Radio FM Amistad
El pronunciamiento, firmado el 8 de octubre de 2026 por el procurador fiscal Víctor Abramovich, adquiere especial relevancia porque recupera expresamente los fundamentos del voto en disidencia que había quedado en minoría dentro del máximo tribunal fueguino. De esta forma, la interpretación jurídica que no logró imponerse en la Justicia provincial encontró respaldo en la Procuración General de la Nación.
La demanda judicial de la ex defensora pública, Alejandra Bastida, contra el entonces Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), organismo que administraba la cobertura sanitaria antes de la creación de la actual obra social provincial.
Bastida se había desempeñado como defensora pública del Poder Judicial fueguino desde octubre de 1997 y, durante toda su actividad laboral, mantuvo su afiliación a OSDE mediante la derivación de sus aportes. Sin embargo, cuando accedió a la jubilación en 2015, el organismo previsional dispuso que los descuentos realizados sobre sus haberes fueran destinados obligatoriamente al sistema provincial.
Frente a esa decisión, la exfuncionaria promovió una acción judicial para conservar la cobertura médica que había mantenido durante más de 17 años, tanto para ella como para su grupo familiar.
En marzo de 2024, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la demanda por mayoría. Los magistrados que sostuvieron esa posición consideraron que el derecho a elegir una obra social distinta de la provincial estaba vinculado exclusivamente con la condición de trabajadora activa y que, una vez producida la jubilación, correspondía aplicar las disposiciones del régimen previsional.
No obstante, el voto en disidencia a cargo del camarista penal Andrés Leonelli sostuvo una interpretación diferente. Consideró que la posibilidad de elegir una cobertura médica, ejercida legítimamente durante años, constituía una situación jurídica consolidada que merecía protección y que no podía desconocerse automáticamente por el cambio de condición laboral a previsional.
Precisamente, ese razonamiento fue recuperado por Abramovich, quien coincidió con la posición minoritaria del Superior Tribunal y con el criterio que también había sostenido el fiscal interviniente ante la Justicia provincial.
En su dictamen, el procurador recordó que la propia administración fueguina había reconocido, mediante el decreto 1444/2005, la necesidad de preservar los derechos adquiridos de quienes habían optado por una cobertura médica diferente antes de las reformas legislativas que establecieron la afiliación obligatoria.
Asimismo, destacó que, después de la sanción de la ley provincial 641 en 2004, el organismo estatal había continuado aceptando durante más de una década que Bastida derivara sus aportes a OSDE.
Por consiguiente, consideró que no resultaba razonable que el simple acceso a la jubilación pudiera extinguir una relación asistencial que había sido reconocida y mantenida durante toda la trayectoria laboral de la demandante.
El argumento de la disidencia que respaldó la Procuración
Uno de los aspectos centrales del dictamen está relacionado con el principio de solidaridad invocado por la obra social provincial y aceptado por la mayoría del Superior Tribunal para justificar la afiliación obligatoria.
La posición minoritaria había cuestionado ese argumento al señalar que el sistema provincial nunca había percibido los aportes de Bastida desde que esta ejerció su derecho de opción en 1997. Por lo tanto, su permanencia en OSDE no suponía necesariamente un perjuicio económico para la obra social estatal.
Incluso, la disidencia había advertido que incorporar compulsivamente a una persona jubilada y a su cónyuge podía resultar financieramente menos conveniente para el organismo, considerando que la demanda de prestaciones médicas tiende a incrementarse con la edad.
Ahora, la Procuración nacional coincidió con ese análisis y sostuvo que carecía de sustento, en las circunstancias particulares del expediente, afirmar que permitir la continuidad de los aportes a OSDE comprometería el funcionamiento económico del sistema solidario provincial.
Además, Abramovich diferenció esta controversia de otros antecedentes de la Corte Suprema que habían convalidado regímenes de afiliación obligatoria para jubilados. Explicó que, en este caso, no se pretendía establecer un sistema general de libre elección, sino preservar una cobertura legítimamente elegida y mantenida durante años.
A ello agregó otro elemento determinante: la ley provincial 1071, que estableció expresamente la afiliación obligatoria de jubilados y pensionados a la obra social estatal, fue sancionada en enero de 2016, cuando Bastida ya había obtenido su beneficio jubilatorio.
En consecuencia, sostuvo que una modificación legislativa posterior no podía desconocer derechos previamente consolidados, especialmente cuando estaban comprometidas garantías constitucionales relacionadas con la seguridad social y la protección de la salud.
Por otra parte, el dictamen advirtió que el cambio obligatorio de cobertura había producido consecuencias económicas concretas para la demandante, quien debió afrontar costos adicionales para mantener la atención médica con profesionales que no integraban la cartilla de la obra social provincial.
De esta manera, la Procuración consideró que la controversia no podía resolverse exclusivamente mediante una interpretación administrativa de las normas de afiliación, sin evaluar las consecuencias que esa decisión provocaba sobre la continuidad de los tratamientos médicos.
Quién es Víctor Abramovich
El dictamen lleva la firma de Víctor Abramovich, un jurista argentino con una extensa trayectoria nacional e internacional en materia de derechos humanos, derechos económicos y sociales y protección judicial de garantías constitucionales.
Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho y con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la American University de Washington, Abramovich desarrolló buena parte de su carrera profesional en instituciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales.
Entre 2001 y 2005 fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones argentinas de mayor trayectoria en materia de derechos humanos.
Posteriormente, entre 2006 y 2009, integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente. Durante ese período también ejerció funciones de conducción dentro de la Comisión.
En 2015 asumió como procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de atravesar el correspondiente proceso de selección y designación institucional.
