Radio FM Amistad
El encuentro se desarrolló mientras el SUTEF mantiene el paro por tiempo indeterminado y un acampe frente a Casa de Gobierno que interrumpe el tránsito sobre calle San Martín, una de las principales arterias comerciales del centro de Ushuaia.
Las posiciones mostraron que la salida sigue distante. El SUTEF ratificó que no volverá a las aulas hasta alcanzar un acuerdo salarial, mientras el Ministerio de Educación sostuvo que el Ejecutivo no está en condiciones de mejorar la propuesta realizada. En ese escenario, legisladores plantearon recurrir a las herramientas legales disponibles, incluida la conciliación obligatoria, para intentar restablecer las clases sin clausurar la negociación salarial.
Los padres autoconvocados de Tolhuin acompañaron el reclamo por mejores salarios, pero cuestionaron las modalidades de protesta y exigieron recuperar las clases. También plantearon que la discusión educativa no debería limitarse a los salarios y reclamaron abordar la calidad de la enseñanza, la infraestructura, la estructura de cargos y los mecanismos de control de ausencias.
El sector privado puso el foco tanto en la extensión del conflicto como en sus consecuencias económicas. La Cámara de Comercio pidió al SUTEF liberar San Martín por el perjuicio que el corte provoca a los establecimientos ubicados en el centro de Ushuaia. Los empresarios también advirtieron que la acumulación de días sin clases puede terminar afectando la formación de los trabajadores y profesionales que necesitará en el futuro el sector productivo.
El financiamiento, otro punto de conflicto
El otro eje fue el proyecto del Poder Ejecutivo para crear un régimen integral de financiamiento de educación y salud. La propuesta plantea alcanzar progresivamente, en cinco ejercicios fiscales, una inversión conjunta equivalente al 13% del Producto Bruto Geográfico provincial, distribuida en un 60% para educación y un 40% para salud. El sendero comenzaría con el equivalente al 7,5% del PBG y avanzaría sucesivamente al 8,25%, 9,5%, 11% y finalmente 13%.
La iniciativa contiene además un punto directamente relacionado con el reclamo docente: establece que el salario del cargo testigo tienda progresivamente a equipararse con la Canasta Básica Total del INDEC. Paralelamente, vincula la planta docente presupuestaria con la matrícula y con una “planta teórica óptima”, a partir de parámetros de relación entre alumnos y docentes. También obliga a destinar al menos el 20% de los créditos de educación y salud a infraestructura.
Para sostener esas metas, el proyecto contempla mayores alícuotas sobre determinadas actividades económicas, modificaciones del Impuesto Inmobiliario, utilidades distribuibles de empresas estatales y futuros ingresos vinculados con el desarrollo del hidrógeno verde.
Fue precisamente la búsqueda de nuevos recursos tributarios la que generó la mayor resistencia empresaria. La Cámara de Turismo sostuvo que aumentar impuestos no puede transformarse recurrentemente en la respuesta frente a los problemas de financiamiento estatal y reclamó discutir también la eficiencia, administración y destino del gasto público.
Un fondo que ya recauda más de $100 mil millones
La preocupación se potencia por los cambios tributarios incluidos por el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2027. El principal impacto no aparece, en términos generales, en la alícuota básica de Ingresos Brutos, sino en el aumento del adicional destinado al Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS), que se cobra sobre la misma base imponible.
La dimensión actual del Fondo es considerable. Durante 2025 el FFSS recaudó $110.239,9 millones. En los primeros siete meses de 2026, según AREF, acumuló otros $74.357 millones. De esta manera, a julio ya había alcanzado aproximadamente el 67,4% de todo lo ingresado durante el año anterior.
El dato cobra relevancia porque el Presupuesto 2027 pretende aumentar todavía más los recursos del FFSS mediante una modificación diferenciada de sus alícuotas. Para numerosos servicios profesionales, inmobiliarios, técnicos y empresariales, la carga conjunta pasaría del 4,5% al 5%, al elevarse el FFSS del 1,5% al 2%. En educación, salud y distintas actividades sociales el total subiría del 4,5% al 4,75%.
Los saltos son mucho mayores en otros rubros. Servicios de apoyo agrícola y pecuario que actualmente tributan 0,75% de Ingresos Brutos y no pagan FFSS pasarían a sumar un adicional del 4,25%, llevando la carga total al 5%.
En distintas actividades financieras el FFSS aumentaría hasta llevar la imposición conjunta con IIBB y FOFISP al 9%; varias actividades vinculadas con bebidas alcohólicas alcanzarían una carga del 7%, mientras que en juegos de azar llegaría al 12% y hasta el 15%.
Ese escenario explica buena parte de la postura de las cámaras, que reclaman que, antes de recurrir nuevamente a una mayor presión tributaria, debería discutirse cuánto recauda actualmente el Estado, cómo distribuye esos fondos y qué margen existe para mejorar la eficiencia del gasto.
Durante el encuentro se decidió solicitar opinión a los ministerios de Educación y Trabajo sobre el proyecto del MPF que busca regular las “desobligaciones” docentes.
La reunión de la Comisión de Educación fue encabezada por su presidente, Luciano Selzer, de La Libertad Avanza. También participaron Natalia Gracianía (La Libertad Avanza), Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino), Federico Sciurano (FORJA), María Laura Colazo (Partido Verde), Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Virgilio García (PJ) y de manera remota lo hicieron Victoria Vuoto (PJ) y Raúl Von Der Thusen (Somos Fueguino). En carácter de invitados lo hicieron representantes del Ministerio de Educación, de los gremios SUTEF y AMET, padres autoconvocados de Tolhuin y las entidades empresarias vinculadas con el comercio, turismo, hotelería y gastronomía, construcción y agencias de viajes.
