Sin solución: El silencio del Estado frente a 540 familias de policías retirados en Tierra del Fuego

Desde marzo de 2025, más de 540 policías retirados y sus familias no reciben respuestas ni pagos por parte de la Caja de Previsión y el Gobierno Provincial. Denuncian siete meses de haberes y dos aguinaldos impagos, además de una grave vulneración de derechos. 

Mientras algunos funcionarios califican de “arrogantes” los reclamos, lo cierto es que desde marzo de 2025 no existe una sola respuesta oficial por parte de las autoridades competentes ante la situación que atraviesan 540 policías retirados y sus familias en Tierra del Fuego.

La deuda acumulada ya alcanza siete meses de haberes impagos y dos aguinaldos, responsabilidad directa de la Caja de Previsión y del Gobierno Provincial. El impacto no es solo económico: también es emocional, social y humano.

“¿Quién se hará responsable del deterioro físico, emocional y económico que vivimos?”, se preguntan los afectados, que además denuncian la falta de cobertura de obra social y la imposibilidad de afrontar gastos médicos básicos.

La situación se vuelve aún más grave cuando la falta de recursos impide afrontar tragedias familiares, tratamientos de salud o la continuidad educativa de hijos e hijas de quienes aportaron durante más de 30 años al sistema previsional.

“¿Cómo se le explica a un hijo que no puede estudiar porque un grupo de funcionarios decidió no cumplir la ley?”, expresan los familiares, quienes también se ven obligados a vender bienes obtenidos con años de esfuerzo para poder subsistir.

Otro punto crítico es el accionar de la Caja de Previsión, que —según denuncian— estaría aplicando resoluciones internas por encima de leyes provinciales y nacionales, lo que representa una vulneración directa al Estado de Derecho.

“¿Quién protege a los directores de la Caja para que actúen con tanta impunidad?”, se preguntan, señalando posibles favores políticos y una falta total de control institucional.

Mientras tanto, el silencio oficial se mantiene. No hay comunicados, no hay explicaciones y no hay soluciones. “La paciencia tiene un límite, y el nuestro está llegando a su fin”, advierten.

Ante este escenario, los familiares de los policías retirados exhortan al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a actuar con responsabilidad y poner fin a lo que consideran un atropello institucional. “No podemos permitir que en nuestra provincia un organismo se coloque por encima de la ley”, concluyen.

El reclamo es sostenido por esposas, pensionadas, hijos y familiares de los policías retirados de la Provincia de Tierra del Fuego.