Radio FM Amistad
La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que expresa que el país “rechaza en los términos más contundentes la realización de maniobras militares y el lanzamiento de misiles en particular, en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido, los que constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas”.
Según la cartera que encabeza Felipe Solá, “el Ministerio de Relaciones Exteriores británico informó a nuestra Embajada en Reino Unido la realización por parte del Gobierno británico de ilegítimos ejercicios militares en el área de las Islas Malvinas, en los próximos días, los que incluirán el lanzamiento de misiles Rapier. Inmediatamente después de la recepción de la comunicación, el Gobierno argentino remitió al Gobierno británico una contundente nota de protesta”.
En su reclamo, el Gobierno argentino remarcó que “la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado. La presencia militar, y el lanzamiento de misiles, contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región…”.
Se remarca además que “en ese sentido, la alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur no sólo es totalmente injustificada sino también representa una amenaza para toda la región”.
“Una vez que se cuente con la información precisa sobre la fecha del referido lanzamiento, el Servicio de Hidrografía Naval emitirá un radioaviso náutico informando sobre el desarrollo del ejercicio. A su vez, el Gobierno argentino denunciará la situación al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secretario General de la Organización Marítima Internacional”, se anticipa en la nota oficial.
El Poder Ejecutivo promulgó las leyes mediante las cuales la Legislatura aprobó la cesión de las concesiones hidrocarburíferas de YPF a favor de Terra Ignis, así como la prórroga otorgada a la empresa provincial para la explotación de las áreas “Lago Fuego”, “Los Chorrillos” y “Tierra del Fuego”.
La propuesta apunta a que los comercios detallen en los comprobantes el impacto de Ingresos Brutos y tasas municipales, para que el consumidor pueda conocer la carga tributaria real que paga en cada producto.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, realizó un balance político y estratégico tras la aprobación por amplia mayoría en la Legislatura provincial del traspaso de las áreas de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, una decisión que calificó como “una gran noticia para la provincia” y como un paso decisivo para que los fueguinos “nos hagamos cargo de nuestros propios recursos naturales”.
La modificación a la ley Provincial 1004 fortalece la capacidad de los hospitales y del Ministerio de Salud para cobrar facturas impagas. Incorpora intereses moratorios y punitorios atados a la tasa activa del Banco de Tierra del Fuego, amplía qué deudas se consideran título ejecutivo y consolida el apremio como herramienta clave para reducir la mora y mejorar la disponibilidad de recursos en el sistema.
Entre el 10 y el 21 de diciembre, casi 9.350 personas dejaron Tierra del Fuego rumbo al continente, mientras que los ingresos no alcanzaron a compensar la salida, según datos oficiales del Operativo Verano Seguro.
Con un mayoritario respaldo de oficialistas y opositores, el Poder Ejecutivo obtuvo el respaldo necesario para que Terra Ignis se haga cargo de las concesiones de 7 áreas hidrocarburíferas que explotaba YPF. La oposición logró aprobar una modificación a la ley de coparticipación que busca compensar a los municipios la merma de recurso derivada de los beneficios fiscales acordados por el Gobierno a la sociedad anónima con capital estatal provincial mayoritario.
Entre el 10 y el 21 de diciembre, casi 9.350 personas dejaron Tierra del Fuego rumbo al continente, mientras que los ingresos no alcanzaron a compensar la salida, según datos oficiales del Operativo Verano Seguro.
La modificación a la ley Provincial 1004 fortalece la capacidad de los hospitales y del Ministerio de Salud para cobrar facturas impagas. Incorpora intereses moratorios y punitorios atados a la tasa activa del Banco de Tierra del Fuego, amplía qué deudas se consideran título ejecutivo y consolida el apremio como herramienta clave para reducir la mora y mejorar la disponibilidad de recursos en el sistema.
La senadora nacional de La Libertad Avanza, Belén Monte de Oca, cuestionó el debate sobre la ampliación del ejido urbano en Ushuaia y sostuvo que debe priorizarse la planificación de la ciudad, la provisión de servicios básicos como agua, cloacas y energía, y la resolución de los problemas estructurales que afectan a los barrios.
En una sesión intensa, la Cámara alta dio sanción a dos leyes clave: el Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La senadora fueguina Belén Monte de Oca valoró el alcance de ambas normas y remarcó la importancia de acompañar el rumbo económico del Gobierno nacional.
El Ejecutivo sostiene que la medida garantiza el derecho a la protesta, cuenta con amplio respaldo social y denuncia motivaciones políticas detrás de la decisión judicial.