Radio FM Amistad
La medida fue dispuesta mediante la Resolución Plenaria 133/2026, luego de que el organismo analizara el expediente correspondiente a una contratación directa destinada al cambio de equipos de aire en la Escuela Provincial 46 “Martín Miguel de Güemes”, por un monto de $5.373.000.
Durante la revisión de las actuaciones, los auditores advirtieron que la intervención no había sido encuadrada dentro del régimen de Obras Públicas. Para el Tribunal de Cuentas, ese apartamiento constituye un incumplimiento relevante debido a que las tareas contratadas correspondían a la ejecución de “trabajos” y no podían ser consideradas simplemente como una “compra” o prestación de servicios.
El informe contable puso especial atención en las características de las tareas realizadas en el establecimiento educativo. Según se indicó, los trabajos requerían intervenir cañerías de gas y sistemas de ventilación, componentes considerados críticos por su incidencia directa sobre la seguridad de quienes concurren diariamente a la institución.
El organismo remarcó que este tipo de instalaciones debe cumplir condiciones destinadas a reducir los riesgos de intoxicación y señaló que la ejecución de trabajos sin las garantías correspondientes también puede generar una exposición económica para el Estado provincial ante eventuales deficiencias.
A ello sumó las consecuencias que podría ocasionar una falla en las instalaciones. La falta de gas o calefacción en un establecimiento educativo, sostuvo el Tribunal, puede derivar de manera inmediata en la suspensión de clases, con el consiguiente impacto para alumnos, docentes y el normal funcionamiento de la escuela.
La resolución no se limitó al apercibimiento contra López Silva. El Tribunal también formuló una recomendación dirigida al titular de la cartera educativa para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
En ese sentido, le indicó que deberá instruir formalmente al servicio jurídico del Ministerio para que, en futuras contrataciones, realice un análisis específico sobre el régimen legal que corresponde aplicar en cada caso, particularmente cuando deba determinarse si una intervención se encuentra comprendida dentro de una obra pública o si corresponde tramitarla como una compra o servicio.
El organismo reclamó además que esos análisis expliciten los criterios utilizados y su correspondencia con el Manual de Procedimientos y la normativa vigente, con el objetivo de prevenir nuevos apartamientos como el detectado en la contratación de la Escuela Provincial 46.
El Tribunal hizo especial hincapié en la naturaleza de las tareas vinculadas con instalaciones de gas. Señaló que las intervenciones sobre cañerías, salidas de gases y zinguerías de ductos requieren estándares reforzados de capacidad técnica y las habilitaciones correspondientes.
En ese marco, el organismo sostuvo que las exigencias para ejecutar este tipo de trabajos no pueden quedar reducidas a una referencia genérica sobre la condición de “idóneo” de quien los realiza.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas consideró acreditado el incumplimiento en el procedimiento utilizado para la contratación y resolvió aplicar el apercibimiento al ministro de Educación, además de establecer pautas destinadas a que las futuras intervenciones de características similares sean tramitadas bajo el régimen normativo que corresponda.
