que funcionarios de distintas áreas aporten explicaciones sobre las decisiones que permitieron el emplazamiento del dispositivo.
En declaraciones al programa radial Buscando el Equilibrio, de Radio Provincia, Guzmán brindó detalles de la inspección realizada en la estancia El Relincho. La comitiva legislativa pudo ingresar al establecimiento desde la Ruta Nacional N.º 3, pero no logró acceder al predio de aproximadamente 13.400 metros cuadrados donde se encuentra instalado el radar. Durante la recorrida participaron el presidente de la comisión, Pablo Villegas, las legisladoras Natalia Gracianía y Gisela Dos Santos, técnicos de la Dirección Provincial de Energía y un ingeniero vinculado al Centro de Excombatientes de Malvinas.
Uno de los aspectos centrales de la inspección estuvo relacionado con la infraestructura eléctrica. Los técnicos realizaron controles preliminares en las instalaciones exteriores y sobre un tendido que comprende más de 600 metros entre la ruta y el sector donde funciona el dispositivo. Según explicó Guzmán, las evaluaciones permitieron estimar un 90% de certeza de que no existiría una conexión eléctrica clandestina para alimentar el radar. Sin embargo, aclaró que la imposibilidad de ingresar al predio impidió realizar una verificación integral de las instalaciones y de su funcionamiento.
Más allá de los resultados técnicos preliminares, el principal cuestionamiento del director de Agenda Malvinas estuvo dirigido a la falta de colaboración institucional. Guzmán aseguró que funcionarios de las dos gestiones de Gustavo Melella no se presentaron a declarar ante la comisión, pese a las convocatorias realizadas. Entre los nombres y organismos mencionados aparecen la exministra Sonia Castiglione, el ministro Francisco Devita, exautoridades de la Dirección Provincial de Energía, la Secretaría de Ambiente y la Inspección General de Justicia. También cuestionó el intento de responder por escrito de parte de Castiglione, al considerar que esa modalidad impide realizar repreguntas y profundizar sobre las decisiones adoptadas. "El Gobierno provincial hace exitosos esfuerzos por frenar, estorbar y bloquear el trabajo de la comisión", afirmó, y resumió su acusación con una expresión contundente: "Boicotean"
El conflicto también comienza a trasladarse al ámbito de los excombatientes de Malvinas. Guzmán recordó que la creación de la comisión investigadora tomó impulso luego de los acontecimientos registrados durante el acto central del 2 de abril y advirtió que las reiteradas ausencias oficiales profundizaron el malestar entre los veteranos. En ese contexto, reveló que algunos integrantes del sector comenzaron a cuestionar la eventual presencia de funcionarios provinciales en la Vigilia y en el acto central de Malvinas de 2027. Si bien aclaró que no existe una decisión formal, sostuvo que el silencio del Gobierno puede profundizar las diferencias y generar un escenario de mayor tensión institucional.
La controversia por el radar de LeoLabs excede una discusión técnica sobre instalaciones eléctricas o permisos administrativos. En Tierra del Fuego, una provincia atravesada por la cuestión Malvinas y por su posición estratégica en el Atlántico Sur, la transparencia de las decisiones vinculadas con infraestructura de interés geopolítico constituye una obligación institucional. La comisión legislativa tiene por delante el desafío de esclarecer qué organismos intervinieron, qué autorizaciones se otorgaron y cuáles fueron las responsabilidades políticas. La falta de testimonios oficiales, denunciada por Guzmán, no contribuye a despejar las dudas: por el contrario, profundiza la desconfianza y alimenta un conflicto que exige respuestas documentadas.
En cuanto a los próximos pasos, la comisión busca incorporar nuevos testimonios y avanzar hacia la presentación de su informe antes de finalizar el año. Entre las posibilidades se encuentra una eventual convocatoria en Río Grande a José Luis Hormaechea, señalado por Guzmán como un vínculo entre LeoLabs y distintos niveles de gobierno. El resultado de la investigación será clave para determinar la
s responsabilidades institucionales y esclarecer las condiciones en las que se instaló el radar en territorio fueguino.
