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La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que suspende los cortes de gas, como respuesta al amparo colectivo presentado por el gobernador Gustavo Melella. Durante la evaluación del caso, la magistrada federal dispuso que la empresa Camuzzi no puede retirar medidores por falta de pago de facturas con los nuevos incrementos.
Se trata de una medida cautelar interina que dispuso inicialmente la prohibición del retiro de los medidores de gas hasta tanto no se resuelva el planteo de fondo iniciado desde el Gobierno de Tierra del Fuego.
El jueves pasado, en un acto realizado en Casa de Gobierno, se firmó conjuntamente, con el apoyo de los tres intendentes y autoridades políticas y sociales, un amparo que llevó la rúbrica del gobernador Gustavo Melella, quien argumentó en defensa de los consumidores afectados por las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y del ENARGAS.
Dos expedientes en uno.
Simultáneamente, la jueza federal Mariel Borruto también resolvió sobre la presentación realizada por el intendente de Río Grande, Martín Perez, de forma tal que la acción provincial absorbe la petición iniciada por el intendente municipal.
En torno a las dos presentaciones que reclamaron el freno al incremento tarifario, desde el Tribunal Federal de Río Grande se explicó que el gobernador Gustavo Melella y el Fiscal de Estado de Tierra del Fuego han iniciado acciones legales bajo la carátula: "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL -SEC ENERGÍA DE LA NACIÓN Y OTRO s/ AMPARO COLECTIVO", en representación del colectivo de usuarios y consumidores del servicio de gas por redes en la subzona tarifaria "Tierra del Fuego".
En consecuencia, la jueza reconoció la legitimación de la provincia para intervenir en representación colectiva, basándose en lo estipulado por la ley de Defensa del Consumidor y las directrices de la Corte Suprema.
En ese sentido, el Tribunal aclaró que los derechos individuales homogéneos de los usuarios de gas de la Ciudad de Río Grande están incluidos en el amparo colectivo del expediente 4042/2024, iniciado desde la Gobernación, por lo que se resolvió tramitar las peticiones realizadas en un expediente único.
Finalmente, la jueza Borruto solicitó a las autoridades municipales que aclaren si desean mantener su actuación individual en defensa de los derechos del Municipio de Río Grande. Una vez que se responda a este requerimiento, se tratarán las cuestiones planteadas en las presentaciones y la solicitud de acumulación de ambas causas por parte del Fiscal Federal de la ciudad de Río Grande.
FUENTE: DIARIO DEL FIN DEL MUNDO
