El Ejecutivo sostiene que la medida garantiza el derecho a la protesta, cuenta con amplio respaldo social y denuncia motivaciones políticas detrás de la decisión judicial.
Nacionales30/12/2025
Radio FM Amistad
El Gobierno de Javier Milei decidió apelar el fallo judicial que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes, una de las políticas centrales de la actual gestión en materia de seguridad y orden público. Desde el Ejecutivo consideran que la resolución no solo es jurídicamente errónea, sino que además desconoce el apoyo mayoritario de la sociedad a una medida que, aseguran, permitió recuperar la paz social y la libre circulación.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo y ordenó suspender el procedimiento antipiquetes al sostener que presenta supuestos vicios legales. Frente a esta decisión, el Gobierno confirmó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender una herramienta que se aplica desde los primeros días de la gestión libertaria.
Fuentes oficiales consultadas por los medios, remarcaron que los operativos “garantizan la paz social” y rechazaron de plano que el protocolo carezca de legitimidad. “Es falso que le falte sustento legal”, afirmaron, en respuesta directa a los argumentos del magistrado.
En la Casa Rosada fueron aún más contundentes y denunciaron un trasfondo político en el fallo. “El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, señalaron desde el entorno presidencial.
Cormick sostuvo que la resolución 943/2023, mediante la cual el Ministerio de Seguridad puso en marcha el protocolo, avanzó sobre facultades que la Constitución reserva al Poder Legislativo, al legislar —según su criterio— en materia penal y procesal. Sin embargo, desde el Gobierno respondieron que la Justicia ya validó en reiteradas oportunidades los operativos policiales, incluso cuando se plantearon cuestionamientos por presunta inconstitucionalidad.
Además, recordaron que el propio juez había rechazado en marzo pasado suspender el protocolo y que incluso asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación. En esta ocasión, no obstante, falló a favor de un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización históricamente enfrentada a las políticas de seguridad firmes.
Desde el Ejecutivo insistieron en que el protocolo no restringe derechos, sino que “lejos de limitarlos, garantiza el ejercicio de derechos constitucionales”, como el de manifestarse, y que su único objetivo es ordenar la metodología de las protestas para asegurar la libre circulación y evitar abusos.
En la misma línea, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, difundió un comunicado en el que confirmó la apelación del fallo y advirtió que, si se deja sin efecto el procedimiento, “vuelve el caos”. En el texto oficial, la cartera sostuvo que el protocolo “es legítimo”, tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y que, desde su implementación, “permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.
Monteoliva también se expresó a través de su cuenta de X, donde afirmó que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. “Vamos a defenderlo a toda costa, porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, escribió la funcionaria, en un mensaje que fue replicado por el presidente Javier Milei.
Quien también cuestionó duramente la sentencia fue la exministra de Seguridad y actual diputada Patricia Bullrich, impulsora original del protocolo. “Fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”, afirmó, y sugirió que el fallo responde a intereses políticos. “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, escribió.
El Ejecutivo sostiene que la medida garantiza el derecho a la protesta, cuenta con amplio respaldo social y denuncia motivaciones políticas detrás de la decisión judicial.
Los tres imputados permanecen detenidos e incomunicados mientras avanza la investigación.
En una sesión intensa, la Cámara alta dio sanción a dos leyes clave: el Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La senadora fueguina Belén Monte de Oca valoró el alcance de ambas normas y remarcó la importancia de acompañar el rumbo económico del Gobierno nacional.
El Poder Ejecutivo promulgó las leyes mediante las cuales la Legislatura aprobó la cesión de las concesiones hidrocarburíferas de YPF a favor de Terra Ignis, así como la prórroga otorgada a la empresa provincial para la explotación de las áreas “Lago Fuego”, “Los Chorrillos” y “Tierra del Fuego”.
Desde UISE explicaron que el nuevo valor del boleto (que pasará de $800 a $1.280) se implementará una vez finalizado el trámite correspondiente ante la CNRT y la modificación en Sistema SUBE.
Durante la madrugada de este martes en la Residencia Presidencial de Olivos, el personal que se encontraba de guardia encontró un soldado sin vida en uno de los puestos internos de seguridad.
Cancillería reiteró su repudio a las maniobras unilaterales de Londres e Israel en el yacimiento Sea Lion, ubicado sobre la plataforma continental argentina.
El Tribunal Oral Federal N°7 retomará este jueves las audiencias por la megacausaCuadernos, que tiene a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido entre los principales imputados de una olista de 86 procesados.
El ex presidente le advirtió a Javier Milei sobre la importancia de mantener la relación económica con el gigante asiático y recordó cómo lo pudo lograr durante su gestión “a pesar de la presión de Obama y de Trump”
El diploma tiene dictamen de rechazo de 12 de las 19 firmas. Aunque no es vinculante, el 28 de noviembre la Cámara alta votará si la senadora libertaria puede asumir o no la banca
La trama de corrupción que estalló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que investiga el supuesto direccionamiento en la compra de insumos y medicamentos dentro del organismo, sigue extendiendo sus ramificaciones.
La modificación a la ley Provincial 1004 fortalece la capacidad de los hospitales y del Ministerio de Salud para cobrar facturas impagas. Incorpora intereses moratorios y punitorios atados a la tasa activa del Banco de Tierra del Fuego, amplía qué deudas se consideran título ejecutivo y consolida el apremio como herramienta clave para reducir la mora y mejorar la disponibilidad de recursos en el sistema.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, realizó un balance político y estratégico tras la aprobación por amplia mayoría en la Legislatura provincial del traspaso de las áreas de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, una decisión que calificó como “una gran noticia para la provincia” y como un paso decisivo para que los fueguinos “nos hagamos cargo de nuestros propios recursos naturales”.
La senadora nacional de La Libertad Avanza, Belén Monte de Oca, cuestionó el debate sobre la ampliación del ejido urbano en Ushuaia y sostuvo que debe priorizarse la planificación de la ciudad, la provisión de servicios básicos como agua, cloacas y energía, y la resolución de los problemas estructurales que afectan a los barrios.
La propuesta apunta a que los comercios detallen en los comprobantes el impacto de Ingresos Brutos y tasas municipales, para que el consumidor pueda conocer la carga tributaria real que paga en cada producto.
Con 27,9% acumulado a noviembre, 2025 cerrará por debajo del 32%: el menor registro desde 2017.