El Gobierno de Milei apelará el fallo judicial que suspendió el protocolo antipiquetes

El Gobierno de Javier Milei decidió apelar el fallo judicial que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes, una de las políticas centrales  de la actual gestión en materia de seguridad y orden público. Desde el Ejecutivo consideran que la resolución no solo es jurídicamente errónea, sino que además desconoce el apoyo mayoritario de la sociedad a una medida que, aseguran, permitió recuperar la paz social y la libre circulación.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo y ordenó suspender el procedimiento antipiquetes al sostener que presenta supuestos vicios legales. Frente a esta decisión, el Gobierno confirmó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender una herramienta que se aplica desde los primeros días de la gestión libertaria.

Fuentes oficiales consultadas por los medios, remarcaron que los operativos “garantizan la paz social” y rechazaron de plano que el protocolo carezca de legitimidad.  “Es falso que le falte sustento legal”,  afirmaron, en respuesta directa a los argumentos del magistrado.

En la Casa Rosada fueron aún más contundentes y denunciaron un trasfondo político en el fallo.  “El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, señalaron desde el entorno presidencial.

Cormick sostuvo que la resolución 943/2023, mediante la cual el Ministerio de Seguridad puso en marcha el protocolo, avanzó sobre facultades que la Constitución reserva al Poder Legislativo, al legislar —según su criterio— en materia penal y procesal. Sin embargo, desde el Gobierno  respondieron que la Justicia ya validó en reiteradas oportunidades los operativos policiales, incluso cuando se plantearon cuestionamientos por presunta inconstitucionalidad.

Además, recordaron que el propio juez había rechazado en marzo pasado suspender el protocolo y que incluso asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación. En esta ocasión, no obstante, falló a favor de un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización históricamente enfrentada a las políticas de seguridad firmes.

Desde el Ejecutivo insistieron en que el protocolo no restringe derechos, sino que “lejos de limitarlos, garantiza el ejercicio de derechos constitucionales”, como el de manifestarse, y que su único objetivo es ordenar la metodología de las protestas para asegurar la libre circulación y evitar abusos.

En la misma línea, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, difundió un comunicado en el que confirmó la apelación del fallo y advirtió que, si se deja sin efecto el procedimiento, “vuelve el caos”. En el texto oficial, la cartera sostuvo que el protocolo “es legítimo”, tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y que, desde su implementación, “permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.

Monteoliva también se expresó a través de su cuenta de X, donde afirmó que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. “Vamos a defenderlo a toda costa, porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, escribió la funcionaria, en un mensaje que fue replicado por el presidente Javier Milei.

Quien también cuestionó duramente la sentencia fue la exministra de Seguridad y actual diputada Patricia Bullrich, impulsora original del protocolo. “Fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”, afirmó, y sugirió que el fallo responde a intereses políticos. “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, escribió.