El Gobierno no descarta recurrir a la Corte Suprema

El legislador Federico Greve (FORJA) sintetizó los argumentos que usó el Ejecutivo Provincial para responder la demanda de inconstitucionalidad presentada en  al llamado a elecciones constituyentes para reformar la Constitución de Tierra del Fuego.

 “No tenemos dudas que el Superior Tribunal y los cinco tribunos van a tener una visión acabada tanto de la demanda como de la respuesta de la demanda, con lo cual ya tienen todos los elementos de prueba”, dijo destacando los argumentos que presentó el Poder Ejecutivo fueguino.

Explicó que esta es una cuestión de derecho o de puro derecho porque no hay producción de prueba posible sino que se trata de la interpretación de la ley solamente. “El accionante dice una cosa, yo digo otra, y es el juez el que lo resuelve”, indicó en este sentido y señaló que “hoy la pelota está en el campo del Superior Tribunal”.

“Nosotros, con nuestros argumentos, refutamos cada uno de los argumentos que presentaron en la acción de la demanda”, añadió. “La realidad es que nosotros entendemos que se hizo todo conforme a los plazos de los artículos, 192, 93 y 94 de la Constitución. En el fondo es que entendemos que la ley se hizo conforme al derecho de los plazos que se habían fundamentado y que nos establecía la Constitución y esa es la cuestión de fondo”, remarcó.

Consultado sobre cómo seguirá el proceso en la órbita judicial, el legislador comentó que en primer lugar el fiscal debe emitir un dictamen que posteriormente deberá ser analizado por los miembros del STJ.  Después habrá una reunión de acuerdo donde se juntan los cinco tribunos y se ponen las posturas de las sentencias, a favor o en contra. Luego sale la sentencia con los votos que sean. Los votos pueden salir cinco a cero, tres a dos, dependerá de cómo vayan a ser los votos cuál será la postura, si va a ser por la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley. “Cada uno de los tribunos tendrá su tiempo para analizar los temas, que en general son diez días hábiles Tendremos que esperar un tiempo para tener la respuesta de la sentencia”, expuso.

Si el STJ rehabilita la elección, el Ejecutivo Provincial tendría que emitir un nuevo decreto a partir del cual el Juzgado Electoral establecería, a su vez, un nuevo cronograma. “Ahora el 10 de noviembre es de cumplimiento imposible. Si mañana saliera la sentencia favorable no podés votar el 10 de noviembre porque no podés cumplir el cronograma electoral. Hay que sentarse y ver las fechas pero el cronograma electoral arranca casi cuatro meses antes de la elección”, estimó.

“Nosotros no tenemos dudas de que el Superior Tribunal va a fallar por la constitucionalidad de la norma porque en nuestra argumentación damos elementos de derecho contundentes como para que nos den la razón en esta situación. Nosotros entendemos que se hizo todo conforme a la ley y a la Constitución”, aseveró Greve.

No obstante, ante la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia defina la inconstitucionalidad del decreto de llamado a elecciones constituyentes, el Gobierno Provincial recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo confirmó Greve. “Nosotros entendemos que acá estás hablando de un derecho fundamental que es el derecho a emitir el voto de todos los ciudadanos con lo cual si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no interviene sobre un caso federal sobre este tipo en qué interviene. Es muy claro que se hace reserva de ir a la Corte por esta razón. Es algo de puro derecho, es algo que es interpretativo y creo que nuestro máximo tribunal tendría que tomar conocimiento de esto y fallar en el caso de que esto sea negativo”, opinó.

El legislador oficialista sostuvo que la Corte debería intervenir también si el fallo del Superior Tribunal de Justicia resultas favorable. “En los dos casos amerita que  nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación decida sobre una situación tan en particular no sólo para nosotros sino para el derecho, la seguridad jurídica y todo lo que se viene hacia el futuro”, subrayó.

Finalmente, el parlamentario por FORJA ratificó que la cuestión “es un conflicto de poderes porque quien hace la acción es miembro de uno de los poderes del Estado”, apuntando al legislador Jorge Lechman quien presentó la demanda contra el decreto del Gobierno. “No es casual, no es un ciudadano común. Acá hay un ciudadano que enviste una institución, hace una acción. Lo que no pudo hacer que era abrogar la derogación a lo largo de la Legislatura fue y lo presentó a la Justicia y la Justicia entendió que había motivos suficientes para hacer una medida cautelar”, agregó.

“Hay claramente un conflicto que tiene que ver por lo menos con dos poderes del Estado que se están controvirtiendo situaciones que nosotros entendemos que no tienen que ir a la Justicia Nosotros entendemos que acá se está judicializando la política, que esto es una resolución que tienen que tomar los poderes  políticos del Estado y no la Justicia”, cerró.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo